La reforma de la Asamblea
Pocos dudan en Panamá que nuestro Organo Legislativo se encuentra en crisis. Al igual que otros parlamentos en otros países, se encuentra sometido a severas críticas por parte de la ciudadanía. No obstante, hay razones muy propias que explican el nivel de descrédito al que ha llegado la Asamblea Nacional. Y no creo que se trate simplemente, como señalan algunos colegas legisladores, de ataques injustificados por parte de quienes aspiran a ocupar el cargo que hoy ocupamos. Hay problemas muy serios y concretos en la conformación y funcionamiento del Organo Legislativo.
Para atacar el problema de raíz, debe hacerse una revisión integral de la Constitución. Mientras no lo hagamos así, quedaremos siempre a medio camino, constreñidos dentro de un marco constitucional de evidente corte partidista, centralista y presidencialista. En tal sentido, cualquier iniciativa de mejoramiento de la Asamblea Legislativa por la vía de la reforma legal está condenada, no necesariamente al fracaso estrepitoso, pero sí, por lo menos, al triunfo mediatizado.
Son muchos los cambios que se han hecho al Reglamento Interno de la Asamblea en los últimos diez años. Por regla general, han tenido como consecuencia un incremento en los privilegios de los legisladores principales y suplentes, siendo el más reciente de estos cambios el que se realizó bajo la presidencia del legislador Gerardo González, cuyo primer vicepresidente era el actual presidente, el H.L. Laurentino Cortizo. En aquella ocasión, se estableció un porcentaje fijo para el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea y un monto mínimo anual para el renglón de partidas circuitales.
En el actual período, algunas voces dentro del Organo Legislativo nos hemos levantado en favor de la reforma. La distribución partidista tan fraccionada de la Asamblea ha generado un acuerdo coyuntural que ha asumido públicamente un discurso de "mejoramiento y transformación de la Asamblea". En supuesto desarrollo de esa voluntad política, el Presidente de la Asamblea presentó días atrás un proyecto de ley para reformar el Reglamento Interno de la Asamblea, el cual, a mi juicio, se queda corto.
Hay puntos de coincidencia con lo que hemos planteado algunos legisladores oficialistas. Por ejemplo, en cuanto al tema de los descuentos por ausencias injustificadas y la eliminación del llamado "quórum deliberativo". Sin embargo, el Proyecto ataca el tema de los privilegios como si las críticas surgieran de la forma en que se otorga y no del privilegio en sí. Es decir, según la propuesta de META, en vez de tres exoneraciones de impuestos de introducción de vehículos en un período de cinco años, los legisladores principales tendremos derecho a dos. Como si el problema fuera el número de exoneraciones que recibimos y no el hecho de que recibamos exoneraciones, así sea una solamente.
Pero si en algo el proyecto del PRD-PDC queda muy por debajo de las expectativas ciudadanas es en el tema de las partidas circuitales. Tanto que hablaron de la necesidad de reglamentarlas y a la hora de la verdad, lo único que sobre la reglamentación disponen en su propuesta es lo siguiente: "El uso de las partidas circuitales será reglamentado". ¿Quién lo hará? ¿Cuándo? ¿Bajo qué criterios? ¿No cambiarán esas normas cada vez que cambie la persona que ocupa el cargo de la instancia que reglamenta? Si la solución pragmática es reglamentar, ¿por qué no hacerlo ahora en la ley?
Hay otra propuesta sobre la mesa. Una propuesta más cónsona con nuestra Constitución e institucionalmente correcta. Si lo que realmente se quiere es mejorar la imagen de la Asamblea, estamos en el momento adecuado para eliminar las partidas circuitales y despojarnos de privilegios que ya no se justifican, si es que alguna vez lo estuvieron. Al eliminarse las partidas, bien se pueden destinar esos 38 millones de dólares anuales a inversiones en las comunidades a través del Gobierno Central o de las autoridades locales. De esa manera, el Ejecutivo ejecutaría y el Legislativo, legislaría. Como reza el dicho: "zapatero, a tu zapato".
Entonces, sólo entonces, sí estaríamos un poco más cerca de la meta.
Para atacar el problema de raíz, debe hacerse una revisión integral de la Constitución. Mientras no lo hagamos así, quedaremos siempre a medio camino, constreñidos dentro de un marco constitucional de evidente corte partidista, centralista y presidencialista. En tal sentido, cualquier iniciativa de mejoramiento de la Asamblea Legislativa por la vía de la reforma legal está condenada, no necesariamente al fracaso estrepitoso, pero sí, por lo menos, al triunfo mediatizado.
Son muchos los cambios que se han hecho al Reglamento Interno de la Asamblea en los últimos diez años. Por regla general, han tenido como consecuencia un incremento en los privilegios de los legisladores principales y suplentes, siendo el más reciente de estos cambios el que se realizó bajo la presidencia del legislador Gerardo González, cuyo primer vicepresidente era el actual presidente, el H.L. Laurentino Cortizo. En aquella ocasión, se estableció un porcentaje fijo para el presupuesto de funcionamiento de la Asamblea y un monto mínimo anual para el renglón de partidas circuitales.
En el actual período, algunas voces dentro del Organo Legislativo nos hemos levantado en favor de la reforma. La distribución partidista tan fraccionada de la Asamblea ha generado un acuerdo coyuntural que ha asumido públicamente un discurso de "mejoramiento y transformación de la Asamblea". En supuesto desarrollo de esa voluntad política, el Presidente de la Asamblea presentó días atrás un proyecto de ley para reformar el Reglamento Interno de la Asamblea, el cual, a mi juicio, se queda corto.
Hay puntos de coincidencia con lo que hemos planteado algunos legisladores oficialistas. Por ejemplo, en cuanto al tema de los descuentos por ausencias injustificadas y la eliminación del llamado "quórum deliberativo". Sin embargo, el Proyecto ataca el tema de los privilegios como si las críticas surgieran de la forma en que se otorga y no del privilegio en sí. Es decir, según la propuesta de META, en vez de tres exoneraciones de impuestos de introducción de vehículos en un período de cinco años, los legisladores principales tendremos derecho a dos. Como si el problema fuera el número de exoneraciones que recibimos y no el hecho de que recibamos exoneraciones, así sea una solamente.
Pero si en algo el proyecto del PRD-PDC queda muy por debajo de las expectativas ciudadanas es en el tema de las partidas circuitales. Tanto que hablaron de la necesidad de reglamentarlas y a la hora de la verdad, lo único que sobre la reglamentación disponen en su propuesta es lo siguiente: "El uso de las partidas circuitales será reglamentado". ¿Quién lo hará? ¿Cuándo? ¿Bajo qué criterios? ¿No cambiarán esas normas cada vez que cambie la persona que ocupa el cargo de la instancia que reglamenta? Si la solución pragmática es reglamentar, ¿por qué no hacerlo ahora en la ley?
Hay otra propuesta sobre la mesa. Una propuesta más cónsona con nuestra Constitución e institucionalmente correcta. Si lo que realmente se quiere es mejorar la imagen de la Asamblea, estamos en el momento adecuado para eliminar las partidas circuitales y despojarnos de privilegios que ya no se justifican, si es que alguna vez lo estuvieron. Al eliminarse las partidas, bien se pueden destinar esos 38 millones de dólares anuales a inversiones en las comunidades a través del Gobierno Central o de las autoridades locales. De esa manera, el Ejecutivo ejecutaría y el Legislativo, legislaría. Como reza el dicho: "zapatero, a tu zapato".
Entonces, sólo entonces, sí estaríamos un poco más cerca de la meta.
