La presidencia de la Corte Suprema: mi experiencia
Desempeñé la presidencia de nuestro máximo tribunal de justicia durante tres períodos consecutivos que sumaron seis años. Se trata de un cargo que no es ampliamente comprendido, por lo que a menudo se juzga con poca información sus límites y proyección. El presidente de la Corte es elegido cada dos años por los magistrados de la corporación; preside las reuniones del Pleno, la Sala Cuarta de Negocios Generales, que se ocupa de asuntos administrativos, y también la Sala a la que él pertenece que, en la actualidad, es la Tercera de lo Contencioso-Administrativo. Es el representante legal de la institución, por lo que suscribe los contratos que no sean menores y es el encargado de servir de medio de comunicación con los otros órganos del Estado. Además, desde fines de los años noventa, nombra a los directivos de la Policía Técnica Judicial.
Con todo, el presidente devenga el mismo salario que el resto de los magistrados, y su voto es uno más en la decisión de los procesos judiciales que competen a la Corte. Ante la opinión pública es el responsable de la institución, aunque por sí solo no puede expedir sentencias ni influir sobre los tribunales inferiores. Internamente debe responder ante el Pleno de la Corte integrado por los nueve magistrados, que son nombrados y sólo pueden ser destituidos por los órganos políticos del Estado.
Para obtener los recursos que permitan funcionar a la judicatura debe contar con el respaldo de los otros órganos estatales, pero debe mantener frente a ellos la separación e independencia que exige la Constitución. Es un equilibrio que no es fácil de mantener.
Internamente depende del apoyo de los otros magistrados, el cual debe tratar de alcanzar mediante la persuasión, ya que la Corte es una institución colegiada. Como en otras organizaciones de profesionales, el liderazgo del presidente no es de mando y subordinación ni de control y supervisión, sino de persuasión y coordinación, de servir de apoyo, motivación y de protección al resto de los magistrados y a los servidores judiciales. Ante los otros magistrados debe mantener una actitud cordial y amistosa que lo ayuden a guiarlos en la dirección que desea.
No puede decir con total certeza cuál es la fórmula para desempeñar con eficacia el puesto, pero sí puedo explicar las orientaciones principales con las que procuré desempeñarlo. Ellas reflejaron mi estilo y mis convicciones.
1) Comunicación personal diaria con la mayoría de los magistrados: Todos los días dedicaba entre una y dos horas a reuniones individuales con la mayoría de los magistrados. En esos encuentros, cara a cara, consultaba sus opiniones, trataba de formar consenso ante proyectos que emprendería; discutíamos procesos judiciales y evaluábamos los candidatos a cargos judiciales y administrativos; revisaba las necesidades cotidianas de sus despachos; les informaba con antelación de actividades judiciales y de problemas de la institución, y pedía su opinión sobre posibles soluciones. Los proyectos de ley que nos interesaban los analizaba con ellos. Era un estilo de consulta personal y permanente.
2) Solución interna de las discrepancias que se produjeran entre los magistrados: Nunca acudí a terceros, mucho menos a políticos, fuera de la Corte para resolver diferencias que tuviera con otros magistrados o entre éstos. Busqué dirimirlas internamente, lo que favoreció la independencia de la Corte.
3) Delegación y participación: Me apoyé en el personal administrativo de carrera para la administración del Organo Judicial, a pesar de que ningún director había sido nombrado por mí. Cada magistrado era coordinador de los despachos judiciales de una provincia y se reunía periódicamente con los servidores judiciales, y les ayudaba a solucionar los problemas administrativos que tuvieran. Los grandes programas de reforma judicial fueron coordinados por diversos magistrados: la reforma penal financiada por la AID norteamericana, por la Dra. Aura Guerra de Villalaz; y la modernización de la justicia financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por los magistrados Fábrega Zarak y Mirtza de Aguilera.
4) Alejamiento de la política partidista y separación de la política electoral: Presidí la Corte Suprema durante las elecciones de 1994 y de 1999. En ambos procesos electorales ganó la oposición, y la Corte Suprema jugó un papel de importancia: desestimó repetidamente recursos de inconstitucionalidad que pretendían que se anularan elecciones de legisladores; rechazó advertencia de inconstitucionalidad, acciones de amparo y contencioso-administrativas tendentes a convertir a la Corte en el juez cotidiano de los procesos electorales, y rodeó al Tribunal Electoral y a sus magistrados de todas las garantías para que desempeñaran sus funciones e incluso los absolvió de acusaciones penales que, de haber prosperado, les hubiesen acarreado la separación de sus cargos.
5) Difusión de la labor judicial y docencia sobre temas jurídicos: Escribí con frecuencia, artículos en diversos periódicos sobre nuestra labor judicial y publiqué tres libros que cubrían temas jurídicos (El debido proceso; La interpretación constitucional y Justicia; Democracia y Estado de derecho). Al final de cada período presidencial publiqué una Memoria, lo que antes no se había hecho en la Corte, y rendí un informe público sobre mi gestión de seis años. Como juez no abandoné mi papel de jurista.
Ese estilo de trabajo produjo resultados que, en general, fueron positivos y duraderos. Entre ellos, la creación de tribunales superiores de Familia, de Menores, de Trabajo y de Asuntos de la Competencia y del Consumidor; nuevas jurisdicciones de Familia y Competencia y Consumidores con juzgados especiales; leyes de reforma penal y de protección a las víctimas de delitos; oficina preventiva de conductas contra la ética; la descarga de los juzgados civiles mediante catorce juzgados temporales, que luego se han convertido en permanentes; nuevas bibliotecas judiciales; mejoras salariales; proyección internacional de la Corte y muchas otras.
Lo más importante fue el fortalecimiento de la independencia judicial y la separación de la política partidista, que se reflejaron no sólo en las elecciones de 1994 y 1999, sino en la exitosa lucha que libré frente a la Asamblea Legislativa cuando intentó intervenir en asuntos judiciales. Es mi firme convicción que la mayor causa de inestabilidad judicial en Latinoamérica es la mezcla de la función judicial con la política partidista.
Reconozco que tuve fallas en el ejercicio del cargo; pero, en todo caso, de buena fe. La que más lamento fue mi fracaso en lograr la reforma del jurado de conciencia. Fiel a mi estilo, traté de crear primero el consenso y convoqué al Primer Congreso Nacional de Magistrados y Jueces que recomendó eliminar la competencia de los jurados en los homicidios dolosos, pero el tema fue muy divisivo y los abogados y los políticos fueron imposibles de convencer. Pueril excusa sería decir que los jueces y magistrados me dejaron solo en esa batalla.
Fueron años difíciles. Al presidente de la Corte siempre lo rondan las sombras del narcotráfico, del crimen organizado y sus adláteres, y de los delincuentes violentos. Enfrentárseles conlleva riesgos personales y familiares y es la parte más dura del puesto, y a la vez, la que menos se aprecia, quizás porque tiene que hacerse en el marco de expedientes con reserva de sumario o en planes y programas cuyo éxito depende de su carácter confidencial y del elemento de sorpresa.
El puesto requiere carácter; integridad, capacidad de persuasión y de compromiso, conocimientos jurídicos y visión, de forma que pueda hacer posible lo que es necesario para la buena marcha del poder judicial y el progreso democrático y económico.
*Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Con todo, el presidente devenga el mismo salario que el resto de los magistrados, y su voto es uno más en la decisión de los procesos judiciales que competen a la Corte. Ante la opinión pública es el responsable de la institución, aunque por sí solo no puede expedir sentencias ni influir sobre los tribunales inferiores. Internamente debe responder ante el Pleno de la Corte integrado por los nueve magistrados, que son nombrados y sólo pueden ser destituidos por los órganos políticos del Estado.
Para obtener los recursos que permitan funcionar a la judicatura debe contar con el respaldo de los otros órganos estatales, pero debe mantener frente a ellos la separación e independencia que exige la Constitución. Es un equilibrio que no es fácil de mantener.
Internamente depende del apoyo de los otros magistrados, el cual debe tratar de alcanzar mediante la persuasión, ya que la Corte es una institución colegiada. Como en otras organizaciones de profesionales, el liderazgo del presidente no es de mando y subordinación ni de control y supervisión, sino de persuasión y coordinación, de servir de apoyo, motivación y de protección al resto de los magistrados y a los servidores judiciales. Ante los otros magistrados debe mantener una actitud cordial y amistosa que lo ayuden a guiarlos en la dirección que desea.
No puede decir con total certeza cuál es la fórmula para desempeñar con eficacia el puesto, pero sí puedo explicar las orientaciones principales con las que procuré desempeñarlo. Ellas reflejaron mi estilo y mis convicciones.
1) Comunicación personal diaria con la mayoría de los magistrados: Todos los días dedicaba entre una y dos horas a reuniones individuales con la mayoría de los magistrados. En esos encuentros, cara a cara, consultaba sus opiniones, trataba de formar consenso ante proyectos que emprendería; discutíamos procesos judiciales y evaluábamos los candidatos a cargos judiciales y administrativos; revisaba las necesidades cotidianas de sus despachos; les informaba con antelación de actividades judiciales y de problemas de la institución, y pedía su opinión sobre posibles soluciones. Los proyectos de ley que nos interesaban los analizaba con ellos. Era un estilo de consulta personal y permanente.
2) Solución interna de las discrepancias que se produjeran entre los magistrados: Nunca acudí a terceros, mucho menos a políticos, fuera de la Corte para resolver diferencias que tuviera con otros magistrados o entre éstos. Busqué dirimirlas internamente, lo que favoreció la independencia de la Corte.
3) Delegación y participación: Me apoyé en el personal administrativo de carrera para la administración del Organo Judicial, a pesar de que ningún director había sido nombrado por mí. Cada magistrado era coordinador de los despachos judiciales de una provincia y se reunía periódicamente con los servidores judiciales, y les ayudaba a solucionar los problemas administrativos que tuvieran. Los grandes programas de reforma judicial fueron coordinados por diversos magistrados: la reforma penal financiada por la AID norteamericana, por la Dra. Aura Guerra de Villalaz; y la modernización de la justicia financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por los magistrados Fábrega Zarak y Mirtza de Aguilera.
4) Alejamiento de la política partidista y separación de la política electoral: Presidí la Corte Suprema durante las elecciones de 1994 y de 1999. En ambos procesos electorales ganó la oposición, y la Corte Suprema jugó un papel de importancia: desestimó repetidamente recursos de inconstitucionalidad que pretendían que se anularan elecciones de legisladores; rechazó advertencia de inconstitucionalidad, acciones de amparo y contencioso-administrativas tendentes a convertir a la Corte en el juez cotidiano de los procesos electorales, y rodeó al Tribunal Electoral y a sus magistrados de todas las garantías para que desempeñaran sus funciones e incluso los absolvió de acusaciones penales que, de haber prosperado, les hubiesen acarreado la separación de sus cargos.
5) Difusión de la labor judicial y docencia sobre temas jurídicos: Escribí con frecuencia, artículos en diversos periódicos sobre nuestra labor judicial y publiqué tres libros que cubrían temas jurídicos (El debido proceso; La interpretación constitucional y Justicia; Democracia y Estado de derecho). Al final de cada período presidencial publiqué una Memoria, lo que antes no se había hecho en la Corte, y rendí un informe público sobre mi gestión de seis años. Como juez no abandoné mi papel de jurista.
Ese estilo de trabajo produjo resultados que, en general, fueron positivos y duraderos. Entre ellos, la creación de tribunales superiores de Familia, de Menores, de Trabajo y de Asuntos de la Competencia y del Consumidor; nuevas jurisdicciones de Familia y Competencia y Consumidores con juzgados especiales; leyes de reforma penal y de protección a las víctimas de delitos; oficina preventiva de conductas contra la ética; la descarga de los juzgados civiles mediante catorce juzgados temporales, que luego se han convertido en permanentes; nuevas bibliotecas judiciales; mejoras salariales; proyección internacional de la Corte y muchas otras.
Lo más importante fue el fortalecimiento de la independencia judicial y la separación de la política partidista, que se reflejaron no sólo en las elecciones de 1994 y 1999, sino en la exitosa lucha que libré frente a la Asamblea Legislativa cuando intentó intervenir en asuntos judiciales. Es mi firme convicción que la mayor causa de inestabilidad judicial en Latinoamérica es la mezcla de la función judicial con la política partidista.
Reconozco que tuve fallas en el ejercicio del cargo; pero, en todo caso, de buena fe. La que más lamento fue mi fracaso en lograr la reforma del jurado de conciencia. Fiel a mi estilo, traté de crear primero el consenso y convoqué al Primer Congreso Nacional de Magistrados y Jueces que recomendó eliminar la competencia de los jurados en los homicidios dolosos, pero el tema fue muy divisivo y los abogados y los políticos fueron imposibles de convencer. Pueril excusa sería decir que los jueces y magistrados me dejaron solo en esa batalla.
Fueron años difíciles. Al presidente de la Corte siempre lo rondan las sombras del narcotráfico, del crimen organizado y sus adláteres, y de los delincuentes violentos. Enfrentárseles conlleva riesgos personales y familiares y es la parte más dura del puesto, y a la vez, la que menos se aprecia, quizás porque tiene que hacerse en el marco de expedientes con reserva de sumario o en planes y programas cuyo éxito depende de su carácter confidencial y del elemento de sorpresa.
El puesto requiere carácter; integridad, capacidad de persuasión y de compromiso, conocimientos jurídicos y visión, de forma que pueda hacer posible lo que es necesario para la buena marcha del poder judicial y el progreso democrático y económico.
*Ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
