La propuesta de los garantes
PRIMERO, LA PROPUESTA es para un sistema único de atención de salud y no un sistema de salud. La atención de salud es uno de los componentes que tiene la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (MINSA).
Eso significa que la CSS continuará existiendo y funcionando en lo que respecta a pensiones y jubilaciones, por la cual fue creada en 1941, y en cuanto a la responsabilidad de Riesgos Profesionales; o sea, que sus fondos financieros se mantienen en ella.
Por su parte, el MINSA seguirá existiendo y realizando sus funciones esenciales de rector, fiscalizador, promotor y de prevención de la salud.
Ambas instituciones fiscalizarán a la entidad que tendría la responsabilidad de brindar la atención de salud.
Un ejemplo de ese plan es lo que se dio, hace más o menos un año, cuando se unificó y concentró la función de capacitación que daba el IPAT, el Ministerio de Trabajo y otras entidades en una sola, llamada hoy INADEH, para dedicar mejores condiciones a la capacitación. Las otras instituciones pueden ejercer otras de sus funciones sin complicaciones. Ni el IPAT ni el MITRAB han desaparecido ni se han debilitado.
¿Por qué una entidad nueva en Salud? En el actual sistema, la atención de salud, en conjunto con las demás responsabilidades o funciones que tienen ambas instituciones, no se efectúa eficientemente, y son perjudicados otros componentes en el ramo.
Con la propuesta, el MINSA podrá concentrarse en su función esencial de rector y fiscalizador, de promoción y prevención de salud; y la CSS, en su función de pensiones y jubilaciones, como la de Riesgo Profesionales.
¿Será una entidad pública? Sí. Decir que la propuesta crea una entidad privada demuestra desconocimiento, o que se emite ese juicio con intención de confundir, u otra razón peor. Para ratificar lo que expongo, el Instituto Oncológico en Panamá, y en la ciudad de David (Chiriquí), los hospitales José Domingo De Obaldía y el Rafael Henández, son entidades de atención de salud que reciben financiamiento de la CSS y del MINSA, donde se atiende derechohabientes de la Caja y no asegurados, y no son entidades privadas. El caso del Hospital San Miguel Arcángel, que también recibe financiamiento de ambas instituciones, creó otra ley para realizar una gestión de contratación privada, y por tal razón desde un principio rechazamos esa fórmula.
El financiamiento es un punto que nos preocupó desde el primer momento, y fuimos bien claro con el Presidente de la República y el Ministro de Salud sobre ello. Expresamos que éste, por parte del Estado, debe ser sostenible. Segundo, no se le podía recargar financieramente a la CSS. En esta vía, hemos propuesto que el aporte del Estado debe ser como mínimo el valor per cápita que la Caja desembolse para su derecho habientes; es decir, tomando en referencia el gasto del año 2006: El gasto de la CSS por la atención de salud de sus derechohabientes fue de B/. 216.00 per cápita (esta cifra se obtiene dividiendo el gasto total entre todos los derechohabientes), entonces, el aporte del Estado por el millón 75 mil no asegurado, debe ser de B/. 216.00; o sea una suma de B/. 232 millones.
Las instalaciones prestadoras de la atención de salud de ambas instituciones permanecen bajo la propiedad de cada una de ellas y traspasan la administración.
Esa figura ya existe en el caso del H. Santo Tomás, cuyas instalaciones sólo están bajo la custodia administrativa del patronato, pero es propiedad del Estado.
¿Esta entidad creará nueva burocracia? No, porque absorberá a los funcionarios de las dos entidades, quienes seguirán gozando de su estabilidad y sus logros obtenidos.
Todo este proceso se realizará de forma gradual y por regiones, porque se tienen que hacer evaluaciones y ajustes según avance; lo que nos indica que, para completarse, llevará varios años. Durante esta transición, el MINSA y la CSS seguirán teniendo el componente de atención, que irá mejorando mientras lo van traspasando poco a poco.
Necesitamos instaurar un nuevo modelo de atención de salud, basado en la atención primaria, en la que la prevención sea la base y no la medicina curativa, como es ahora. Que esté sustentado por el médico cabecera-familiar, apoyado por todo el equipo de salud. Para que sea efectivo, tenemos que hacer el cambio de sistema expresado; de lo contrario, no sería eficaz ni eficiente.
Si un asegurado queda sin trabajo, no perdería su médico de cabecera-familiar, porque el Estado lo está cubriendo financieramente. De mantenerse el sistema actual, el derechohabiente no podría continuar su atención después del tiempo que lo cubre el seguro, y su familia quedaría desprotegida.
La atención de salud no está basado en su estatus laboral del derechohabiente, pero sí en la consolidación de las dos entidades.
Nuestra propuesta está orientada en comprometer al Estado a que asegure a todos los desprotegidos a tener un servicio de atención de salud. Así, el derecho universal a la atención de salud lo estaremos ejerciendo.
Eso significa que la CSS continuará existiendo y funcionando en lo que respecta a pensiones y jubilaciones, por la cual fue creada en 1941, y en cuanto a la responsabilidad de Riesgos Profesionales; o sea, que sus fondos financieros se mantienen en ella.
Por su parte, el MINSA seguirá existiendo y realizando sus funciones esenciales de rector, fiscalizador, promotor y de prevención de la salud.
Ambas instituciones fiscalizarán a la entidad que tendría la responsabilidad de brindar la atención de salud.
Un ejemplo de ese plan es lo que se dio, hace más o menos un año, cuando se unificó y concentró la función de capacitación que daba el IPAT, el Ministerio de Trabajo y otras entidades en una sola, llamada hoy INADEH, para dedicar mejores condiciones a la capacitación. Las otras instituciones pueden ejercer otras de sus funciones sin complicaciones. Ni el IPAT ni el MITRAB han desaparecido ni se han debilitado.
¿Por qué una entidad nueva en Salud? En el actual sistema, la atención de salud, en conjunto con las demás responsabilidades o funciones que tienen ambas instituciones, no se efectúa eficientemente, y son perjudicados otros componentes en el ramo.
Con la propuesta, el MINSA podrá concentrarse en su función esencial de rector y fiscalizador, de promoción y prevención de salud; y la CSS, en su función de pensiones y jubilaciones, como la de Riesgo Profesionales.
¿Será una entidad pública? Sí. Decir que la propuesta crea una entidad privada demuestra desconocimiento, o que se emite ese juicio con intención de confundir, u otra razón peor. Para ratificar lo que expongo, el Instituto Oncológico en Panamá, y en la ciudad de David (Chiriquí), los hospitales José Domingo De Obaldía y el Rafael Henández, son entidades de atención de salud que reciben financiamiento de la CSS y del MINSA, donde se atiende derechohabientes de la Caja y no asegurados, y no son entidades privadas. El caso del Hospital San Miguel Arcángel, que también recibe financiamiento de ambas instituciones, creó otra ley para realizar una gestión de contratación privada, y por tal razón desde un principio rechazamos esa fórmula.
El financiamiento es un punto que nos preocupó desde el primer momento, y fuimos bien claro con el Presidente de la República y el Ministro de Salud sobre ello. Expresamos que éste, por parte del Estado, debe ser sostenible. Segundo, no se le podía recargar financieramente a la CSS. En esta vía, hemos propuesto que el aporte del Estado debe ser como mínimo el valor per cápita que la Caja desembolse para su derecho habientes; es decir, tomando en referencia el gasto del año 2006: El gasto de la CSS por la atención de salud de sus derechohabientes fue de B/. 216.00 per cápita (esta cifra se obtiene dividiendo el gasto total entre todos los derechohabientes), entonces, el aporte del Estado por el millón 75 mil no asegurado, debe ser de B/. 216.00; o sea una suma de B/. 232 millones.
Las instalaciones prestadoras de la atención de salud de ambas instituciones permanecen bajo la propiedad de cada una de ellas y traspasan la administración.
Esa figura ya existe en el caso del H. Santo Tomás, cuyas instalaciones sólo están bajo la custodia administrativa del patronato, pero es propiedad del Estado.
¿Esta entidad creará nueva burocracia? No, porque absorberá a los funcionarios de las dos entidades, quienes seguirán gozando de su estabilidad y sus logros obtenidos.
Todo este proceso se realizará de forma gradual y por regiones, porque se tienen que hacer evaluaciones y ajustes según avance; lo que nos indica que, para completarse, llevará varios años. Durante esta transición, el MINSA y la CSS seguirán teniendo el componente de atención, que irá mejorando mientras lo van traspasando poco a poco.
Necesitamos instaurar un nuevo modelo de atención de salud, basado en la atención primaria, en la que la prevención sea la base y no la medicina curativa, como es ahora. Que esté sustentado por el médico cabecera-familiar, apoyado por todo el equipo de salud. Para que sea efectivo, tenemos que hacer el cambio de sistema expresado; de lo contrario, no sería eficaz ni eficiente.
Si un asegurado queda sin trabajo, no perdería su médico de cabecera-familiar, porque el Estado lo está cubriendo financieramente. De mantenerse el sistema actual, el derechohabiente no podría continuar su atención después del tiempo que lo cubre el seguro, y su familia quedaría desprotegida.
La atención de salud no está basado en su estatus laboral del derechohabiente, pero sí en la consolidación de las dos entidades.
Nuestra propuesta está orientada en comprometer al Estado a que asegure a todos los desprotegidos a tener un servicio de atención de salud. Así, el derecho universal a la atención de salud lo estaremos ejerciendo.
