La Presidenta viola los derechos humanos
La primera mandataria del país debe ser la funcionaria más respetuosa de los derechos humanos y, por supuesto, versada en los articulados de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es Ley de la República. A nuestro juicio inconstitucionalmente, o por lo menos sin miramientos éticos, se candidatizó como Presidenta del Partido Arnulfista (PA) siendo a su vez presidenta de todos los panameños. Ordenó con prepotencia inaudita la apertura de los libros de inscripción al PA a partir del 1 de febrero, después de dos años de negar el derecho de libre asociación a los ciudadanos; no obstante que el partido, o sea ella, recibe como su representante legal, inconstitucionalmente, una regalía estatal post electoral de cerca de 3 millones de dólares.
El artículo 16 de la Convención dicta que toda persona tiene el derecho de asociarse libremente con fines políticos o ideológicos; mientras que el artículo 23, que los ciudadanos deben gozar del derecho y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos, de votar y ser elegidos en elecciones y de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país.
El artículo 132 de la Constitución panameña señala que los partidos son los instrumentos fundamentales para la participación política de los ciudadanos, de ahí que el cierre caprichoso y arbitrario de los libros de inscripción del PA por dos años vulneró los derechos humanos de incontables ciudadanos y, de ello, es responsable la Presidenta de la República.
Los acomodaticios conversos al mireyismo provenientes de toldas extinguidas y no pocos de la hueste dictatorial, se jactan de una inscripción de unos 50 mil que lograron aprovechados de las vicisitudes de quienes sugestionan con engañosas expectativas de favores gubernamentales. Desvergonzadamente instan a los jóvenes para que se anoten en un partido que veda a los menores de 30 años de formar parte de uno de sus principales órganos de gobierno, dígase, la Junta Consultiva (Artículo 46 de los antidemocráticos y elitistas estatutos del PA).
Por los valores cívicos y morales que desprecian los legisladores en mancuerna con el Ejecutivo y, ante la creciente pobreza que están sumiendo a la Nación, no queda otra al pueblo decente que repudiar y renunciar a tan contaminado partido. De ahí que damos la razón al presidente Endara y le apoyamos plenamente en su meta de volver a la presidencia para rescatar al país de personajes que, en sus actuaciones, en nada se diferencian de los que fueron derrocados en 1989.
El artículo 16 de la Convención dicta que toda persona tiene el derecho de asociarse libremente con fines políticos o ideológicos; mientras que el artículo 23, que los ciudadanos deben gozar del derecho y oportunidades de participar en la dirección de los asuntos públicos, de votar y ser elegidos en elecciones y de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país.
El artículo 132 de la Constitución panameña señala que los partidos son los instrumentos fundamentales para la participación política de los ciudadanos, de ahí que el cierre caprichoso y arbitrario de los libros de inscripción del PA por dos años vulneró los derechos humanos de incontables ciudadanos y, de ello, es responsable la Presidenta de la República.
Los acomodaticios conversos al mireyismo provenientes de toldas extinguidas y no pocos de la hueste dictatorial, se jactan de una inscripción de unos 50 mil que lograron aprovechados de las vicisitudes de quienes sugestionan con engañosas expectativas de favores gubernamentales. Desvergonzadamente instan a los jóvenes para que se anoten en un partido que veda a los menores de 30 años de formar parte de uno de sus principales órganos de gobierno, dígase, la Junta Consultiva (Artículo 46 de los antidemocráticos y elitistas estatutos del PA).
Por los valores cívicos y morales que desprecian los legisladores en mancuerna con el Ejecutivo y, ante la creciente pobreza que están sumiendo a la Nación, no queda otra al pueblo decente que repudiar y renunciar a tan contaminado partido. De ahí que damos la razón al presidente Endara y le apoyamos plenamente en su meta de volver a la presidencia para rescatar al país de personajes que, en sus actuaciones, en nada se diferencian de los que fueron derrocados en 1989.
