La quinta candidata
La irrupción de la Presidenta de la República, acompañada de un tropel de funcionarios de alta jerarquía en la administración del Estado, a las oficinas centrales del Tribunal Electoral -donde era aguardada por los tres rectores del mismo y hasta del propio Fiscal Electoral-, no debe pasar inadvertida por su alcance y su significado: mientras el país nacional pide una quinta papeleta, el país político nos impone -poco a poco- una quinta candidata.
Inconmovible por las críticas e imperturbable ante los indicadores de una situación social, económica y política que rueda rápidamente hacia una absoluta insolvencia, el Organo Ejecutivo, con la Presidenta (de todos los panameños) de "cantalante", está persuadido que es poseedor absoluto del monopolio de la verdad y de la virtud de beneficiarse de los sacrificios y angustias que vive la inmensa mayoría nacional; pero que sus augustas personas son inmunes a la crítica y a los errores. Es más, conocedores agudos de la leal oposición de la nueva nomenclatura del PRD, quieren hacernos creer que pueden seguir pontificando en abstracto -con sus acólitos del Tribunal Electoral- sobre materia electoral o sobre asuntos en los que el Gobierno ha errado insistentemente.
El discurso, así como las entrevistas a los medios de comunicación o las participaciones públicas de los ministros y de la Presidenta, presume que nadie en Panamá se da cuenta de la contradicción que hay entre lo que dicen y lo que hacen, entre su "denuncia a la corrupción (del PARKLACEN, por ejemplo), y el amparo decidido y activo del Gobierno y los partidos políticos a los corruptos.
La palabra Gobierno tiene su origen en el latín gubernaculum, que describe el timón de una nave. El timón del gobierno es el que le marca el rumbo a la nave del Estado hacia un destino determinado. Tras casi cuatro años y medio en el poder, el rumbo y el destino del actual gobierno es el de llevarnos hacia una catástrofe, como lo revela su comportamiento -y el de sus aliados del Pacto MAMI- en materia del llamado proselitismo electoral. Para ello se apoyan en la frágil institucionalidad y su inclinada aversión a construir un país realmente democrático, que se manifiesta en el interés personal de no servir al Estado, sino servirse de él.
Si el artículo 130 de la Carta Fundamental dice: "Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Se prohíben: 1.- El apoyo oficial directo o indirecto a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios a tal fin..." , ¿por qué entonces se viola, con premeditación, dolo y alevosía, mediante Decreto Nº 20 de 23 de junio de 2003, de los "prohombres" del Tribunal Electoral, dicha disposición constitucional?
El natural, higiénico, e ineluctable mandato que representa un principio esencial de transparencia en un proceso eleccionario que tiene que ser libre, igual, universal, secreto y directo; además de desprovisto de toda coacción, coerción e intimidación es totalmente desnaturalizado, para dar paso a una subliminal candidatura que no busca otra cosa que la distorsión, la contaminación del ambiente electorero, para llevarlo por las agitadas aguas del fraude, en la cual saben navegar los unos y los otros.
Jamás ha ocurrido en la historia electoral republicana que un presidente, hoy presidenta, participe abiertamente en un proceso eleccionario, apoyando y arengando a favor del candidato presidencial de su partido, inclusive manipulando la selección de éste como candidato. De hecho y de derecho, el proceso electoral para la elección del 2 de mayo de 2004 está viciado. Aunque los magistrados del Tribunal Electoral quieran argumentar interpretaciones imposibles de compartir, ni siquiera de introducir elementos para un mínimo debate.
Aún dentro de la absurda interpretación de que la Presidenta cumple jornada de trabajo de ocho horas al día, de lunes a viernes, se empaquetan en la bandeja de reciclaje todo lo que prohíbe el Art.130 de la Constitución, y que no hace diferencia a jornadas de trabajo: "Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio", mandata la norma superior vigente. ¿Será ello posible con las participaciones políticas a favor de un candidato presidencial por parte de la Presidenta, y en cadena serial por sus ministros y demás autoridades y funcionarios? ¿Será ello posible con la actitud y la patente de corso que le han conferido para esta participación en la campaña política los honorabilísimos magistrados del Tribunal Electoral? ¿Están realmente, los señores magistrados comprometidos en garantizar la libertad, honradez, transparencia del proceso electoral 2004 y de la propia elección? Ello saben -mejor que nosotros- y de manera inequívoca, sin necesidad de interpretación alguna, que el Presidente de la República no puede apoyar a candidato alguno. A los magistrados del Tribunal Electoral les cabrá la responsabilidad de lo que nos deparen futuras elecciones. ¿Cómo harán para que en el mañana electoral no continúe esto o vengan peores cosas?
Si las interpretaciones son el resultado de temores ante insinuaciones palaciegas y situaciones particulares, entonces, ¡qué triste ha de ser verse forzado a una quinta candidata en reemplazo de la quinta papeleta, y qué tragedia para los panameños!
Inconmovible por las críticas e imperturbable ante los indicadores de una situación social, económica y política que rueda rápidamente hacia una absoluta insolvencia, el Organo Ejecutivo, con la Presidenta (de todos los panameños) de "cantalante", está persuadido que es poseedor absoluto del monopolio de la verdad y de la virtud de beneficiarse de los sacrificios y angustias que vive la inmensa mayoría nacional; pero que sus augustas personas son inmunes a la crítica y a los errores. Es más, conocedores agudos de la leal oposición de la nueva nomenclatura del PRD, quieren hacernos creer que pueden seguir pontificando en abstracto -con sus acólitos del Tribunal Electoral- sobre materia electoral o sobre asuntos en los que el Gobierno ha errado insistentemente.
El discurso, así como las entrevistas a los medios de comunicación o las participaciones públicas de los ministros y de la Presidenta, presume que nadie en Panamá se da cuenta de la contradicción que hay entre lo que dicen y lo que hacen, entre su "denuncia a la corrupción (del PARKLACEN, por ejemplo), y el amparo decidido y activo del Gobierno y los partidos políticos a los corruptos.
La palabra Gobierno tiene su origen en el latín gubernaculum, que describe el timón de una nave. El timón del gobierno es el que le marca el rumbo a la nave del Estado hacia un destino determinado. Tras casi cuatro años y medio en el poder, el rumbo y el destino del actual gobierno es el de llevarnos hacia una catástrofe, como lo revela su comportamiento -y el de sus aliados del Pacto MAMI- en materia del llamado proselitismo electoral. Para ello se apoyan en la frágil institucionalidad y su inclinada aversión a construir un país realmente democrático, que se manifiesta en el interés personal de no servir al Estado, sino servirse de él.
Si el artículo 130 de la Carta Fundamental dice: "Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Se prohíben: 1.- El apoyo oficial directo o indirecto a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios a tal fin..." , ¿por qué entonces se viola, con premeditación, dolo y alevosía, mediante Decreto Nº 20 de 23 de junio de 2003, de los "prohombres" del Tribunal Electoral, dicha disposición constitucional?
El natural, higiénico, e ineluctable mandato que representa un principio esencial de transparencia en un proceso eleccionario que tiene que ser libre, igual, universal, secreto y directo; además de desprovisto de toda coacción, coerción e intimidación es totalmente desnaturalizado, para dar paso a una subliminal candidatura que no busca otra cosa que la distorsión, la contaminación del ambiente electorero, para llevarlo por las agitadas aguas del fraude, en la cual saben navegar los unos y los otros.
Jamás ha ocurrido en la historia electoral republicana que un presidente, hoy presidenta, participe abiertamente en un proceso eleccionario, apoyando y arengando a favor del candidato presidencial de su partido, inclusive manipulando la selección de éste como candidato. De hecho y de derecho, el proceso electoral para la elección del 2 de mayo de 2004 está viciado. Aunque los magistrados del Tribunal Electoral quieran argumentar interpretaciones imposibles de compartir, ni siquiera de introducir elementos para un mínimo debate.
Aún dentro de la absurda interpretación de que la Presidenta cumple jornada de trabajo de ocho horas al día, de lunes a viernes, se empaquetan en la bandeja de reciclaje todo lo que prohíbe el Art.130 de la Constitución, y que no hace diferencia a jornadas de trabajo: "Las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio", mandata la norma superior vigente. ¿Será ello posible con las participaciones políticas a favor de un candidato presidencial por parte de la Presidenta, y en cadena serial por sus ministros y demás autoridades y funcionarios? ¿Será ello posible con la actitud y la patente de corso que le han conferido para esta participación en la campaña política los honorabilísimos magistrados del Tribunal Electoral? ¿Están realmente, los señores magistrados comprometidos en garantizar la libertad, honradez, transparencia del proceso electoral 2004 y de la propia elección? Ello saben -mejor que nosotros- y de manera inequívoca, sin necesidad de interpretación alguna, que el Presidente de la República no puede apoyar a candidato alguno. A los magistrados del Tribunal Electoral les cabrá la responsabilidad de lo que nos deparen futuras elecciones. ¿Cómo harán para que en el mañana electoral no continúe esto o vengan peores cosas?
Si las interpretaciones son el resultado de temores ante insinuaciones palaciegas y situaciones particulares, entonces, ¡qué triste ha de ser verse forzado a una quinta candidata en reemplazo de la quinta papeleta, y qué tragedia para los panameños!
