La privatización de la salud
La privatización de la salud e
Si se aprueba el anteproyecto de ley, CONSALUD tendría los recursos necesarios para privatizar en un plazo de cuatro años todos los servicios de salud que prestan el gobierno y la CSS en el país.
A pesar de su acostumbrado silencio, el Gobierno se siente satisfecho por los regalos que recibió esta Navidad: la tasa de crecimiento económico del Producto Interno Bruto (PIB), el inicio de las obras de ampliación del Canal y la "Cinta costera" de la ciudad de Panamá. También encontró en el "arbolito" regalitos producto de sus malas políticas: una población más empobrecida, la destrucción indiscriminada del medio ambiente , la crisis educativa y el incremento de la delincuencia juvenil. El auge del mercado de la salud, que llegó en un envoltorio dorado, estaba al lado de la crisis de la CSS y de la huelga médica que duró 40 días.
El anteproyecto del gobierno insinúa que la CSS se encargaría de todos los servicios de salud. Pero, la realidad es otra: La propuesta gubernamental crearía concesionarios privados contratados por la CSS, que emplearían a médicos y otros trabajadores de la salud.
Si la propuesta del gobierno es aprobada, la población se convertiría en cliente de empresarios de la salud. El Gobierno no cumpliría con el mandato constitucional de garantizar la salud de la población.
El Gobierno pone la carreta por delante de los bueyes. Un programa de integración de los programas de salud tiene que comenzar por definir la población y sus necesidades. El anteproyecto de ley pretende invertir el orden y ajustar los servicios que se le darán a la población a las necesidades del mercado. Quedaría excluida de cualquier servicio de salud el 40% de la población que vive bajo la línea de la pobreza. En las áreas rurales casi el 70% de las familias se encuentra viviendo en la pobreza. Aún más, en las comarcas indígenas la pobreza castiga al 95% de la población.
El acceso a servicios de salud quedaría estratificado según las necesidades del mercado. En la parte más alta de la estructura social se colocarían los que tienen los ingresos para pagar todos los adelantos de la salud (5% de la población). Seguirían aquellos que podrían pagar algunos de los servicios y medicamentos (35%). El resto (60%) –pobres y casi pobres– quedarían con acceso muy limitado de servicios.
Para seguir con la privatización, el Gobierno propone introducir más reformas a la ley de la CSS. La reforma de 2006 traspasó la administración de los fondos de reserva de la institución a la banca privada nacional e internacional.
Las políticas gubernamentales están creando una situación peligrosa e insostenible en materia de salud.
*De la Universidad de Panamá e Investigador asociado del CELA).
