La pobreza rural en los planes de gobierno
Estamos en la época de las ofertas electorales de los candidatos presidenciales y otros aspirantes a puestos de elección y por tanto una de las materias inevitables, en sus comunicaciones con la ciudadanía votante, es el problema de la pobreza creciente en nuestro país.
Mientras la pobreza y la miseria en la población urbana y semi-urbana es un hecho evidente a los ojos de los sectores de clase media y alta y de quienes toman las decisiones políticas del Estado, que residen en las ciudades, no lo es así la pobreza y la marginalidad de la gente campesina e indígena que, en realidad, es la más extensa, álgida e impactante.
Según la última estadística disponible, más del 42 por ciento de la población panameña se encuentra por debajo de la llamada Línea de Pobreza, o sea que son pobres o muy pobres. Esto es preocupante pero, más alarmante es conocer que de todos esos pobres, más del 70 por ciento se encuentra entre la población del campo o rural.
En cantidades, Panamá cuenta con más de un millón de habitantes sumidos en la pobreza y de ellos, sobre 700,000 se encuentra en las áreas campesinas e indígenas o sea que, casi 3 de cada 4 pobres se localizan en el área rural. ¿Qué vamos a hacer por ellos?... o los dejamos que sobrevivan en su tragedia hasta que un día provoquen una explosión social de impensables consecuencias.
Según criterios convencionales, se consideran pobres a aquellas personas cuyos ingresos son, apenas, un poco mayores de los necesarios para cubrir sus necesidades alimenticias mínimas, más un monto precario adicional para el consumo de otros bienes y servicios.
Alrededor de la mitad de todos estos pobres se encuentran en condiciones de pobreza extrema o sea que sus ingresos apenas les alcanzan para alimentarse moderada o inadecuadamente, sin excedentes suficientes para satisfacer otras necesidades básicas del ser humano moderno.
Algunos planteamientos de candidatos presidenciales (Y... seguramente aparecerá así en sus respectivos planes de gobierno), se limitan a proponer la titulación de la tierra, como forma de afrontar la situación de esta gran mayoría de gente del campo que viven social y económicamente marginada. Esto es insuficiente y no resuelve esta problemática rural.
No se trata de titular cualquier tierra y en cualquier cantidad. Se requieren tierras legalizadas sí, pero que sean productivas o sea agrológicamente capaces y en cantidades suficientes para lograr niveles de producción agrícola o pecuaria cuyo valor de mercado satisfaga las necesidades de supervivencia y progreso de estas familias campesinas.
Se requieren también cambios estructurales del agro, que contemplen, inevitablemente, educación, salud, adiestramiento y capacitación empresarial, transferencia de tecnología apropiada, asistenca técnica agropecuaria y artesanal, crédito adecuado, efectivo acceso a los mercados y una sólida organización campesina.
El resultado más preocupante de la marginalidad que hoy predomina en el campo,además de la gran falta de equidad social, que esta realidad implica, es la emigración hacia las ciudades de las generaciones más jóvenes y aspirantes, contribuyendo a despoblar nuestras campiñas y a complicar la realidad social de las ciudades. También resulta en la invasión de áreas boscosas no desarrolladas, en donde estos campesinos precaristas, a base de la primitiva cultura del hacha, el machete y el fuego, continúan devastando nuestros bosques remanentes y diezmando nuestra diversidad biológica, a la vez que agravan así, las condiciones ambientales y la sustentabilidad de los recursos naturales del país.
Se requiere, sin la menor duda, la acción decidida y comprometida del Estado, para rescatar a esta gran masa poblacional que es parte de la comunidad panameña, pero que hoy funciona más como un ancla o freno que como contribuyente al desarrollo del país. Sobre ello, esperamos profundizar en el futuro próximo.
La alianza política en vías a las próximas elecciones, que comprenda esta realidad y se comprometa honesta y vigorosamente, a cambiar, en forma radical y efectiva, con medidas como las aquí sugeridas, este abandono de tanta gente que sobrevive en el medio rural, debería recibir el voto mayoritario de la ciudananía panameña.
Mientras la pobreza y la miseria en la población urbana y semi-urbana es un hecho evidente a los ojos de los sectores de clase media y alta y de quienes toman las decisiones políticas del Estado, que residen en las ciudades, no lo es así la pobreza y la marginalidad de la gente campesina e indígena que, en realidad, es la más extensa, álgida e impactante.
Según la última estadística disponible, más del 42 por ciento de la población panameña se encuentra por debajo de la llamada Línea de Pobreza, o sea que son pobres o muy pobres. Esto es preocupante pero, más alarmante es conocer que de todos esos pobres, más del 70 por ciento se encuentra entre la población del campo o rural.
En cantidades, Panamá cuenta con más de un millón de habitantes sumidos en la pobreza y de ellos, sobre 700,000 se encuentra en las áreas campesinas e indígenas o sea que, casi 3 de cada 4 pobres se localizan en el área rural. ¿Qué vamos a hacer por ellos?... o los dejamos que sobrevivan en su tragedia hasta que un día provoquen una explosión social de impensables consecuencias.
Según criterios convencionales, se consideran pobres a aquellas personas cuyos ingresos son, apenas, un poco mayores de los necesarios para cubrir sus necesidades alimenticias mínimas, más un monto precario adicional para el consumo de otros bienes y servicios.
Alrededor de la mitad de todos estos pobres se encuentran en condiciones de pobreza extrema o sea que sus ingresos apenas les alcanzan para alimentarse moderada o inadecuadamente, sin excedentes suficientes para satisfacer otras necesidades básicas del ser humano moderno.
Algunos planteamientos de candidatos presidenciales (Y... seguramente aparecerá así en sus respectivos planes de gobierno), se limitan a proponer la titulación de la tierra, como forma de afrontar la situación de esta gran mayoría de gente del campo que viven social y económicamente marginada. Esto es insuficiente y no resuelve esta problemática rural.
No se trata de titular cualquier tierra y en cualquier cantidad. Se requieren tierras legalizadas sí, pero que sean productivas o sea agrológicamente capaces y en cantidades suficientes para lograr niveles de producción agrícola o pecuaria cuyo valor de mercado satisfaga las necesidades de supervivencia y progreso de estas familias campesinas.
Se requieren también cambios estructurales del agro, que contemplen, inevitablemente, educación, salud, adiestramiento y capacitación empresarial, transferencia de tecnología apropiada, asistenca técnica agropecuaria y artesanal, crédito adecuado, efectivo acceso a los mercados y una sólida organización campesina.
El resultado más preocupante de la marginalidad que hoy predomina en el campo,además de la gran falta de equidad social, que esta realidad implica, es la emigración hacia las ciudades de las generaciones más jóvenes y aspirantes, contribuyendo a despoblar nuestras campiñas y a complicar la realidad social de las ciudades. También resulta en la invasión de áreas boscosas no desarrolladas, en donde estos campesinos precaristas, a base de la primitiva cultura del hacha, el machete y el fuego, continúan devastando nuestros bosques remanentes y diezmando nuestra diversidad biológica, a la vez que agravan así, las condiciones ambientales y la sustentabilidad de los recursos naturales del país.
Se requiere, sin la menor duda, la acción decidida y comprometida del Estado, para rescatar a esta gran masa poblacional que es parte de la comunidad panameña, pero que hoy funciona más como un ancla o freno que como contribuyente al desarrollo del país. Sobre ello, esperamos profundizar en el futuro próximo.
La alianza política en vías a las próximas elecciones, que comprenda esta realidad y se comprometa honesta y vigorosamente, a cambiar, en forma radical y efectiva, con medidas como las aquí sugeridas, este abandono de tanta gente que sobrevive en el medio rural, debería recibir el voto mayoritario de la ciudananía panameña.
