La realidad de la forestación en Panamá
La actividad agroforestal es mucho más que cortar árboles y transportar tucas de madera; la figura representativa de esta labor debe incluir inversionistas que se arriesgan, banqueros que financian, ingenieros que analizan las variables, trabajadores que mantienen las fincas, comerciantes que venden productos y las mismas autoridades que regulan el desarrollo del sector. Pero debido a la falta de una visión clara y de largo alcance del gobierno, todos estos elementos corren peligro de ver la agroforestación reducida a los niveles de 200 hectáreas sembradas anuales, similar a lo que se hacía durante los años improductivos de la dictadura. Hoy día, se ha perdido la confianza en un sector que tenía sus expectativas en los incentivos que se crearon por ley para fomentar su crecimiento.
La actividad agroforestal tiene varios mitos que romper. A los forestadores se les tilda de deforestar los bosques para fines de lucro. Pero la realidad es diferente. La deforestación es causada en gran parte por la expansión de la frontera agrícola; sólo el 3% de los árboles que se cortan todos los años se debe a la industria maderera. Hay que comprender que cuando se corta un bosque para hacer un potrero o para fines agrícolas, la consecuencia es que allí sólo crecerá hierba, habrá erosión y el nivel de empleos se reducirá significativamente.
La industria forestal es una solución al problema del desempleo en Panamá. La actividad genera 10 veces más que la ganadería y cuatro veces más que la agricultura. Pero en la práctica vemos cómo el gobierno hace lo imposible para evitar el despegue definitivo de la actividad forestal. Con la excusa de proteger el ambiente, se están tomando decisiones sin conocimiento y sin consideraciones científicas propias del sector. Refugiarse en un ambientalismo lírico es incongruente con la visión de generar empleos para el país. Fomentar la reforestación a nivel rural es una respuesta a la pobreza y al desempleo. Y lo más importante es que las fuentes de trabajo permanecen en el campo.
El gobierno no debe ni puede darse el lujo de perder para siempre el auge forestal. Es necesario evaluar el sector dentro del contexto de la globalización. No es lógico que en la realidad se cuatripliquen las importaciones de muebles y acabados de madera, y por otro lado se obstaculicen las concesiones forestales y se suplanten por licencias que se otorgan con menos rigor y más corrupción.
La ley ambiental se creó supuestamente para incentivar, pero en la actualidad es utilizada coercitivamente. Asimismo la ANAM fue creada para facilitar y promover la actividad, pero lo que existe en la práctica es que se ha constituido en un ente obstaculizante, burocratizante, inoperante y quasi-policial.
Para que Panamá aproveche sus ventajas comparativas, el gobierno debe poner en práctica criterios claros de hacia dónde quiere ir. Es importante delimitar la cancha, dictar las reglas del juego y no cambiarlas todos los años. Las autoridades deben respaldar la Ley 24 y el Decreto 89 y promover los incentivos a la reforestación; hay que rediseñar la política arancelaria para que exista igualdad de condiciones; la ANAM no puede ser juez y parte, y no debe posicionarse como un ente de castigo; el gobierno no puede utilizar a la ANAM para favorecer el clientelismo ni tampoco para perseguir a nadie. Muy por el contrario, debe crear un clima que favorezca los incentivos a la inversión. Sólo así habrá prosperidad.
La actividad agroforestal tiene varios mitos que romper. A los forestadores se les tilda de deforestar los bosques para fines de lucro. Pero la realidad es diferente. La deforestación es causada en gran parte por la expansión de la frontera agrícola; sólo el 3% de los árboles que se cortan todos los años se debe a la industria maderera. Hay que comprender que cuando se corta un bosque para hacer un potrero o para fines agrícolas, la consecuencia es que allí sólo crecerá hierba, habrá erosión y el nivel de empleos se reducirá significativamente.
La industria forestal es una solución al problema del desempleo en Panamá. La actividad genera 10 veces más que la ganadería y cuatro veces más que la agricultura. Pero en la práctica vemos cómo el gobierno hace lo imposible para evitar el despegue definitivo de la actividad forestal. Con la excusa de proteger el ambiente, se están tomando decisiones sin conocimiento y sin consideraciones científicas propias del sector. Refugiarse en un ambientalismo lírico es incongruente con la visión de generar empleos para el país. Fomentar la reforestación a nivel rural es una respuesta a la pobreza y al desempleo. Y lo más importante es que las fuentes de trabajo permanecen en el campo.
El gobierno no debe ni puede darse el lujo de perder para siempre el auge forestal. Es necesario evaluar el sector dentro del contexto de la globalización. No es lógico que en la realidad se cuatripliquen las importaciones de muebles y acabados de madera, y por otro lado se obstaculicen las concesiones forestales y se suplanten por licencias que se otorgan con menos rigor y más corrupción.
La ley ambiental se creó supuestamente para incentivar, pero en la actualidad es utilizada coercitivamente. Asimismo la ANAM fue creada para facilitar y promover la actividad, pero lo que existe en la práctica es que se ha constituido en un ente obstaculizante, burocratizante, inoperante y quasi-policial.
Para que Panamá aproveche sus ventajas comparativas, el gobierno debe poner en práctica criterios claros de hacia dónde quiere ir. Es importante delimitar la cancha, dictar las reglas del juego y no cambiarlas todos los años. Las autoridades deben respaldar la Ley 24 y el Decreto 89 y promover los incentivos a la reforestación; hay que rediseñar la política arancelaria para que exista igualdad de condiciones; la ANAM no puede ser juez y parte, y no debe posicionarse como un ente de castigo; el gobierno no puede utilizar a la ANAM para favorecer el clientelismo ni tampoco para perseguir a nadie. Muy por el contrario, debe crear un clima que favorezca los incentivos a la inversión. Sólo así habrá prosperidad.
