La propuesta republicana sobre bases militares
La presentación de un proyecto de ley del congresista republicano Benjamin Gilman de Estados Unidos para la retención de las bases de Howard y otras por un período de quince años a cambio de la construcción de un segundo puente sobre el canal, becas por un valor de dos millones de dólares para estudiantes panameños, tratamiento arancelario preferencial para exportaciones de textiles y un tratamiento similar a otros productos panameños, aparece bajo un contexto político panameño poco favorable para el análisis objetivo de la propuesta.
Debe decirse en primer término que el proyecto de ley surge como una alternativa al cierre bilateral de las negociaciones para la instalación del Centro Multilateral Antidrogas. Una alternativa, ciertamente, más transparente y pragmática puesto que se reconoce que lo que buscan los republicanos son bases militares norteamericanas en territorio nacional y se acepta la contraprestación de compensaciones materiales a Panamá. Si desde el primer momento se hubieran planteado las cosas con esta claridad otro curso habrían tenido quizás las negociaciones. Pero de entrada Estados Unidos nos adelantó que no recibiríamos dinero ni ningún otro tipo de ventaja material, como esperaba buena parte de la comunidad panameña.
Si se planteara hipotéticamente la posibilidad de acuerdo sobre beneficios económicos habría que ponerse en la balanza la cuantía de la contraprestación norteamericana comparativamente con lo que se invertiría en hoteles, centros aeroportuarios de redistribución de mercancías, centros fabriles y otros rubros en las bases por iniciativa panameña. Hay expertos que aseveran que ganaríamos mucho más con inversiones privadas en esas áreas revertidas. Todo esto sin considerar obviamente lo que significaría la cesión de bases militares, tanto desde el punto de vista de soberanía constitucional como desde una perspectiva geopolítica.
Existen escollos constitucionales que vedan la cesión del territorio nacional a países extranjeros, menos aún con fines militares planteados con estrategias que, por no conocerse con claridad, motiva desconfianzas entre los vecinos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, a partir del último día de 1999, el canal estará regulado por un tratado de neutralidad, que lo inmuniza de conflagraciones bélicas como vía al servicio del transporte mundial, y esta condición no es compatible con la posible toma de posición con una potencia que poseería bases militares para cumplir su propia estrategia.
Estos y otros aspectos seguramente se debatirán con amplitud si llegara a plasmarse en ley formal lo que sólo es ahora un proyeto animado, indudablemente, de buena voluntad, pero con aristas nacionales que hay que sopesar cuidadosamente, con realismo, lucidez y coraje.
Debe decirse en primer término que el proyecto de ley surge como una alternativa al cierre bilateral de las negociaciones para la instalación del Centro Multilateral Antidrogas. Una alternativa, ciertamente, más transparente y pragmática puesto que se reconoce que lo que buscan los republicanos son bases militares norteamericanas en territorio nacional y se acepta la contraprestación de compensaciones materiales a Panamá. Si desde el primer momento se hubieran planteado las cosas con esta claridad otro curso habrían tenido quizás las negociaciones. Pero de entrada Estados Unidos nos adelantó que no recibiríamos dinero ni ningún otro tipo de ventaja material, como esperaba buena parte de la comunidad panameña.
Si se planteara hipotéticamente la posibilidad de acuerdo sobre beneficios económicos habría que ponerse en la balanza la cuantía de la contraprestación norteamericana comparativamente con lo que se invertiría en hoteles, centros aeroportuarios de redistribución de mercancías, centros fabriles y otros rubros en las bases por iniciativa panameña. Hay expertos que aseveran que ganaríamos mucho más con inversiones privadas en esas áreas revertidas. Todo esto sin considerar obviamente lo que significaría la cesión de bases militares, tanto desde el punto de vista de soberanía constitucional como desde una perspectiva geopolítica.
Existen escollos constitucionales que vedan la cesión del territorio nacional a países extranjeros, menos aún con fines militares planteados con estrategias que, por no conocerse con claridad, motiva desconfianzas entre los vecinos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, a partir del último día de 1999, el canal estará regulado por un tratado de neutralidad, que lo inmuniza de conflagraciones bélicas como vía al servicio del transporte mundial, y esta condición no es compatible con la posible toma de posición con una potencia que poseería bases militares para cumplir su propia estrategia.
Estos y otros aspectos seguramente se debatirán con amplitud si llegara a plasmarse en ley formal lo que sólo es ahora un proyeto animado, indudablemente, de buena voluntad, pero con aristas nacionales que hay que sopesar cuidadosamente, con realismo, lucidez y coraje.
