La opinión del profesor
Escribo al día siguiente de que el Consejo de Gabinete aprobara el anteproyecto de ley 019-09, que es una flagrante violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Política de la República de Panamá, al pretender vigilar permanentemente las comunicaciones por teléfono y correo electrónico.
De ser aprobado, el Estado panameño será demandado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ya que vulnera los derechos de nacionales y extranjeros. Además, sería un paso más hacia el restablecimiento de la tristemente célebre Doctrina de la Seguridad Nacional, concepto utilizado para definir las ideas de EEUU de que las fuerzas armadas latinoamericanas se dedicaran a garantizar el orden interno. Con el pretexto de combatir el comunismo, se pretendió darle legitimidad a la toma del poder por los militares y la violación sistemática de los derechos humanos.
Entre las conclusiones de la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano -realizada en 1979, bajo la guía de S.S. Juan Pablo II-, se encuentra: “En los últimos años se afianza en nuestro continente la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, que es, de hecho, más una ideología que una doctrina. Está vinculada a un determinado modelo económico-político, de características elitistas y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas. Pretende incluso justificarse en ciertos países de América Latina como doctrina defensora de la civilización occidental cristiana. Desarrolla un sistema represivo, en concordancia con su concepto de ‘guerra permanente’. En algunos casos expresa una clara intencionalidad de protagonismo geopolítico. (...)”.
Como nos dice José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos: “Ciertamente, debemos dar prioridad a los problemas sociales y económicos que afectan a nuestros pueblos, que están en la base de muchos problemas de seguridad. Pero, decir que estas materias amenazan nuestra seguridad es un uso que además de amplio e indebido, arriesga llevarnos a reediciones de la Doctrina de Seguridad Nacional que tantos daños causó a la democracia en las últimas décadas del siglo pasado, sirviendo para justificar las peores dictaduras que recuerda nuestra historia”.
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