La PTJ al desnudo
Desde hace varias semanas hemos observado, a través de los medios de comunicación social, las publicaciones sobre el síndrome de la corrupción a lo interno de la Policía Técnica Judicial (PTJ). Esto, motivado por una serie de señalamientos mediante anonimatos hechos en contra de funcionarios de cierto nivel jerárquico dentro de la organización. Si bien es cierto, es necesaria una investigación de todos los cuestionamientos, a fin de aclarar la situación que pone en detrimento y tela de duda la credibilidad y confianza que deben prevalecer hacia una institución policial de esta naturaleza, debemos considerar también, la confianza, veracidad, honestidad y las intenciones que pretenden alcanzar estas aseveraciones, en el caso de que quienes estén detrás de esta cortina de humo, solo pretendan vengar frustaciones y no el deseo de engrandecer nuestra institucionalidad.
Es cierto que esta es una institución policial carente de muchos parámetros técnicos legales, que en cierta medida afectan su normal desenvolvimiento para el desarrollo de sus actividades, además de no contar con una política criminal definida en materia de organización, infraestructura, selección del recurso humano, y de una verdadera reglamentación en el manual descriptivo de cargos que defina, de una vez por todas, la autoridad y la responsabilidad que tienen cada uno de sus integrantes.
Con todos los defectos que se puedan atribuir a la PTJ, la verdad es que quienes asumimos el compromiso de pertenecer a ella con verdadera intención de servir a la comunidad, sacrificando aún el tiempo de dedicación a nuestras familias, a los estudios y a las actividades normales que desarrolla cualquier otro ciudadano común, no vemos esta actividad como una penitencia, sino por el contrario, nos nace el deseo de ser cada día mejores profesionales en esta prestigiosa actividad.
Hemos sido capaces de evaluarnos y corregir nuestros errores. También hemos sido capaces de depurarnos a lo interno, identificando a aquellos funcionarios que con sus actos deshonestos desvirtúan la confianza de autoridades y del público en general, logrando destituir y poner a órdenes de las autoridades competentes a muchos de ellos al haberse comprobado la comisión de un delito. No podemos negar, como tampoco lo podrá hacer ninguna policía en el mundo, que las garras tenebrosas del crimen organizado hayan logrado penetrar a funcionarios débiles en dignidad, en honradez y en valores cívicos que los convierten en partícipes o colaboradores de este flagelo. Sin embargo, luchamos día a día por combatir esta enfermedad y por inculcar en cada agente policial, verdaderos valores que los conviertan en funcionarios que gocen de la confianza ciudadana.
El país necesita confiar en sus autoridades policiales, principalmente en la Policía Técnica Judicial, que como brazo auxiliar del Organo Judicial realiza, por autoridad de la ley, las diligencias investigativas que conducen al esclarecimiento de los delitos. Por ello es necesario que se aclaren los señalamientos que hasta ahora se vienen haciendo en contra de muchos de sus componentes y se establezca si verdaderamente se cometieron irregularidades que puedan calificarse como faltas administrativas o delitos. En la medida en que esto ocurra, creemos que estamos haciendo patria y ello nos permitirá salvaguardar la imagen y proteger el deterioro a la institucionalidad de nuestra organización policial por el bien del país.
Al hablar un poco de nuestras interioridades podemos decir, sin temor a represalias, que nuestro sistema de administración tiene sus defectos, lo cual permite que a falta de una adecuada reglamentación algunas cosas se hagan utilizando el simple criterio de sus administradores. Citamos como ejemplo, la selección y nombramiento del recurso humano. Los procedimientos sin ninguna metodología para promociones y ascensos a sus funcionarios. La designación de cargos para ocupar las distintas jefaturas sin considerar la capacidad, los méritos y la experiencia necesaria para el manejo de estos despachos investigativos. La carente o deficiente capacitación académica y permanente para el personal activo de la institución, y los factores de motivación que garanticen la protección de los valores en el recurso humano. Tan simples, pero que al parecer por falta de una reglamentación, vienen creando discrepancias entre sus integrantes.
Somos del criterio que la Policía Técnica Judicial no requiere de cambios en el contenido de su ley para el manejo administrativo funcional. La designación de sus cargos directivos y la potestad del Director General para nombrar o destituir prevalecen sobre los factores en conflicto. Lo que requiere la institución es el apoyo técnico de las autoridades que tienen que ver con el concepto favorable para mejorar su presupuesto institucional y permitir verdaderamente el desarrollo de este organismo policial al nivel de cualquier organismo investigativo internacional.
Finalizo mis comentarios, agradeciendo a todos aquellos que de alguna u otra manera han hecho con civismo, honestidad y verdadero sentido de responsabilidad sus denuncias, solicitando a su vez, que con el mismo ímpetu en que se iniciaron los señalamientos en contra de la institución policial, se den a conocer los resultados de las investigaciones que desarrollan las autoridades designadas y de esta manera podamos limpiar la imagen y defender la institucionalidad de esta organización policial, que mantiene entre sus componentes verdaderos rofesionales con cualidades de amor a la patria, honradez, integridad, respeto a la dignidad humana y el compromiso de servir a la comunidad.
Este compromiso incluiría resaltar la figura de mujeres que históricamente habían contribuido a esa participación política y que de alguna manera habían ayudado a la consolidación nacional, como es el caso de Sara Sotillo, Gumercinda Páez, Clara González y otras tantas.
Su tarea inició con la organización de concursos de oratoria, que luego se fortalece cuando un grupo de estudiantes la invita a dar una conferencia sobre Clara González, dentro del marco de conmemoración de su natalicio. Pero el homenaje a esta mujer cobró mayor auge el pasado 8 de marzo cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer y se dieron una serie de actividades destacando sus aportes al país.
La idea de un monumento a esta figura surge precisamente porque en el ambiente estaba la inquietud de que a Clara González debía hacérsele un reconocimiento que durara, para sumarse a los libros e investigaciones que se han escrito sobre su vida y obra. La vicedecana Turner sumó en esta labor a un grupo de estudiantes responsables, con ganas de trabajar y con desbordantes conocimientos.
Dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas el proyecto y homenaje ha tenido en el decano Francisco Miranda un obstáculo, según palabras de la propia Turner.
Sus diferencias de naturaleza "política" con el decano afectaron igualmente la propuesta del monumento, ya que a pesar de haberse llegado a un acuerdo con Miranda para realizar una campaña de divulgación sobre la vida de la conocida abogada y política, Turner ha sido acusada de "corrupta y estafadora" por recoger fondos para la escultura.
Aclaró que el dinero recaudado fue para la compra de materiales, placas y actos especiales, ya que el artista prácticamente regaló su trabajo. "La facultad genera fondos de autogestión y no hemos visto un solo centésimo, sino que hemos estado recogiendo donaciones privadas", precisó la vicedecana.
Esta académica también detalló, un tanto consternada, que incluso circuló una volante en la que se decía que el monumento no debía ponerse en la Facultad de Derecho porque doña Clara "no había sido educadora, sino perseguidora de estudiantes y que no merecía ser homenajeada porque fue anticomunista y una serie de epítetos en su contra".
Anayansi Turner aclaró que Clara González tuvo un política humanista y una vocación de docente como lo confirman los testimonios de personas y las biografías que se han escrito de ella.
"La presidenta (Mireya Moscoso) ha reinvindicado su figura; tanto tirios como troyanos han reinvindicado su figura a tal punto que el distinguido historiador y abogado Diógenes de la Rosa dijo que ha sido la Mujer del Siglo".
La placa que será develada hoy tiene grabado como mensaje: "Clara González de Behringer, la Mujer del Centenario de la República". Incluso en la Facultad de Derecho hay una placa que la reconoce como la primera mujer abogada de Panamá.
La abogada, escritora, feminista y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia¸ Mariblanca Staff Wilson, en un artículo titulado "Género y Abogacía" destaca parte de la vida y obra de doña Clara González de Behringer y que hoy resumimos en esta columna.
Clara González: abogada, educadora, feminista y política panameña, nació el 11 de septiembre de 1900 en Remedios, provincia de Chiriquí. En 1918 obtuvo el diploma de maestra de primera enseñanza. De 1919 a 1922 realizó estudios en la Escuela Nacional de Derecho, convirtiéndose en 1922 a la edad de 23 años, no sólo en la primera mujer universitaria, sino en la primera abogada panameña, al obtener el título de Licenciada en Derecho.
Luego de graduarse, Clara no pudo ejercer la profesión de abogada, toda vez que existía una ley que le impedía ejercer la abogacía a las mujeres. Durante dicho intervalo de tiempo, trabajó como profesora en un centro educativo.
222 Hoy en horas de la mañana, el Vicedecanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá rendirá un tributo a la primera mujer universitaria y abogada, con un monumento que quedará para la posteridad.
El 8 de diciembre de 1922, formó junto a Sara Sotillo, Elida de Crespo, Enriqueta Morales, Sara Barrera, Rosa Navas y otras mujeres, en su mayoría educadoras, el movimiento femenino que se denominó "Renovación", cuyo principal objetivo fue el de ganar adeptas y el apoyo de personalidades masculinas para la reforma de las leyes civiles y políticas a favor de la igualdad de la mujer y presentar a la Asamblea un proyecto de ley sobre el voto femenino.
En 1923 fundó el Partido Nacional Feminista; partido que luchó durante dos décadas por la igualdad legal y política de las mujeres y por su emancipación social, cultural y económica. Fue gracias al gran trabajo realizado por Clara y las mujeres que la acompañaron, que en 1946 la panameñas obtuvieron parcialmente el voto y la igualdad de derechos políticos. También en 1923 esta mujer, junto a sus compañeras del Partido Nacional Feminista, fundó la Escuela de Cultura Femenina, el primer centro de esta naturaleza para mujeres que existió hasta 1930.
En 1927, obtuvo una beca y viajó a Estados Unidos para proseguir estudios de postgrado en la Universidad de Nueva York y en 1929 obtuvo el diploma de doctora en leyes, siendo la primera mujer en Latinoamérica en ostentar tal título.
En 1940, se casó con un ingeniero norteamericano, Charles Behringer, quien laboraba en la Zona del Canal y aunque no tuvo descendencia con él, su cariño de madre lo volcó sobre sus sobrinos y sobrinas.
En julio de 1942, Clara colaboró en la redacción de un Decreto, que creó el Instituto de Vigilancia y Protección del Niño, el Departamento de Corrección y una Clínica Psiquiátrica Móvil. También ese año, el gobierno la envió a Estados Unidos, como integrante de una comisión, a cursar estudios sobre delincuencia juvenil, sobre instituciones de menores y sobre régimen penitenciario y a su regreso al país, fue designada Comisionada General del Instituto del Niño.
El 31 de diciembre 1944, fundó el Partido "Unión Nacional de Mujeres", teniendo destacadas dirigentes como Josefina Oller, Guillermina de Casco Díaz, Magdalena de Briceño, Stella Sierra, Gumercinda Páez y otras; establecieron escuelas de ciudadanía y centros populares de cultura en diversos barrios y además lucharon por el pleno derecho de las mujeres al sufragio, lo que finalmente lograron en 1946 cuando se promulgó la nueva Constitución panameña.
En 1945 Clara González fue postulada por el Partido Liberal Renovador, como candidata a diputada de la Asamblea Constituyente. De 1945 a 1946, doña Clara ejerció el cargo de Viceministra de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública, convirtiéndose en una de las primeras abogadas en ocupar un alto cargo en el gobierno. En las elecciones presidenciales del año 1948, Clara fue candidata a la segunda Vicepresidencia de la República por el Partido Liberal Renovador.
En 1951 presentó la ley que dio lugar a la creación del Tribunal Tutelar de Menores y fue elegida por la Corte Suprema de Justicia, como la primera Jueza de Menores, ejerciendo dicho cargo durante 13 años. Bajo su dirección se organizó esta entidad, la que lleva su nombre; institución en la que realizó una extraordinaria y fructífera labor social.
De 1931 a 1959, fue representante destacada de diversas organizaciones internacionales y participó en un gran número de congresos mundiales de la Federación de Abogadas, del Consejo Nacional del Crimen y de la Delincuencia de Estados Unidos, de los Congresos Panamericanos del Niño y de Asistencia social. Fue también fundadora de otras asociaciones de mujeres, como el Club de Mujeres Soroptimistas y la Unión Nacional de Mujeres Universitarias y fue objeto de numerosas distinciones, honores y premios en el ámbito nacional e internacional.
Dentro de su trayectoria tiene también, el ser la primera representante panameña en la Comisión Interamericana de Mujeres de 1929 a 1936; el haber colaborado en la creación de la Caja de Ahorros y en la organización del sistema penitenciario panameño.
Entre las publicaciones de Clara destacan de 1923 a 1927, diversos artículos en la revista Orientación Femenina; El Programa del Pensum Académico de la Escuela de Cultura Femenina (1924), muestra su influencia de avanzada. En 1926 escribió "La instrucción cívica en las escuelas secundarias de Panamá"; en 1930, "Las cortes juveniles y el sistema de libertad vigilada"; en 1956 "La reforma penitenciaria". Se jubiló en el año de 1964 retirándose de la vida pública y murió el 11 de febrero de 1990, a la avanzada edad de 89 años.
Es cierto que esta es una institución policial carente de muchos parámetros técnicos legales, que en cierta medida afectan su normal desenvolvimiento para el desarrollo de sus actividades, además de no contar con una política criminal definida en materia de organización, infraestructura, selección del recurso humano, y de una verdadera reglamentación en el manual descriptivo de cargos que defina, de una vez por todas, la autoridad y la responsabilidad que tienen cada uno de sus integrantes.
Con todos los defectos que se puedan atribuir a la PTJ, la verdad es que quienes asumimos el compromiso de pertenecer a ella con verdadera intención de servir a la comunidad, sacrificando aún el tiempo de dedicación a nuestras familias, a los estudios y a las actividades normales que desarrolla cualquier otro ciudadano común, no vemos esta actividad como una penitencia, sino por el contrario, nos nace el deseo de ser cada día mejores profesionales en esta prestigiosa actividad.
Hemos sido capaces de evaluarnos y corregir nuestros errores. También hemos sido capaces de depurarnos a lo interno, identificando a aquellos funcionarios que con sus actos deshonestos desvirtúan la confianza de autoridades y del público en general, logrando destituir y poner a órdenes de las autoridades competentes a muchos de ellos al haberse comprobado la comisión de un delito. No podemos negar, como tampoco lo podrá hacer ninguna policía en el mundo, que las garras tenebrosas del crimen organizado hayan logrado penetrar a funcionarios débiles en dignidad, en honradez y en valores cívicos que los convierten en partícipes o colaboradores de este flagelo. Sin embargo, luchamos día a día por combatir esta enfermedad y por inculcar en cada agente policial, verdaderos valores que los conviertan en funcionarios que gocen de la confianza ciudadana.
El país necesita confiar en sus autoridades policiales, principalmente en la Policía Técnica Judicial, que como brazo auxiliar del Organo Judicial realiza, por autoridad de la ley, las diligencias investigativas que conducen al esclarecimiento de los delitos. Por ello es necesario que se aclaren los señalamientos que hasta ahora se vienen haciendo en contra de muchos de sus componentes y se establezca si verdaderamente se cometieron irregularidades que puedan calificarse como faltas administrativas o delitos. En la medida en que esto ocurra, creemos que estamos haciendo patria y ello nos permitirá salvaguardar la imagen y proteger el deterioro a la institucionalidad de nuestra organización policial por el bien del país.
Al hablar un poco de nuestras interioridades podemos decir, sin temor a represalias, que nuestro sistema de administración tiene sus defectos, lo cual permite que a falta de una adecuada reglamentación algunas cosas se hagan utilizando el simple criterio de sus administradores. Citamos como ejemplo, la selección y nombramiento del recurso humano. Los procedimientos sin ninguna metodología para promociones y ascensos a sus funcionarios. La designación de cargos para ocupar las distintas jefaturas sin considerar la capacidad, los méritos y la experiencia necesaria para el manejo de estos despachos investigativos. La carente o deficiente capacitación académica y permanente para el personal activo de la institución, y los factores de motivación que garanticen la protección de los valores en el recurso humano. Tan simples, pero que al parecer por falta de una reglamentación, vienen creando discrepancias entre sus integrantes.
Somos del criterio que la Policía Técnica Judicial no requiere de cambios en el contenido de su ley para el manejo administrativo funcional. La designación de sus cargos directivos y la potestad del Director General para nombrar o destituir prevalecen sobre los factores en conflicto. Lo que requiere la institución es el apoyo técnico de las autoridades que tienen que ver con el concepto favorable para mejorar su presupuesto institucional y permitir verdaderamente el desarrollo de este organismo policial al nivel de cualquier organismo investigativo internacional.
Finalizo mis comentarios, agradeciendo a todos aquellos que de alguna u otra manera han hecho con civismo, honestidad y verdadero sentido de responsabilidad sus denuncias, solicitando a su vez, que con el mismo ímpetu en que se iniciaron los señalamientos en contra de la institución policial, se den a conocer los resultados de las investigaciones que desarrollan las autoridades designadas y de esta manera podamos limpiar la imagen y defender la institucionalidad de esta organización policial, que mantiene entre sus componentes verdaderos rofesionales con cualidades de amor a la patria, honradez, integridad, respeto a la dignidad humana y el compromiso de servir a la comunidad.
Este compromiso incluiría resaltar la figura de mujeres que históricamente habían contribuido a esa participación política y que de alguna manera habían ayudado a la consolidación nacional, como es el caso de Sara Sotillo, Gumercinda Páez, Clara González y otras tantas.
Su tarea inició con la organización de concursos de oratoria, que luego se fortalece cuando un grupo de estudiantes la invita a dar una conferencia sobre Clara González, dentro del marco de conmemoración de su natalicio. Pero el homenaje a esta mujer cobró mayor auge el pasado 8 de marzo cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer y se dieron una serie de actividades destacando sus aportes al país.
La idea de un monumento a esta figura surge precisamente porque en el ambiente estaba la inquietud de que a Clara González debía hacérsele un reconocimiento que durara, para sumarse a los libros e investigaciones que se han escrito sobre su vida y obra. La vicedecana Turner sumó en esta labor a un grupo de estudiantes responsables, con ganas de trabajar y con desbordantes conocimientos.
Dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas el proyecto y homenaje ha tenido en el decano Francisco Miranda un obstáculo, según palabras de la propia Turner.
Sus diferencias de naturaleza "política" con el decano afectaron igualmente la propuesta del monumento, ya que a pesar de haberse llegado a un acuerdo con Miranda para realizar una campaña de divulgación sobre la vida de la conocida abogada y política, Turner ha sido acusada de "corrupta y estafadora" por recoger fondos para la escultura.
Aclaró que el dinero recaudado fue para la compra de materiales, placas y actos especiales, ya que el artista prácticamente regaló su trabajo. "La facultad genera fondos de autogestión y no hemos visto un solo centésimo, sino que hemos estado recogiendo donaciones privadas", precisó la vicedecana.
Esta académica también detalló, un tanto consternada, que incluso circuló una volante en la que se decía que el monumento no debía ponerse en la Facultad de Derecho porque doña Clara "no había sido educadora, sino perseguidora de estudiantes y que no merecía ser homenajeada porque fue anticomunista y una serie de epítetos en su contra".
Anayansi Turner aclaró que Clara González tuvo un política humanista y una vocación de docente como lo confirman los testimonios de personas y las biografías que se han escrito de ella.
"La presidenta (Mireya Moscoso) ha reinvindicado su figura; tanto tirios como troyanos han reinvindicado su figura a tal punto que el distinguido historiador y abogado Diógenes de la Rosa dijo que ha sido la Mujer del Siglo".
La placa que será develada hoy tiene grabado como mensaje: "Clara González de Behringer, la Mujer del Centenario de la República". Incluso en la Facultad de Derecho hay una placa que la reconoce como la primera mujer abogada de Panamá.
La abogada, escritora, feminista y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia¸ Mariblanca Staff Wilson, en un artículo titulado "Género y Abogacía" destaca parte de la vida y obra de doña Clara González de Behringer y que hoy resumimos en esta columna.
Clara González: abogada, educadora, feminista y política panameña, nació el 11 de septiembre de 1900 en Remedios, provincia de Chiriquí. En 1918 obtuvo el diploma de maestra de primera enseñanza. De 1919 a 1922 realizó estudios en la Escuela Nacional de Derecho, convirtiéndose en 1922 a la edad de 23 años, no sólo en la primera mujer universitaria, sino en la primera abogada panameña, al obtener el título de Licenciada en Derecho.
Luego de graduarse, Clara no pudo ejercer la profesión de abogada, toda vez que existía una ley que le impedía ejercer la abogacía a las mujeres. Durante dicho intervalo de tiempo, trabajó como profesora en un centro educativo.
222 Hoy en horas de la mañana, el Vicedecanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá rendirá un tributo a la primera mujer universitaria y abogada, con un monumento que quedará para la posteridad.
El 8 de diciembre de 1922, formó junto a Sara Sotillo, Elida de Crespo, Enriqueta Morales, Sara Barrera, Rosa Navas y otras mujeres, en su mayoría educadoras, el movimiento femenino que se denominó "Renovación", cuyo principal objetivo fue el de ganar adeptas y el apoyo de personalidades masculinas para la reforma de las leyes civiles y políticas a favor de la igualdad de la mujer y presentar a la Asamblea un proyecto de ley sobre el voto femenino.
En 1923 fundó el Partido Nacional Feminista; partido que luchó durante dos décadas por la igualdad legal y política de las mujeres y por su emancipación social, cultural y económica. Fue gracias al gran trabajo realizado por Clara y las mujeres que la acompañaron, que en 1946 la panameñas obtuvieron parcialmente el voto y la igualdad de derechos políticos. También en 1923 esta mujer, junto a sus compañeras del Partido Nacional Feminista, fundó la Escuela de Cultura Femenina, el primer centro de esta naturaleza para mujeres que existió hasta 1930.
En 1927, obtuvo una beca y viajó a Estados Unidos para proseguir estudios de postgrado en la Universidad de Nueva York y en 1929 obtuvo el diploma de doctora en leyes, siendo la primera mujer en Latinoamérica en ostentar tal título.
En 1940, se casó con un ingeniero norteamericano, Charles Behringer, quien laboraba en la Zona del Canal y aunque no tuvo descendencia con él, su cariño de madre lo volcó sobre sus sobrinos y sobrinas.
En julio de 1942, Clara colaboró en la redacción de un Decreto, que creó el Instituto de Vigilancia y Protección del Niño, el Departamento de Corrección y una Clínica Psiquiátrica Móvil. También ese año, el gobierno la envió a Estados Unidos, como integrante de una comisión, a cursar estudios sobre delincuencia juvenil, sobre instituciones de menores y sobre régimen penitenciario y a su regreso al país, fue designada Comisionada General del Instituto del Niño.
El 31 de diciembre 1944, fundó el Partido "Unión Nacional de Mujeres", teniendo destacadas dirigentes como Josefina Oller, Guillermina de Casco Díaz, Magdalena de Briceño, Stella Sierra, Gumercinda Páez y otras; establecieron escuelas de ciudadanía y centros populares de cultura en diversos barrios y además lucharon por el pleno derecho de las mujeres al sufragio, lo que finalmente lograron en 1946 cuando se promulgó la nueva Constitución panameña.
En 1945 Clara González fue postulada por el Partido Liberal Renovador, como candidata a diputada de la Asamblea Constituyente. De 1945 a 1946, doña Clara ejerció el cargo de Viceministra de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública, convirtiéndose en una de las primeras abogadas en ocupar un alto cargo en el gobierno. En las elecciones presidenciales del año 1948, Clara fue candidata a la segunda Vicepresidencia de la República por el Partido Liberal Renovador.
En 1951 presentó la ley que dio lugar a la creación del Tribunal Tutelar de Menores y fue elegida por la Corte Suprema de Justicia, como la primera Jueza de Menores, ejerciendo dicho cargo durante 13 años. Bajo su dirección se organizó esta entidad, la que lleva su nombre; institución en la que realizó una extraordinaria y fructífera labor social.
De 1931 a 1959, fue representante destacada de diversas organizaciones internacionales y participó en un gran número de congresos mundiales de la Federación de Abogadas, del Consejo Nacional del Crimen y de la Delincuencia de Estados Unidos, de los Congresos Panamericanos del Niño y de Asistencia social. Fue también fundadora de otras asociaciones de mujeres, como el Club de Mujeres Soroptimistas y la Unión Nacional de Mujeres Universitarias y fue objeto de numerosas distinciones, honores y premios en el ámbito nacional e internacional.
Dentro de su trayectoria tiene también, el ser la primera representante panameña en la Comisión Interamericana de Mujeres de 1929 a 1936; el haber colaborado en la creación de la Caja de Ahorros y en la organización del sistema penitenciario panameño.
Entre las publicaciones de Clara destacan de 1923 a 1927, diversos artículos en la revista Orientación Femenina; El Programa del Pensum Académico de la Escuela de Cultura Femenina (1924), muestra su influencia de avanzada. En 1926 escribió "La instrucción cívica en las escuelas secundarias de Panamá"; en 1930, "Las cortes juveniles y el sistema de libertad vigilada"; en 1956 "La reforma penitenciaria". Se jubiló en el año de 1964 retirándose de la vida pública y murió el 11 de febrero de 1990, a la avanzada edad de 89 años.
