La reforma judicial
El programa de Gobierno de Patria Nueva sobre la reforma de la administración de justicia en el contexto de la estructuración de un Estado transparente, eficaz y menos burocrático, contiene tres ejes fundamentales: la despolitización, la modernización del Órgano Judicial y la lucha contra la corrupción, que deben destacarse ante la ciudadanía. Este documento plantea la necesidad ineludible de poner distancia entre la política y el Órgano Judicial para restaurarle la credibilidad y la confianza ciudadana. Por eso, sólo serán nombrados magistrados de la Corte Suprema de Justicia -al igual que procuradores- los panameños que, además de su reconocida honestidad y comprobada competencia profesional, garanticen la efectiva independencia de la administración de justicia.
El programa establece un perfil para el ejercicio de esos cargos que recoge aspectos ético-morales, profesionales y académicos, a saber: solvencia moral, ética, académica y experiencia profesional, más una notoria independencia de criterio. Paralelamente, excluye el nombramiento de los integrantes del Consejo de Gabinete o del Órgano Legislativo, de los directores o gerentes o de los subdirectores o sugerentes de las entidades autónomas o semiautónomas, como de los que hubieren ejercido cargos con mando y jurisdicción en los cinco años previos a su nombramiento. Así mismo excluye a los parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, del Presidente de la República, de los Vicepresidentes de la República, de los Ministros de Estado, del Contralor General de la República, del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración.
La modernización del Órgano Judicial exige adoptar medidas encaminadas al mejoramiento de la carrera judicial, conjurar la mora judicial, establecer mecanismos de seguridad jurídica, desarrollar los medios alternos de solución de controversias y desjudicializar algunos asuntos no contenciosos.
La mora judicial encarece la justicia y brinda una percepción generalizada de corrupción. Es una de las mayores lacras que resta credibilidad a la justicia, se opone a la seguridad jurídica y perjudica la inversión nacional y extranjera. Para enfrentarla, Martín Torrijos promoverá normas legales que aseguren un sistema serio y público de concurso que garantice la calidad ética y jurídica, la independencia política y de criterio de los funcionarios judiciales, a quienes el sistema de justicia, eficaz y permanentemente, debe capacitar, supervisar y evaluar en el desempeño del puesto.
Para aliviar los tribunales de pleitos solucionables por métodos pacíficos, desarrollará los medios alternos de solución de los conflictos. La cultura del pleito, del enfrentamiento y de la intolerancia debe abrir paso a la cultura de la conciliación, la mediación y el arbitraje.
Ante la jurisprudencia contradictoria de nuestros tribunales, la cual conspira contra la seguridad jurídica, propiciará fórmulas legislativas que contengan un procedimiento de unificación sobre temas propios y exclusivos del derecho.
Para descongestionar los tribunales, creará mecanismos destinados a sustraer de la esfera judicial los casos en que no exista conflicto (sucesiones, adopciones, inspecciones sobre deslinde y amojonamiento, pago por consignación, etc.). El régimen notarial, debidamente reformado y fiscalizado, aprehenderá el conocimiento de estos negocios.
No cabe duda del compromiso asumido por Martín de fortalecer los organismos para el combate a la corrupción, mal que tanto daño hace a la nación. De ahí que, no sólo aprobará una ley anticorrupción y de conflicto de intereses, que tipificará los delitos y determinará las entidades de investigación y juzgamiento, así como el procedimiento judicial, sino que robustecerá las fiscalías anticorrupción, dotándolas de recursos humanos y presupuestarios que aseguren el cumplimiento de sus funciones, y perfeccionará la jurisdicción patrimonial al convertir la Dirección de Responsabilidad Patrimonial en un Tribunal de Cuentas independiente, dentro del sistema de la Contraloría General de la República, con una institución coadyuvante: la Fiscalía de Cuentas, encargada de investigar las lesiones patrimoniales cometidas en perjuicio del Estado.
Los principios morales y jurídicos de transparencia, imparcialidad e independencia son los que aconsejan estos cambios en la justicia panameña dirigidos a la buena salud de la República y a vigorizar el Estado de Derecho.
El programa establece un perfil para el ejercicio de esos cargos que recoge aspectos ético-morales, profesionales y académicos, a saber: solvencia moral, ética, académica y experiencia profesional, más una notoria independencia de criterio. Paralelamente, excluye el nombramiento de los integrantes del Consejo de Gabinete o del Órgano Legislativo, de los directores o gerentes o de los subdirectores o sugerentes de las entidades autónomas o semiautónomas, como de los que hubieren ejercido cargos con mando y jurisdicción en los cinco años previos a su nombramiento. Así mismo excluye a los parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, del Presidente de la República, de los Vicepresidentes de la República, de los Ministros de Estado, del Contralor General de la República, del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración.
La modernización del Órgano Judicial exige adoptar medidas encaminadas al mejoramiento de la carrera judicial, conjurar la mora judicial, establecer mecanismos de seguridad jurídica, desarrollar los medios alternos de solución de controversias y desjudicializar algunos asuntos no contenciosos.
La mora judicial encarece la justicia y brinda una percepción generalizada de corrupción. Es una de las mayores lacras que resta credibilidad a la justicia, se opone a la seguridad jurídica y perjudica la inversión nacional y extranjera. Para enfrentarla, Martín Torrijos promoverá normas legales que aseguren un sistema serio y público de concurso que garantice la calidad ética y jurídica, la independencia política y de criterio de los funcionarios judiciales, a quienes el sistema de justicia, eficaz y permanentemente, debe capacitar, supervisar y evaluar en el desempeño del puesto.
Para aliviar los tribunales de pleitos solucionables por métodos pacíficos, desarrollará los medios alternos de solución de los conflictos. La cultura del pleito, del enfrentamiento y de la intolerancia debe abrir paso a la cultura de la conciliación, la mediación y el arbitraje.
Ante la jurisprudencia contradictoria de nuestros tribunales, la cual conspira contra la seguridad jurídica, propiciará fórmulas legislativas que contengan un procedimiento de unificación sobre temas propios y exclusivos del derecho.
Para descongestionar los tribunales, creará mecanismos destinados a sustraer de la esfera judicial los casos en que no exista conflicto (sucesiones, adopciones, inspecciones sobre deslinde y amojonamiento, pago por consignación, etc.). El régimen notarial, debidamente reformado y fiscalizado, aprehenderá el conocimiento de estos negocios.
No cabe duda del compromiso asumido por Martín de fortalecer los organismos para el combate a la corrupción, mal que tanto daño hace a la nación. De ahí que, no sólo aprobará una ley anticorrupción y de conflicto de intereses, que tipificará los delitos y determinará las entidades de investigación y juzgamiento, así como el procedimiento judicial, sino que robustecerá las fiscalías anticorrupción, dotándolas de recursos humanos y presupuestarios que aseguren el cumplimiento de sus funciones, y perfeccionará la jurisdicción patrimonial al convertir la Dirección de Responsabilidad Patrimonial en un Tribunal de Cuentas independiente, dentro del sistema de la Contraloría General de la República, con una institución coadyuvante: la Fiscalía de Cuentas, encargada de investigar las lesiones patrimoniales cometidas en perjuicio del Estado.
Los principios morales y jurídicos de transparencia, imparcialidad e independencia son los que aconsejan estos cambios en la justicia panameña dirigidos a la buena salud de la República y a vigorizar el Estado de Derecho.
