La opinión del profesor
ChoicePoint fue acusada de haber firmado el 25/9/2001 (PA, 17/8/2009) un contrato con el gobierno norteamericano, para venderle información sobre ciudadanos latinoamericanos y estadounidenses. ChoicePoint es una compañía norteamericana que compila información personal -nombre, número de Seguridad Social, historial de crédito, etc.-, y la vende.
ChoicePoint ha sido acusada de haber comprado los padrones electorales de México y Colombia, y haber obtenido información personal de dependencias oficiales latinoamericanas, para venderlos a dependencias gubernamentales estadounidenses.
En 2005, ChoicePoint reconoció que la información personal de más de 163 mil consumidores se puso en peligro. Debido a la violación de su seguridad informática, se produjeron ochocientos casos de robo de identidad.
En 2006, la Comisión Federal de Comercio -Federal Trade Commission (FTC), la agencia nacional norteamericana de protección del consumidor-, investigó la violación de la seguridad informática de ChoicePoint, la cual fue sancionada a pagar cinco millones de dólares, que serían utilizados para reintegrarles el dinero a aquellos ciudadanos que tuvieron que incurrir en gastos relacionados con el robo de su identidad (http://www.ftc.gov/opa/ 2006/01/choicepoint.htm).
Cuando el CIPL (Center for Information Policy Leadership) invitó a Visa y otras empresas del sector, a discutir cómo la información registrada en las tarjetas de crédito podría ser empleada para combatir el terrorismo, todas las compañías le respondieron al CIPL que eso sólo podría hacerse si se flexibilizaban las leyes que protegen la privacidad de la información.
El proyecto de ley de espionaje masivo vulnera: Constitución Política de Panamá, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3425 5_1815186_1_1_1_1,00.html), y el Grupo de Manejo del Comercio Electrónico del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (http://www.apec.org/apec/apec_ groups/som_special_task_groups/electronic_commerce.html#data).
José Raúl Mulino protestó cuando se aprobaron los decretos-ley de seguridad. Ahora, como ministro de Gobierno y Justicia, dijo que “el Gobierno no va a co-gobernar con la sociedad civil (…)”, ignorando la Carta Democrática Interamericana: “La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.
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