La reducción de la pobreza, algo impostergable
La pobreza se percibe como una limitación infranqueable para el goce de los derechos humanos. "La peor desgracia que tienen los pobres -afirmaba Wresinski- es saber que son pobres, que los contabilizan como inexistentes y que se ignoran sus sufrimientos. Lo peor, es el menosprecio que sufren de parte de sus propios conciudadanos, porque los mantienen al margen de todo derecho, lo que hace que el mundo ignore lo que los pobres viven y lo que les impide que sean reconocidos como dignos y capaces de asumir responsabilidades. La más grande desgracia de la pobreza extrema es ser como un muerto viviente a lo largo de toda la existencia".
En los últimos años, han aumentado los niveles de pobreza en Panamá. Informes de Naciones Unidas revelan que el 37% de la población panameña es pobre y que el 19% se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Incluso, recientemente la Iglesia Católica en la Carta Pastoral expresa preocupación por los niveles de pobreza en que viven miles de panameños y hace un llamado de atención al Estado para que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos y se establezcan metas hacia ese propósito. Esta situación demanda acciones urgentes, tanto en el plano económico como el político.
La pobreza es una enfermedad moral de la sociedad, que se profundiza con indecisiones o decisiones políticas en torno a la distribución de la riqueza, la ausencia de un crecimiento económico sostenido y la protección efectiva de los derechos humanos.
La pobreza extrema, constituye un subproducto de la pobreza, que obliga a los seres humanos que la padecen a no tener ni siquiera goce mínimo de sus derechos económicos y sociales. Para algunos debe entenderse como una condición mínima por debajo de mínimo humano, caracterizada por la insatisfacción de las necesidades básicas, la exclusión de oportunidades sociales y la discriminación que ello conlleva.
Para entender la urgencia de reducir la pobreza es necesario situarse empáticamente en la vida cotidiana de cada uno de los panameños y panameñas que sufren de hambre, que no tienen acceso a un empleo, ni acceso a los servicios básicos de salud, de educación, ni de vivienda; es decir que carecen de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y, de cuya responsabilidad no puede excluirse al Estado, como ente representativo de la sociedad política.
Por impactantes que parezcan las cifras, lo fundamental es sensibilizarse con esta condición inhumana y tenerlas como punto de referencia de toda decisión que conduzca hacia la reducción de la pobreza.
Las estadísticas no sirven como alimentos a los pobres no tienen sentido en la lucha diaria por la supervivencia. El mantener a una parte de la población insatisfecha constituye una violación de los derechos humanos e implica limitación para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. La lucha contra la pobreza y la pobreza extrema demanda nueva creatividad y elaboración de procedimientos que comiencen a ser efectiva la justicialidad de los derechos económicos y sociales y las garantías fundamentales.
El Estado debe asegurar que sus políticas sociales y de desarrollo fijen al ser humano como meta; como las verdaderas riquezas de la nación y en los que hay que invertir permanentemente. En consecuencia deberá de adoptar medidas para preservar la vida de los ciudadanos mediante el desarrollo de programas e iniciativas que mejoren la calidad de vida del panameño y la panameña.
Además, deberá poner en práctica un eficiente sistema económico de mercado; impulsar el crecimiento económico; fortalecer la generación de empleos, reformar y restablecer la capacidad del gasto del sector público, crear incentivos para motivar el desarrollo del sector privado; promover la apertura de regímenes comerciales nacionales e inversiones; facilitar el acceso de los pobres a la propiedad de las tierras, al crédito, a la infraestructura y a los insumos de la producción; integrar en condiciones de mayor productividad al sector informal de la economía; revisar la prestación de servicios públicos en materia de salud, vivienda, educación para hacerlos más eficientes y competitivos. En fin priorizar aquellas acciones destinadas al desarrollo, bajo criterios de eficacia, eficiencia y equidad social.
Medidas de esta naturaleza deberán incidir en el mejoramiento de la calidad de vida, la reducción sostenible de la pobreza y el desarrollo humano, lo que redundará en beneficio de la sociedad en su conjunto. La reducción de la pobreza es una urgencia prioritaria que demanda la atención inmediata del Estado en su conjunto. Esta es una tarea que requiere de la creación de consensos y acuerdos en un marco de diálogo y entendimiento. Debemos ser conscientes que la democracia exige sacrificios compartidos entre todos los segmentos de la sociedad, y en la búsqueda de soluciones para aliviar la pobreza, la confrontación, la intolerancia y el egoísmo político no deberán tener cabida en ninguna instancia de la vida.
En los últimos años, han aumentado los niveles de pobreza en Panamá. Informes de Naciones Unidas revelan que el 37% de la población panameña es pobre y que el 19% se encuentra en condiciones de pobreza extrema. Incluso, recientemente la Iglesia Católica en la Carta Pastoral expresa preocupación por los niveles de pobreza en que viven miles de panameños y hace un llamado de atención al Estado para que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos y se establezcan metas hacia ese propósito. Esta situación demanda acciones urgentes, tanto en el plano económico como el político.
La pobreza es una enfermedad moral de la sociedad, que se profundiza con indecisiones o decisiones políticas en torno a la distribución de la riqueza, la ausencia de un crecimiento económico sostenido y la protección efectiva de los derechos humanos.
La pobreza extrema, constituye un subproducto de la pobreza, que obliga a los seres humanos que la padecen a no tener ni siquiera goce mínimo de sus derechos económicos y sociales. Para algunos debe entenderse como una condición mínima por debajo de mínimo humano, caracterizada por la insatisfacción de las necesidades básicas, la exclusión de oportunidades sociales y la discriminación que ello conlleva.
Para entender la urgencia de reducir la pobreza es necesario situarse empáticamente en la vida cotidiana de cada uno de los panameños y panameñas que sufren de hambre, que no tienen acceso a un empleo, ni acceso a los servicios básicos de salud, de educación, ni de vivienda; es decir que carecen de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y, de cuya responsabilidad no puede excluirse al Estado, como ente representativo de la sociedad política.
Por impactantes que parezcan las cifras, lo fundamental es sensibilizarse con esta condición inhumana y tenerlas como punto de referencia de toda decisión que conduzca hacia la reducción de la pobreza.
Las estadísticas no sirven como alimentos a los pobres no tienen sentido en la lucha diaria por la supervivencia. El mantener a una parte de la población insatisfecha constituye una violación de los derechos humanos e implica limitación para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. La lucha contra la pobreza y la pobreza extrema demanda nueva creatividad y elaboración de procedimientos que comiencen a ser efectiva la justicialidad de los derechos económicos y sociales y las garantías fundamentales.
El Estado debe asegurar que sus políticas sociales y de desarrollo fijen al ser humano como meta; como las verdaderas riquezas de la nación y en los que hay que invertir permanentemente. En consecuencia deberá de adoptar medidas para preservar la vida de los ciudadanos mediante el desarrollo de programas e iniciativas que mejoren la calidad de vida del panameño y la panameña.
Además, deberá poner en práctica un eficiente sistema económico de mercado; impulsar el crecimiento económico; fortalecer la generación de empleos, reformar y restablecer la capacidad del gasto del sector público, crear incentivos para motivar el desarrollo del sector privado; promover la apertura de regímenes comerciales nacionales e inversiones; facilitar el acceso de los pobres a la propiedad de las tierras, al crédito, a la infraestructura y a los insumos de la producción; integrar en condiciones de mayor productividad al sector informal de la economía; revisar la prestación de servicios públicos en materia de salud, vivienda, educación para hacerlos más eficientes y competitivos. En fin priorizar aquellas acciones destinadas al desarrollo, bajo criterios de eficacia, eficiencia y equidad social.
Medidas de esta naturaleza deberán incidir en el mejoramiento de la calidad de vida, la reducción sostenible de la pobreza y el desarrollo humano, lo que redundará en beneficio de la sociedad en su conjunto. La reducción de la pobreza es una urgencia prioritaria que demanda la atención inmediata del Estado en su conjunto. Esta es una tarea que requiere de la creación de consensos y acuerdos en un marco de diálogo y entendimiento. Debemos ser conscientes que la democracia exige sacrificios compartidos entre todos los segmentos de la sociedad, y en la búsqueda de soluciones para aliviar la pobreza, la confrontación, la intolerancia y el egoísmo político no deberán tener cabida en ninguna instancia de la vida.
