La paciencia tiene un lmite
El cierre de las calles en Panamá ha llegado límites intolerables. Cada vez más grupos de irresponsables, llámese estudiantes, universitarios, maestros, profesores, sindicalistas, residentes de comunidades encabezados por sus dirigentes que tienen agendas escondidas, cierran las vías a su antojo, con el pleno conocimiento que la Constitución lo prohíbe.
Esos cierres, que sólo perjudican a terceras personas, responde a la pasividad del Gobierno Nacional, que por no tomar medidas severas sobre el tema, ha permitido que la intolerancia llegue al peligroso momento de que los afectados tomen las correcciones necesarias en sus propias manos. Lo sucedido el pasado lunes es inaudito. El tranque descomunal de, aproximadamente, cinco kilómetros en ambas vías de la autopista Arraiján - La Chorrera con unos 35,000 vehículos y seis horas, lo produce un minúsculo grupo de invasores de tierra quienes quieren que les legalicen los terrenos privados que invadieron; y, además, solicitan que el Estado les arregle las calles, les lleve agua, indistintamente si no les pertenece la tierra.
Lo peor de todo es que gobiernos anteriores de la tendencia política de turno han patrocinado de manera irresponsable la invasión a terrenos particulares, aumentando la gravedad del problema; construyéndoles escuelas, centros médicos e instalándoles infraestructuras y servicios. Por supuesto que se creen con todo el derecho a pedir que les legalicen esas tierras, lo cual es un absurdo.
Yo fui víctima de ese gran tranque, igual que los desafortunados 70,000 panameños que quedaron atrapados. A mí me impidió llegar al destino que tenía previsto. Quedé trancado en la entrada de Burunga, 5 kilómetros antes de llegar al puente de ingreso a la Playita de Bique. Decidí ir a pie hasta el lugar donde estaban los quejosos, topándome en el camino con muchas personas histéricas, y/o enfurecidas, sobre todo, maestras, enfermeras, médicos, obreros de la construcción, buses cargados de turistas y pasajeros, enfermos que tenían que ir a citas médicas. Lógicamente, todos hablando mal del gobierno, que no tiene la valentía y menos la voluntad de tomar "el toro por los cuernos".
Al llegar al puente de Bique, hablé con los quejosos para conocer la razón de causarnos tanto daño y frustración. Me dieron las respuestas más absurdas, todas sin la menor consideración con los afectados. Pedían a gritos que viniera el Sr. Presidente, el ministro de Obras Públicas, el director del IDAAN, la ministra de Vivienda para dialogar; de lo contrario mantendrían la carretera cerrada. Si para cada problema de esta naturaleza tiene que hacerse una consejo de gabinete en plena calle, ¡qué mal estamos!
Ese día, en el camino me encontré con funcionarios del MOP, quienes me informaron que ya venían los tractores y las cuchillas para atender a los quejosos, pero que no podían pasar por el tranque. ¡Qué absurdo! Los problemas de esta naturaleza no se resuelven así; lo único que están haciendo con esto es que las comunidades, gremios, estudiantes, sindicalistas o empresarios que, con razón o sin ella, se sientan afectados puedan salir a cerrar calles para obligar al gobierno a resolver sus quejas, de misma manera de los precaristas de Bique.
Estos problemas sólo se pueden resolver si se atienden de manera integral. Tengo experiencia en el tema y podría relatarlo en otra ocasión, pues no viene al caso ahora. Les puedo asegurar que los daños causados ese lunes a la economía del país fueron de millones de balboas, como dice la Cámara de Comercio y el CONEP, que superan con creces la posible solución integral del problema. Al final, pagamos justos por pecadores sin tener vela en este entierro.
Lo que más me preocupa es que va a llegar el momento en que los afectados tomen la justicia por sus propias manos, y habrá mucho que lamentar por la falta de decisión del gobierno de intervenir y solucionar justamente el problema. Es imperativo que el gobierno de turno haga respetar lo que consagra la Constitución en el Art. 27, el derecho al libre tránsito, y el Código Penal tipifica como delito impedir el funcionamiento del transporte o los servicios públicos de comunicación; para evitar lo que se viene dando cada vez con más frecuencia, intensidad y violencia. Además, es esencial que los panameños aprendamos a respetarnos mutuamente. Benito Juárez dijo: "El respeto a los derecho de otros es la garantía de tus derechos". Respetemos el derecho de las terceras personas recuerden: No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti.
"Los niveles de atropellos que se dan aquí y los accidentes de tránsito son producto de una falta de concienciación del conductor", señaló.
Además, según el Ministerio de Salud (MINSA), al menos hay 600 nuevos casos de contagios por SIDA al año en el país y han muerto por esta enfermedad 5, 417 personas en 22 años.
Gira Ibarra, directora del Programa de VIH/SIDA del MINSA, indicó que hay adultos que son positivos y lo desconocen, porque no se han hecho la prueba.
El programa Medición de Gastos del SIDA al año 2004-2005, arrojó B/.18 millones y en el 2006 fue de aproximadamente B/.22 millones, eso incluye atención, medicamentos, hospitalización.
De los 11 cementerios municipales en el distrito de Panamá, Pueblo Nuevo, Amador, Concepción, Juan Díaz no hay espacio y la morosidad es alta.
Según informes del departamento de Servicios Funerarios de la subgerencia de Empresas Municipales, hasta el 30 de junio de este año, la morosidad en el pago de la tasa de mantenimiento de terrenos propios (con escritura) ascendía a B/. 355 mil 117 con 15, mientras que al 31 de mayo ésta superó los B/. 356 mil 265 con 30.
Caballero indicó que para ejecutar a los familiares en cualquier pago se incluyó hace tres meses en el sistema de Tesorería y cuando haga una transacción o permiso le saldrá la morosidad en el Paz y Salvo.
El cementerio con más morosidad es el de Amador con B/. 289 mil 324 con 71. Otro donde los reportes de pago en la tasa de mantenimiento tienen mora es el de Concepción con B/. 32 mil 615 con 96 y muy seguido de Pueblo Nuevo con B/.22 mil 718 con 30.
Asímismo, la morosidad del pago de los terrenos municipales (con contrato de deberes y derechos con los difuntos) al 30 de junio fue de B/.85 mil 554, siendo Corozal el de mayor mora con B/.33 mil 866. Muy cerca le sigue Juan Díaz con B/.17 mil 460 y Amador con B/.14 mil 548.
Una fosa o bóveda al tercer año que no pague se le exhuma y los restos del cadáver se mandan a un guarda restos y si al año no se recupera, se envía a fosa común.
El pago de la tasa de mantenimiento se cobra desde 1992 y la morosidad en los ciudadanos más alta no pasa de B/.300.
Una fosa en los cementerios municipales de la ciudad de Panamá cuesta B/. 48 y se deben pagar B/. 10 anuales después de tres años. En una bóveda se paga B/.135 y después de cuatro años se paga B/. 30 anuales.
En el cementerio de Juan Díaz una cripta cuesta B/.175 y no se paga nada más, pero esos servicios están suspendidos.
La mayoría de los entierros en el distrito de Panamá son de personas de San Miguelito, eso ha copado el reciente cementerio de Utivé.
Por su parte, el alcalde Héctor Valdés Carrasquilla, señaló que la documentación de solicitud de la adjudicación del primer cementerio municipal del distrito está en manos de una Comisión Interinstitucional.
Entre los integrantes están el ministro de Economía Héctor Alexander y el contralor Carlos Vallarino.
"Solamente falta la firma de adjudicación por parte de la comisión", dijo.
Según el alcalde, prácticamente faltan algunos trámites de orden administrativo, inclusive en los terrenos se han hecho remociones de tierra.
El presidente de la República, Martín Torrijos, les asignó una partida de B/.277 mil para la primera fase del camposanto.
"Ya nosotros empezamos a hacer los movimientos de tierra y, si nos preguntan, ya se puede enterrar", aseguró.
Carrasquilla fue claro al señalar que lo que no quiere es hacerlo hasta tanto no estén los accesos, los portales de entrada, entre otros detalles.
La primera fase establece 500 fosas y 250 criptas, las que según el Municipio de San Miguelito, se irán incrementando.
En 1998 se logró un globo de terreno en concesión por 20 años en el área revertida.
En Amador hay muchos difuntos de San Miguelito.
Esos cierres, que sólo perjudican a terceras personas, responde a la pasividad del Gobierno Nacional, que por no tomar medidas severas sobre el tema, ha permitido que la intolerancia llegue al peligroso momento de que los afectados tomen las correcciones necesarias en sus propias manos. Lo sucedido el pasado lunes es inaudito. El tranque descomunal de, aproximadamente, cinco kilómetros en ambas vías de la autopista Arraiján - La Chorrera con unos 35,000 vehículos y seis horas, lo produce un minúsculo grupo de invasores de tierra quienes quieren que les legalicen los terrenos privados que invadieron; y, además, solicitan que el Estado les arregle las calles, les lleve agua, indistintamente si no les pertenece la tierra.
Lo peor de todo es que gobiernos anteriores de la tendencia política de turno han patrocinado de manera irresponsable la invasión a terrenos particulares, aumentando la gravedad del problema; construyéndoles escuelas, centros médicos e instalándoles infraestructuras y servicios. Por supuesto que se creen con todo el derecho a pedir que les legalicen esas tierras, lo cual es un absurdo.
Yo fui víctima de ese gran tranque, igual que los desafortunados 70,000 panameños que quedaron atrapados. A mí me impidió llegar al destino que tenía previsto. Quedé trancado en la entrada de Burunga, 5 kilómetros antes de llegar al puente de ingreso a la Playita de Bique. Decidí ir a pie hasta el lugar donde estaban los quejosos, topándome en el camino con muchas personas histéricas, y/o enfurecidas, sobre todo, maestras, enfermeras, médicos, obreros de la construcción, buses cargados de turistas y pasajeros, enfermos que tenían que ir a citas médicas. Lógicamente, todos hablando mal del gobierno, que no tiene la valentía y menos la voluntad de tomar "el toro por los cuernos".
Al llegar al puente de Bique, hablé con los quejosos para conocer la razón de causarnos tanto daño y frustración. Me dieron las respuestas más absurdas, todas sin la menor consideración con los afectados. Pedían a gritos que viniera el Sr. Presidente, el ministro de Obras Públicas, el director del IDAAN, la ministra de Vivienda para dialogar; de lo contrario mantendrían la carretera cerrada. Si para cada problema de esta naturaleza tiene que hacerse una consejo de gabinete en plena calle, ¡qué mal estamos!
Ese día, en el camino me encontré con funcionarios del MOP, quienes me informaron que ya venían los tractores y las cuchillas para atender a los quejosos, pero que no podían pasar por el tranque. ¡Qué absurdo! Los problemas de esta naturaleza no se resuelven así; lo único que están haciendo con esto es que las comunidades, gremios, estudiantes, sindicalistas o empresarios que, con razón o sin ella, se sientan afectados puedan salir a cerrar calles para obligar al gobierno a resolver sus quejas, de misma manera de los precaristas de Bique.
Estos problemas sólo se pueden resolver si se atienden de manera integral. Tengo experiencia en el tema y podría relatarlo en otra ocasión, pues no viene al caso ahora. Les puedo asegurar que los daños causados ese lunes a la economía del país fueron de millones de balboas, como dice la Cámara de Comercio y el CONEP, que superan con creces la posible solución integral del problema. Al final, pagamos justos por pecadores sin tener vela en este entierro.
Lo que más me preocupa es que va a llegar el momento en que los afectados tomen la justicia por sus propias manos, y habrá mucho que lamentar por la falta de decisión del gobierno de intervenir y solucionar justamente el problema. Es imperativo que el gobierno de turno haga respetar lo que consagra la Constitución en el Art. 27, el derecho al libre tránsito, y el Código Penal tipifica como delito impedir el funcionamiento del transporte o los servicios públicos de comunicación; para evitar lo que se viene dando cada vez con más frecuencia, intensidad y violencia. Además, es esencial que los panameños aprendamos a respetarnos mutuamente. Benito Juárez dijo: "El respeto a los derecho de otros es la garantía de tus derechos". Respetemos el derecho de las terceras personas recuerden: No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti.
"Los niveles de atropellos que se dan aquí y los accidentes de tránsito son producto de una falta de concienciación del conductor", señaló.
Además, según el Ministerio de Salud (MINSA), al menos hay 600 nuevos casos de contagios por SIDA al año en el país y han muerto por esta enfermedad 5, 417 personas en 22 años.
Gira Ibarra, directora del Programa de VIH/SIDA del MINSA, indicó que hay adultos que son positivos y lo desconocen, porque no se han hecho la prueba.
El programa Medición de Gastos del SIDA al año 2004-2005, arrojó B/.18 millones y en el 2006 fue de aproximadamente B/.22 millones, eso incluye atención, medicamentos, hospitalización.
De los 11 cementerios municipales en el distrito de Panamá, Pueblo Nuevo, Amador, Concepción, Juan Díaz no hay espacio y la morosidad es alta.
Según informes del departamento de Servicios Funerarios de la subgerencia de Empresas Municipales, hasta el 30 de junio de este año, la morosidad en el pago de la tasa de mantenimiento de terrenos propios (con escritura) ascendía a B/. 355 mil 117 con 15, mientras que al 31 de mayo ésta superó los B/. 356 mil 265 con 30.
Caballero indicó que para ejecutar a los familiares en cualquier pago se incluyó hace tres meses en el sistema de Tesorería y cuando haga una transacción o permiso le saldrá la morosidad en el Paz y Salvo.
El cementerio con más morosidad es el de Amador con B/. 289 mil 324 con 71. Otro donde los reportes de pago en la tasa de mantenimiento tienen mora es el de Concepción con B/. 32 mil 615 con 96 y muy seguido de Pueblo Nuevo con B/.22 mil 718 con 30.
Asímismo, la morosidad del pago de los terrenos municipales (con contrato de deberes y derechos con los difuntos) al 30 de junio fue de B/.85 mil 554, siendo Corozal el de mayor mora con B/.33 mil 866. Muy cerca le sigue Juan Díaz con B/.17 mil 460 y Amador con B/.14 mil 548.
Una fosa o bóveda al tercer año que no pague se le exhuma y los restos del cadáver se mandan a un guarda restos y si al año no se recupera, se envía a fosa común.
El pago de la tasa de mantenimiento se cobra desde 1992 y la morosidad en los ciudadanos más alta no pasa de B/.300.
Una fosa en los cementerios municipales de la ciudad de Panamá cuesta B/. 48 y se deben pagar B/. 10 anuales después de tres años. En una bóveda se paga B/.135 y después de cuatro años se paga B/. 30 anuales.
En el cementerio de Juan Díaz una cripta cuesta B/.175 y no se paga nada más, pero esos servicios están suspendidos.
La mayoría de los entierros en el distrito de Panamá son de personas de San Miguelito, eso ha copado el reciente cementerio de Utivé.
Por su parte, el alcalde Héctor Valdés Carrasquilla, señaló que la documentación de solicitud de la adjudicación del primer cementerio municipal del distrito está en manos de una Comisión Interinstitucional.
Entre los integrantes están el ministro de Economía Héctor Alexander y el contralor Carlos Vallarino.
"Solamente falta la firma de adjudicación por parte de la comisión", dijo.
Según el alcalde, prácticamente faltan algunos trámites de orden administrativo, inclusive en los terrenos se han hecho remociones de tierra.
El presidente de la República, Martín Torrijos, les asignó una partida de B/.277 mil para la primera fase del camposanto.
"Ya nosotros empezamos a hacer los movimientos de tierra y, si nos preguntan, ya se puede enterrar", aseguró.
Carrasquilla fue claro al señalar que lo que no quiere es hacerlo hasta tanto no estén los accesos, los portales de entrada, entre otros detalles.
La primera fase establece 500 fosas y 250 criptas, las que según el Municipio de San Miguelito, se irán incrementando.
En 1998 se logró un globo de terreno en concesión por 20 años en el área revertida.
En Amador hay muchos difuntos de San Miguelito.
