La nueva democracia
LAS NUEVAS formas democráticas establecidas en Panamá, a partir de la triste noche del 20 de Diciembre de 1989, no han tenido hasta ahora un impacto positivo en la situación de los que menos tienen, y prueba de ello es la cifra cada año más elevada de panameños viviendo en pobreza y extrema pobreza. Por supuesto, de lo que sí podemos sentirnos orgullosos es de la participación política democrática, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, pero sencillamente esas son cifras en frío, ya que los excluidos y sumidos en pobreza son cada vez más.
¿Dónde hemos fallado como sociedad? Pregunta que debemos responder con sinceridad. Sumado a ello, estamos convencidos que también debemos promover un intercambio de ideas entre los sectores productivos del país, y los distintos agentes sociales, incluyendo, por supuesto a la clase obrera, para que de esa forma el estado, como resultado de un gran acuerdo nacional, sea algo más que un mero arbitro entre las fuerzas productivas, de manera que asegure que el mercado este al servicio del ciudadano, y no el ciudadano al servicio del mercado.
Sin vacilación, un acuerdo nacional que defina el modelo de sociedad que responda a las necesidades de este momento histórico, transformaría al Estado en un árbitro permeable a las opiniones de los agentes económicos y sociales, que son al fin y al cabo, los motores del crecimiento económico, con desarrollo social. Ciertamente, Panamá necesita con urgencia un modelo de sociedad capaz de generar el surgimiento sostenido de empresas grandes, medianas y pequeñas.
Para consolidar la democracia y la transición a una economía de mercado progresista, debemos entender el "por qué la exclusión", y así ofrecer soluciones viables. La razón principal por la cual los excluidos no participan en la economía formal, es porque las estructuras institucionales o las reglas del juego no se lo facilitan. Por tanto, concluimos que ciertos modelos de sociedad se constituyen en barreras a la participación social en los sistemas económicos formales; gracias a políticas financieras que buscan resultados ajenos a la creación de empleos dignos, promoción de la inversión, e incremento de la productividad.
En Panamá, pues, hace falta que además de elecciones democráticas cada quinquenio, se derriben un conjunto de barreras y prejuicios, para así podernos considerar una democracia moderna y solidaria. Nos hace falta posibilitar una mayor participación, política y económica, de los ciudadanos en las decisiones nacionales y locales. Por ello, debemos eliminar las barreras a esa participación, como por ejemplo, el costo de hacer negocio en la economía formal, ya que estas murallas ponen en peligro las transiciones económicas y democráticas.
Algunos ejemplos de los estorbos de tramitación y burocracia para hacer negocio en la economía formal incluyen, entre otros, obtener los permisos necesarios, la posma para adquirir títulos de tierra, falta de alicientes para contratar empleados, conocer y cumplir incalculables leyes aplicables, insuficiencia de facilidades de crédito al microempresario, sistemas impositivos confiscatorios, realizar contratos complicados, servicios públicos deficientes y caros. Así, concluimos que los costos de transacción en nuestro país solo lo pueden asumir un porcentaje pequeño de la población, trayendo como consecuencia que los excluidos se mantengan descartados.
Los factores claves que determinan esa formalización son las instituciones, las reglas, y las regulaciones, que faciliten las actividades económicas. Las instituciones públicas desarrolladas acertadamente proveen a los empresarios un marco predecible y competitivo de trabajo, y la información necesaria para hacer negocios, a un costo que los motiva a cumplir las reglas.
Las instituciones mal diseñadas e ineficiente requieren que los empresarios cumplan reglas complejas, ofreciendo pocos beneficios. Por ende, se inhibe la formalización, se desincentivan la regulación de los descartados, disminuyendo la participación política y económica. Ejemplo, unas de las instituciones más importantes que contribuyen al éxito de la economía de mercado es el derecho de propiedad, ya que provee los medios para que los activos puedan convertirse en capital, y ser utilizados para crear valor adicional, y extender la productividad y el crecimiento. En Panamá, tenemos un sistema de derecho de propiedad y reconocemos su importancia; sin embargo, los excluidos no se benefician de ello por distintas razones, verbigracia, porque las leyes formales han sido creadas para beneficio de una minoría, sin reflejar las necesidades de la gran mayoría; y porque los costos en término de tiempo y dinero para adquirir los derechos formales de la tierra son mucho mayores que los beneficios adquiridos. Destaquemos que el requisito cardinal de los negocios es la prontitud. Por tanto, el microempresario mayoritariamente opera informalmente, en pequeña escala, zafral, y con pequeña inversión, sin generar beneficios, o simplemente se mantiene fuera del mercado, inhibiendo el desarrollo. Adicionalmente, estos empresarios están excluidos del proceso de creación de leyes impositivas y políticas de desarrollo. Por consiguiente, no hay un Estado que promueva los sanos intereses de los microempresarios, debilitando la democracia económica. La amenaza oculta de esto, es que un grupo elitista activo políticamente controle la economía a través de un sistema de leyes y regulaciones políticamente motivadas y avaladas por el Estado, a costa de los excluidos que seguirán condenados al sistema informal.
El exceso de regulaciones beneficia intereses de grupos particulares y no a la sociedad en general, lo que provoca la presencia del sector informal a raíz de la incapacidad de las instituciones políticas de proteger y promover una economía de mercado eficiente.
¿Con qué propósito me propongo sugerir potenciar a los excluidos para se incorporen al sistema formal? Para reducir la pobreza y el hambre, porque esta es más afilada que una espada. Una política orientada a combatir la exclusión es la mejor escuela para tener la fuerza que origine la superación de ellos. Por ello, necesitamos un Estado donde la razón predomine sobre la emoción, y la experiencia sobre la lógica y los expertos de pizarrón.
(jacha@sinfo.net)
¿Dónde hemos fallado como sociedad? Pregunta que debemos responder con sinceridad. Sumado a ello, estamos convencidos que también debemos promover un intercambio de ideas entre los sectores productivos del país, y los distintos agentes sociales, incluyendo, por supuesto a la clase obrera, para que de esa forma el estado, como resultado de un gran acuerdo nacional, sea algo más que un mero arbitro entre las fuerzas productivas, de manera que asegure que el mercado este al servicio del ciudadano, y no el ciudadano al servicio del mercado.
Sin vacilación, un acuerdo nacional que defina el modelo de sociedad que responda a las necesidades de este momento histórico, transformaría al Estado en un árbitro permeable a las opiniones de los agentes económicos y sociales, que son al fin y al cabo, los motores del crecimiento económico, con desarrollo social. Ciertamente, Panamá necesita con urgencia un modelo de sociedad capaz de generar el surgimiento sostenido de empresas grandes, medianas y pequeñas.
Para consolidar la democracia y la transición a una economía de mercado progresista, debemos entender el "por qué la exclusión", y así ofrecer soluciones viables. La razón principal por la cual los excluidos no participan en la economía formal, es porque las estructuras institucionales o las reglas del juego no se lo facilitan. Por tanto, concluimos que ciertos modelos de sociedad se constituyen en barreras a la participación social en los sistemas económicos formales; gracias a políticas financieras que buscan resultados ajenos a la creación de empleos dignos, promoción de la inversión, e incremento de la productividad.
En Panamá, pues, hace falta que además de elecciones democráticas cada quinquenio, se derriben un conjunto de barreras y prejuicios, para así podernos considerar una democracia moderna y solidaria. Nos hace falta posibilitar una mayor participación, política y económica, de los ciudadanos en las decisiones nacionales y locales. Por ello, debemos eliminar las barreras a esa participación, como por ejemplo, el costo de hacer negocio en la economía formal, ya que estas murallas ponen en peligro las transiciones económicas y democráticas.
Algunos ejemplos de los estorbos de tramitación y burocracia para hacer negocio en la economía formal incluyen, entre otros, obtener los permisos necesarios, la posma para adquirir títulos de tierra, falta de alicientes para contratar empleados, conocer y cumplir incalculables leyes aplicables, insuficiencia de facilidades de crédito al microempresario, sistemas impositivos confiscatorios, realizar contratos complicados, servicios públicos deficientes y caros. Así, concluimos que los costos de transacción en nuestro país solo lo pueden asumir un porcentaje pequeño de la población, trayendo como consecuencia que los excluidos se mantengan descartados.
Los factores claves que determinan esa formalización son las instituciones, las reglas, y las regulaciones, que faciliten las actividades económicas. Las instituciones públicas desarrolladas acertadamente proveen a los empresarios un marco predecible y competitivo de trabajo, y la información necesaria para hacer negocios, a un costo que los motiva a cumplir las reglas.
Las instituciones mal diseñadas e ineficiente requieren que los empresarios cumplan reglas complejas, ofreciendo pocos beneficios. Por ende, se inhibe la formalización, se desincentivan la regulación de los descartados, disminuyendo la participación política y económica. Ejemplo, unas de las instituciones más importantes que contribuyen al éxito de la economía de mercado es el derecho de propiedad, ya que provee los medios para que los activos puedan convertirse en capital, y ser utilizados para crear valor adicional, y extender la productividad y el crecimiento. En Panamá, tenemos un sistema de derecho de propiedad y reconocemos su importancia; sin embargo, los excluidos no se benefician de ello por distintas razones, verbigracia, porque las leyes formales han sido creadas para beneficio de una minoría, sin reflejar las necesidades de la gran mayoría; y porque los costos en término de tiempo y dinero para adquirir los derechos formales de la tierra son mucho mayores que los beneficios adquiridos. Destaquemos que el requisito cardinal de los negocios es la prontitud. Por tanto, el microempresario mayoritariamente opera informalmente, en pequeña escala, zafral, y con pequeña inversión, sin generar beneficios, o simplemente se mantiene fuera del mercado, inhibiendo el desarrollo. Adicionalmente, estos empresarios están excluidos del proceso de creación de leyes impositivas y políticas de desarrollo. Por consiguiente, no hay un Estado que promueva los sanos intereses de los microempresarios, debilitando la democracia económica. La amenaza oculta de esto, es que un grupo elitista activo políticamente controle la economía a través de un sistema de leyes y regulaciones políticamente motivadas y avaladas por el Estado, a costa de los excluidos que seguirán condenados al sistema informal.
El exceso de regulaciones beneficia intereses de grupos particulares y no a la sociedad en general, lo que provoca la presencia del sector informal a raíz de la incapacidad de las instituciones políticas de proteger y promover una economía de mercado eficiente.
¿Con qué propósito me propongo sugerir potenciar a los excluidos para se incorporen al sistema formal? Para reducir la pobreza y el hambre, porque esta es más afilada que una espada. Una política orientada a combatir la exclusión es la mejor escuela para tener la fuerza que origine la superación de ellos. Por ello, necesitamos un Estado donde la razón predomine sobre la emoción, y la experiencia sobre la lógica y los expertos de pizarrón.
(jacha@sinfo.net)
