La reforma fiscal y el subsidio a la pobreza
Las matemáticas siempre han hecho una contribución positiva a las relaciones humanas. Supongamos que, dentro de su programa de ayuda a la pobreza, que es el fundamento de la reforma fiscal, el gobierno tiene planificado aportar un dólar diario por cada niño a las familias que viven en pobreza. Una familia tiene como promedio tres hijos, lo que significaría, redondeando las cifras, unos cien dólares al mes. Para una familia pobre, o extremadamente pobre, cien dólares representan entre el 30 y el 40% de sus ingresos mensuales, lo que no es poca cosa.
Vamos a suponer que el gobierno administrará estas sumas sin abuso ni corrupción, lo que no es realista, y que la sociedad verá los frutos de dicho subsidio administrado en forma de becas de estudio para los niños luego de un esfuerzo sostenido en el tiempo. No hay panameño que pueda negarse a que se ayude de este modo a sus congéneres.
Veamos cuánto nos cuesta esta ayuda. Cien dólares al mes son 1,200 al año por cada familia.
Si le entregamos esa ayuda a mil familias, estaríamos colocando un millón 200 mil dólares anuales en subsidios directos a la pobreza. Mil familias no son poca cosa, cuando se trata de administrar racionalmente un programa piloto, pero en el Panamá próspero de hoy hay que reconocer que la cantidad de personas que no tienen los ingresos para costear la canasta básica rodea el millón de personas. Así que vamos a suponer, en un alarde de eficientismo, que el Estado puede llegar a todas las familias pobres en todo el país, y colocar este subsidio sin abuso ni corrupción. Se trataría de entregarle un promedio de cien dólares mensuales a 200 mil familias pobres a lo largo y ancho del país. Muy bien, ¿cuánto nos cuesta? Son $240 millones anuales, que es con toda seguridad el programa más millonario que país alguno en el orbe ha dedicado al combate a la pobreza, tomando en cuenta su PIB.
Seamos realistas, el gobierno no tiene hoy la capacidad de administrar estos fondos sin que se desaten las siete plagas de la corrupción y le tomará algunos años lograr la cobertura total que se ha indicado arriba. Pero el gobierno ha planteado recolectar de $350 a 500 millones, no de los ricos, sino de la clase media, trabajadora y profesional, y de las empresas, sin que nadie sepa cuál es la lista de supermercado que el Ministro de Economía y Finanzas ha planificado para el presupuesto del 2006. Las cuentas claras, dicen, hacen buenos amigos, y todos queremos saber en qué se va a usar cada centavo de nuestro dinero.
La CNV, en los tres últimos años que tiene de estar trabajando en este tema, ha hecho su labor. Se necesita ahora la cooperación de todos los responsables nacionales para que por medio de un dialogo constructivo, se pueda lograr lo que debe ser una meta como país: Enviar un mensaje de seriedad, responsabilidad y lucha contra el fraude y atraer así inversión extranjera seria y permanente, para beneficio de todos.
(*) Comisionado Vicepresidente Comisión Nacional de Valores (CNV). Las opiniones vertidas son personales y no reflejan necesariamente las de la CNV.
Vamos a suponer que el gobierno administrará estas sumas sin abuso ni corrupción, lo que no es realista, y que la sociedad verá los frutos de dicho subsidio administrado en forma de becas de estudio para los niños luego de un esfuerzo sostenido en el tiempo. No hay panameño que pueda negarse a que se ayude de este modo a sus congéneres.
Veamos cuánto nos cuesta esta ayuda. Cien dólares al mes son 1,200 al año por cada familia.
Si le entregamos esa ayuda a mil familias, estaríamos colocando un millón 200 mil dólares anuales en subsidios directos a la pobreza. Mil familias no son poca cosa, cuando se trata de administrar racionalmente un programa piloto, pero en el Panamá próspero de hoy hay que reconocer que la cantidad de personas que no tienen los ingresos para costear la canasta básica rodea el millón de personas. Así que vamos a suponer, en un alarde de eficientismo, que el Estado puede llegar a todas las familias pobres en todo el país, y colocar este subsidio sin abuso ni corrupción. Se trataría de entregarle un promedio de cien dólares mensuales a 200 mil familias pobres a lo largo y ancho del país. Muy bien, ¿cuánto nos cuesta? Son $240 millones anuales, que es con toda seguridad el programa más millonario que país alguno en el orbe ha dedicado al combate a la pobreza, tomando en cuenta su PIB.
Seamos realistas, el gobierno no tiene hoy la capacidad de administrar estos fondos sin que se desaten las siete plagas de la corrupción y le tomará algunos años lograr la cobertura total que se ha indicado arriba. Pero el gobierno ha planteado recolectar de $350 a 500 millones, no de los ricos, sino de la clase media, trabajadora y profesional, y de las empresas, sin que nadie sepa cuál es la lista de supermercado que el Ministro de Economía y Finanzas ha planificado para el presupuesto del 2006. Las cuentas claras, dicen, hacen buenos amigos, y todos queremos saber en qué se va a usar cada centavo de nuestro dinero.
La CNV, en los tres últimos años que tiene de estar trabajando en este tema, ha hecho su labor. Se necesita ahora la cooperación de todos los responsables nacionales para que por medio de un dialogo constructivo, se pueda lograr lo que debe ser una meta como país: Enviar un mensaje de seriedad, responsabilidad y lucha contra el fraude y atraer así inversión extranjera seria y permanente, para beneficio de todos.
(*) Comisionado Vicepresidente Comisión Nacional de Valores (CNV). Las opiniones vertidas son personales y no reflejan necesariamente las de la CNV.
