La privatización de Tocumen
Recordemos que la privatización de Tocumen la inició el gobierno anterior en septiembre de 1998. Dos meses después, precalificaron siete de las ocho empresas que se sometieron al proceso, con vínculos con países como Francia, Alemania, Austria, Italia, Estados Unidos y Canadá. Luego del proceso de homologación de contratos, se convocó a la licitación en julio de 1999. Por solicitud de la entonces Presidenta Electa, Mireya Moscoso, el acto se pospuso para octubre de 1999.
El nuevo gobierno en primera instancia indicó que consideraba que habían "algunas fallas" para posponer la licitación y en enero de 2000 se suspendió el proceso indefinidamente sin explicación alguna. Desde entonces, las empresas precalificadas han permanecido en ascuas, sin lograr que el Ministerio de Economía y Finanzas ni Proprivat, aclaren qué harán con el proyecto.
No se trata de una venta de activos sino de una concesión a 25 años para administrar, operar y desarrollar el aeropuerto. Tal cual fueron homologados los contratos, el Estado percibiría un canon fijo anual más un porcentaje de los ingresos brutos del operador y continuaría siendo responsable por los servicios de policía, migración, aduanas, salud, control de tránsito aéreo, cuarentena y la sección de servicios especiales para la Cancillería, entre otros.
La principal razón de los opositores al proyecto es que Tocumen es, actualmente, rentable. Pero lo es con aires acondicionados que se dañan con regularidad, con escaleras eléctricas que no trabajan, con mobiliario (sillas, escritorios, etc.) en estado decrépito e infraestructuras en evidente desmejora. Aún así, esa rentabilidad es la que ha atraído a operadores de primera que podrían producir hasta mayores ingresos.
Lo peor es que el gobierno no se ha dignado siquiera a dar una explicación oficial en relación con el proceso. Dice que lo hará, pero permanece la inercia. Mientras tanto, menguan las esperanzas de los posibles inversionistas, quienes anticipan que perderán los miles de dólares que han invertido en el proceso y los estudios necesarios para participar en el mismo, y se rehusan a invertir más. Esta incertidumbre es precisamente la que los ahuyenta, mientras el gobierno asume un cuestionable papel de no hacer ni dejar hacer, con una inmensa obra que requiere con urgencia que se le meta dinero, mucho dinero en mejoras.
El nuevo gobierno en primera instancia indicó que consideraba que habían "algunas fallas" para posponer la licitación y en enero de 2000 se suspendió el proceso indefinidamente sin explicación alguna. Desde entonces, las empresas precalificadas han permanecido en ascuas, sin lograr que el Ministerio de Economía y Finanzas ni Proprivat, aclaren qué harán con el proyecto.
No se trata de una venta de activos sino de una concesión a 25 años para administrar, operar y desarrollar el aeropuerto. Tal cual fueron homologados los contratos, el Estado percibiría un canon fijo anual más un porcentaje de los ingresos brutos del operador y continuaría siendo responsable por los servicios de policía, migración, aduanas, salud, control de tránsito aéreo, cuarentena y la sección de servicios especiales para la Cancillería, entre otros.
La principal razón de los opositores al proyecto es que Tocumen es, actualmente, rentable. Pero lo es con aires acondicionados que se dañan con regularidad, con escaleras eléctricas que no trabajan, con mobiliario (sillas, escritorios, etc.) en estado decrépito e infraestructuras en evidente desmejora. Aún así, esa rentabilidad es la que ha atraído a operadores de primera que podrían producir hasta mayores ingresos.
Lo peor es que el gobierno no se ha dignado siquiera a dar una explicación oficial en relación con el proceso. Dice que lo hará, pero permanece la inercia. Mientras tanto, menguan las esperanzas de los posibles inversionistas, quienes anticipan que perderán los miles de dólares que han invertido en el proceso y los estudios necesarios para participar en el mismo, y se rehusan a invertir más. Esta incertidumbre es precisamente la que los ahuyenta, mientras el gobierno asume un cuestionable papel de no hacer ni dejar hacer, con una inmensa obra que requiere con urgencia que se le meta dinero, mucho dinero en mejoras.
