La nueva Constitución (V)
Antes de dar por concluido nuestro aporte sobre este importante tema, plasmaré las últimas consideraciones en materia de administración pública: 9. Aclarar las responsabilidades de cada institución cargo o dependencia del Estado que sea instituida por norma constitucional.
10. Exigir declaraciones de bienes juradas, notariadas y públicas a todos los funcionarios públicos, sin excepción -tanto a los de nombramiento como a los de elección popular-, todos los años, una vez al año; y después de haber abandonado su cargo.
11. Se creará la figura legal de Juntas Comunales de Corregimientos, conformadas por ciudadanos en condición adhonorem, los cuales serán las voces de la comunidad ante el Alcalde. Se reunirán con él y buscarán soluciones a sus problemas.
12. El funcionamiento del Consejo Municipal, como tal, cambiará para dar paso a la participación ciudadana a partir de la Juntas Comunales en discusiones de toda índole.
13. El Consejo Provincial adquirirá verdadera relevancia en cada provincia. Estará compuesto por el gobernador y los alcaldes de cada distrito de la provincia. Tendrá la facultad de aprobar o rechazar los presupuestos de cada distrito, en reuniones bilaterales entre el gobernador y el Consejo Municipal, con la presencia de un representante de Economía y Finanzas y de la Contraloría, como asesores y fiscalizadores de que todo marche bien.
14. Se debe poner fin al actual sistema de Régimen Indígena, que solo contribuye al atraso de estas regiones, que prácticamente no aportan nada a la Nación. No se pueden permitir republiquitas dentro de Panamá, con sus propias leyes y sistemas de gobierno. Es necesario poner orden. Esta sección tiene propuestas más amplias que en nada afectarían el acervo cultural de nuestros pueblos indígenas.
Cierto es que sobre la administración pública se pueden presentar un número mayor de sugerencias, no obstante, gran parte de las mismas no tienen que plasmarse por Constitución. La modernización de nuestro sistema administrativo debe nacer de precedentes constitucionales eficientes, pero debe ser regulada por instrumentos jurídicos diversos; eso no puede ni debe tergiversarse.
Ahora, antes de concluir con esta serie de propuestas, pregunto a los lectores: ¿qué piensan de todo lo plasmado?, ¿son ideas vagas o realmente son puntos portadores, sino de todas, de gran parte de las consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de hablar de modernización o reestructuración del Estado?
Sinceramente creo que hay mucho más de lo que yo he señalado. Falta hablar aún de nuestras propuestas en salud, educación, trabajo, garantías fundamentales, cultura, tierras, formación de leyes, gobiernos locales, enmiendas constitucionales, economía y hacienda pública; sin embargo, no quiero resultar fatigoso y mucho menos coartar el derecho que tienen otras personas de participar en esta sección.
¿Reformas a la Constitución? No creo en ellas; mucho menos me pueden convencer de que un proceso de esta índole pueda contribuir al inaplazable cambio institucional que requiere la Nación.
El amplio listado de propuestas que hemos presentado, deja claramente estipulado que un proceso de reforma responsable involucraría la modificación y reescritura de numerosas secciones de la Constitución, lo que no sería prudente; a menos que se trate solo de reformas cosméticas o parches temporales.
Considero que si realmente el señor Alvarado está interesado en la modernización del Estado, debe olvidarse de reformas, reunirse con la sociedad civil y con los catedráticos universitarios que ya han evaluado que una nueva Constitución es lo que se requiere y, sobre la base de esto, impulsar el compromiso de las nóminas que aspiren a la presidencia en el 2004, a llamar a una Asamblea Constituyente Paralela que componga, apruebe y someta a referéndum un nuevo instrumento constitucional que realmente haga realidad el cambio integral que este país requiere, para salir del abismo político, económico y social en que está inmerso.
10. Exigir declaraciones de bienes juradas, notariadas y públicas a todos los funcionarios públicos, sin excepción -tanto a los de nombramiento como a los de elección popular-, todos los años, una vez al año; y después de haber abandonado su cargo.
11. Se creará la figura legal de Juntas Comunales de Corregimientos, conformadas por ciudadanos en condición adhonorem, los cuales serán las voces de la comunidad ante el Alcalde. Se reunirán con él y buscarán soluciones a sus problemas.
12. El funcionamiento del Consejo Municipal, como tal, cambiará para dar paso a la participación ciudadana a partir de la Juntas Comunales en discusiones de toda índole.
13. El Consejo Provincial adquirirá verdadera relevancia en cada provincia. Estará compuesto por el gobernador y los alcaldes de cada distrito de la provincia. Tendrá la facultad de aprobar o rechazar los presupuestos de cada distrito, en reuniones bilaterales entre el gobernador y el Consejo Municipal, con la presencia de un representante de Economía y Finanzas y de la Contraloría, como asesores y fiscalizadores de que todo marche bien.
14. Se debe poner fin al actual sistema de Régimen Indígena, que solo contribuye al atraso de estas regiones, que prácticamente no aportan nada a la Nación. No se pueden permitir republiquitas dentro de Panamá, con sus propias leyes y sistemas de gobierno. Es necesario poner orden. Esta sección tiene propuestas más amplias que en nada afectarían el acervo cultural de nuestros pueblos indígenas.
Cierto es que sobre la administración pública se pueden presentar un número mayor de sugerencias, no obstante, gran parte de las mismas no tienen que plasmarse por Constitución. La modernización de nuestro sistema administrativo debe nacer de precedentes constitucionales eficientes, pero debe ser regulada por instrumentos jurídicos diversos; eso no puede ni debe tergiversarse.
Ahora, antes de concluir con esta serie de propuestas, pregunto a los lectores: ¿qué piensan de todo lo plasmado?, ¿son ideas vagas o realmente son puntos portadores, sino de todas, de gran parte de las consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de hablar de modernización o reestructuración del Estado?
Sinceramente creo que hay mucho más de lo que yo he señalado. Falta hablar aún de nuestras propuestas en salud, educación, trabajo, garantías fundamentales, cultura, tierras, formación de leyes, gobiernos locales, enmiendas constitucionales, economía y hacienda pública; sin embargo, no quiero resultar fatigoso y mucho menos coartar el derecho que tienen otras personas de participar en esta sección.
¿Reformas a la Constitución? No creo en ellas; mucho menos me pueden convencer de que un proceso de esta índole pueda contribuir al inaplazable cambio institucional que requiere la Nación.
El amplio listado de propuestas que hemos presentado, deja claramente estipulado que un proceso de reforma responsable involucraría la modificación y reescritura de numerosas secciones de la Constitución, lo que no sería prudente; a menos que se trate solo de reformas cosméticas o parches temporales.
Considero que si realmente el señor Alvarado está interesado en la modernización del Estado, debe olvidarse de reformas, reunirse con la sociedad civil y con los catedráticos universitarios que ya han evaluado que una nueva Constitución es lo que se requiere y, sobre la base de esto, impulsar el compromiso de las nóminas que aspiren a la presidencia en el 2004, a llamar a una Asamblea Constituyente Paralela que componga, apruebe y someta a referéndum un nuevo instrumento constitucional que realmente haga realidad el cambio integral que este país requiere, para salir del abismo político, económico y social en que está inmerso.
