La nueva guerra contra la propiedad
Las pinturas con plomo no se venden en Estados Unidos desde 1978 ni se utilizan para pintar paredes internas desde los años 50. Pero eso no impidió que el estado de Rhode Island iniciara una demanda en octubre contra las empresas que en el pasado fabricaron pintura con plomo, para financiar así los costos médicos y la educación de niños que se supone han sido afectados por el plomo. Esta demanda contra DuPont, Atlantic Richfield, Sherwin-Williams, NL Industries y SMC Chemicals es el más reciente saqueo gubernamental de la propiedad privada.
La protección constitucional contra incautar propiedades sin antes pagar por ellas está siendo violada en cuanto a pantanos, animales en peligro de extinción y demás regulaciones. También por el superfondo para la limpieza del ambiente, el cual asigna obligaciones retroactivamente a entidades inocentes, de manera parecida a las leyes de decomiso en la guerra contra las drogas y a la ley persecutoria de Florida (bill of attainder) contra las tabacaleras, que asigna obligaciones retroactivas, a la vez que le impide a las empresas defenderse en los tribunales.
La ley del superfondo de diciembre de 1980 determina que usted no tiene que contaminar para ser responsable de la contaminación. No sólo se procede contra personas y empresas inocentes, sino que además se imponen multas retroactivas por prácticas en la eliminación de desechos perfectamente dentro de la ley, en su momento. Hasta dueños de pizzerías han sido demandados porque las cajas donde venden sus productos terminan en áreas contaminadas.
De asignar obligaciones retroactivamente a personas inocentes a confiscarles la propiedad no hay más que un paso. Esto lo hace ahora el gobierno cuando se "presume" que esa propiedad ha "facilitado" la perpetración de un delito, en el cual el propietario no tomó parte. La guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contra la propiedad, la propiedad de cualquiera. Por ejemplo, se han confiscado moteles porque una prostituta o un narcotraficante alquiló un cuarto. Abuelos han perdido su casa ante la sospecha de que sus nietos han podido consumir drogas en ella. Usted puede perder su propiedad si un agente antidrogas pone allí una trampa para apresar a alguien.
El ataque contra las tabacaleras por los fiscales estatales y por el llamado Departamento de Justicia ha abierto todo un nuevo frente en la guerra del gobierno contra la propiedad. Como lo dijo enfáticamente el juez federal de apelaciones, Stephen Williams, en un reciente discurso en el Instituto Americano de Leyes: lograron saquear a las empresas tabacaleras y a los fumadores miles de millones de dólares, porque en Florida promulgaron una ley que impidió que las tabacaleras se defendieran en juicios con jurado. Para evadir las decisiones de los jurados con respecto a que los fumadores asumen sus propios riesgos, el estado de Florida promulgó el siguiente estatuto: "Principios de la jurisprudencia consuetudinaria (common law) y la equidad en cuanto a transferencias, subrogación de gravámenes, negligencia comparativa, asunción de riesgos y todas las demás defensas afirmativas normalmente al alcance de terceros responsables, son suspendidos en lo necesario para que Medicaid (el seguro médico estatal para los pobres) recobre totalmente recursos de terceros". Esto quiere decir que las tabacaleras en la Florida fueron declaradas responsables sin juicio. Como bien dice el juez Williams, la demanda de cigarrillos es inelástica (no baja ante mayor precio) y el acuerdo tabacalero le permite a la industria recuperar el saqueo que ha sufrido con aumentos de precio. De hecho, en la Florida se decretó un aumento de impuestos sin que la legislatura votara por él. Ahora que a los gobiernos no les da vergüenza ser vistos como saqueadores, proceden abiertamente, sin el preámbulo de leyes impositivas, a saquearnos descaradamente.
Columnista del Washington Times, fue subsecretario del Tesoro.
La protección constitucional contra incautar propiedades sin antes pagar por ellas está siendo violada en cuanto a pantanos, animales en peligro de extinción y demás regulaciones. También por el superfondo para la limpieza del ambiente, el cual asigna obligaciones retroactivamente a entidades inocentes, de manera parecida a las leyes de decomiso en la guerra contra las drogas y a la ley persecutoria de Florida (bill of attainder) contra las tabacaleras, que asigna obligaciones retroactivas, a la vez que le impide a las empresas defenderse en los tribunales.
La ley del superfondo de diciembre de 1980 determina que usted no tiene que contaminar para ser responsable de la contaminación. No sólo se procede contra personas y empresas inocentes, sino que además se imponen multas retroactivas por prácticas en la eliminación de desechos perfectamente dentro de la ley, en su momento. Hasta dueños de pizzerías han sido demandados porque las cajas donde venden sus productos terminan en áreas contaminadas.
De asignar obligaciones retroactivamente a personas inocentes a confiscarles la propiedad no hay más que un paso. Esto lo hace ahora el gobierno cuando se "presume" que esa propiedad ha "facilitado" la perpetración de un delito, en el cual el propietario no tomó parte. La guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contra la propiedad, la propiedad de cualquiera. Por ejemplo, se han confiscado moteles porque una prostituta o un narcotraficante alquiló un cuarto. Abuelos han perdido su casa ante la sospecha de que sus nietos han podido consumir drogas en ella. Usted puede perder su propiedad si un agente antidrogas pone allí una trampa para apresar a alguien.
El ataque contra las tabacaleras por los fiscales estatales y por el llamado Departamento de Justicia ha abierto todo un nuevo frente en la guerra del gobierno contra la propiedad. Como lo dijo enfáticamente el juez federal de apelaciones, Stephen Williams, en un reciente discurso en el Instituto Americano de Leyes: lograron saquear a las empresas tabacaleras y a los fumadores miles de millones de dólares, porque en Florida promulgaron una ley que impidió que las tabacaleras se defendieran en juicios con jurado. Para evadir las decisiones de los jurados con respecto a que los fumadores asumen sus propios riesgos, el estado de Florida promulgó el siguiente estatuto: "Principios de la jurisprudencia consuetudinaria (common law) y la equidad en cuanto a transferencias, subrogación de gravámenes, negligencia comparativa, asunción de riesgos y todas las demás defensas afirmativas normalmente al alcance de terceros responsables, son suspendidos en lo necesario para que Medicaid (el seguro médico estatal para los pobres) recobre totalmente recursos de terceros". Esto quiere decir que las tabacaleras en la Florida fueron declaradas responsables sin juicio. Como bien dice el juez Williams, la demanda de cigarrillos es inelástica (no baja ante mayor precio) y el acuerdo tabacalero le permite a la industria recuperar el saqueo que ha sufrido con aumentos de precio. De hecho, en la Florida se decretó un aumento de impuestos sin que la legislatura votara por él. Ahora que a los gobiernos no les da vergüenza ser vistos como saqueadores, proceden abiertamente, sin el preámbulo de leyes impositivas, a saquearnos descaradamente.
Columnista del Washington Times, fue subsecretario del Tesoro.
