La Reforma Tributaria
Otros observadores más agudos, incluyendo al exvicepresidente de la República, Ricardo Arias Calderón, advirtió que en el mismo se incluía ingresos adicionales producto de un sustancial incremento del rubro de impuestos. Así lo hizo saber en su columna dominical en este diario.
Más de un vocero oficial se adelantó a desmentir la hipótesis. Según ellos, el aumento de ingresos fiscales devendría como consecuencia natural del mejoramiento de las cobranzas. Simultáneamente, se anunció una serie de medidas para procurar una mejor comunicación entre fisco y contribuyentes, obviando según se puede observar por primera vez en años la política de cachiporrazos.
Recién, sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su titular, Norberto Delgado, reconoció oficialmente que para el próximo año está prevista la propuesta, discusión y aprobación de una Reforma Tributaria. Pero poco o nada se sabe de su orientación general, salvo que existen borradores celosamente manejados con tecnócratas de las instituciones financieras internacionales, con quienes se adquirió el compromiso desde el gobierno anterior.
Se trata de un acuerdo ineludible, a no ser que la actual administración se arriesgue a ver cerradas las llaves de préstamos frescos, de los que depende imperiosamente para llevar adelante sus proyectos sociales. Y ese no será el caso. Habrá una reforma fiscal que se planteará el año venidero.
Los expertos, sin embargo, insisten en que no es difícil deducir la orientación general del proyecto, habida consideración de las deficiencias harto conocidas de la actual legislación y las particularidades de nuestra economía de servicios. Dicen que empezará simplificando los numerosos gravámenes, suprimirá impuestos de costosa administración y se concentrarán en los más fáciles y productivos (ITBM y similares, con su posible extensión a los servicios).
Advierten también que es de esperar que sectores tradicionalmente protegidos con exoneraciones y bajos impuestos verán incrementar sustancialmente sus contribuciones, entre ellos bancos, seguros, empresas financieras e industrias. En sentido contrario, contribuyentes con bajos ingresos podrían esperar rebajas y exoneraciones, pero no así las clases media y alta que saldrán mal paradas.
Otro grupo de conocedores, entre ellos el excandidato presidencial y empresario Alberto Vallarino, ha advertido de lo inoportuna de la reforma. En tiempos de desaceleración, - dice -, no debe añadirse elementos de incertidumbre, que paralicen las tan necesarias inversiones. Recomienda en su defecto enfocar cualquier reforma hacia la redistribución de la carga impositiva y el ahorro del gasto.
Nosotros coincidimos en que el momento no es oportuno, aunque reconocemos que la reforma es necesaria. Estamos frente a un aparato estatal que aspira a un aumento de ingresos por servicios mediocres e ineficiencia manifiesta. Los tiempos de contracción económica no son adecuados para hablar de aumento. Y cuando llegue el momento, el gobierno deberá comprometerse a gastar menos y gastar mejor los recursos. Sus problemas son estructurales y no se solucionan con más plata.
Más de un vocero oficial se adelantó a desmentir la hipótesis. Según ellos, el aumento de ingresos fiscales devendría como consecuencia natural del mejoramiento de las cobranzas. Simultáneamente, se anunció una serie de medidas para procurar una mejor comunicación entre fisco y contribuyentes, obviando según se puede observar por primera vez en años la política de cachiporrazos.
Recién, sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su titular, Norberto Delgado, reconoció oficialmente que para el próximo año está prevista la propuesta, discusión y aprobación de una Reforma Tributaria. Pero poco o nada se sabe de su orientación general, salvo que existen borradores celosamente manejados con tecnócratas de las instituciones financieras internacionales, con quienes se adquirió el compromiso desde el gobierno anterior.
Se trata de un acuerdo ineludible, a no ser que la actual administración se arriesgue a ver cerradas las llaves de préstamos frescos, de los que depende imperiosamente para llevar adelante sus proyectos sociales. Y ese no será el caso. Habrá una reforma fiscal que se planteará el año venidero.
Los expertos, sin embargo, insisten en que no es difícil deducir la orientación general del proyecto, habida consideración de las deficiencias harto conocidas de la actual legislación y las particularidades de nuestra economía de servicios. Dicen que empezará simplificando los numerosos gravámenes, suprimirá impuestos de costosa administración y se concentrarán en los más fáciles y productivos (ITBM y similares, con su posible extensión a los servicios).
Advierten también que es de esperar que sectores tradicionalmente protegidos con exoneraciones y bajos impuestos verán incrementar sustancialmente sus contribuciones, entre ellos bancos, seguros, empresas financieras e industrias. En sentido contrario, contribuyentes con bajos ingresos podrían esperar rebajas y exoneraciones, pero no así las clases media y alta que saldrán mal paradas.
Otro grupo de conocedores, entre ellos el excandidato presidencial y empresario Alberto Vallarino, ha advertido de lo inoportuna de la reforma. En tiempos de desaceleración, - dice -, no debe añadirse elementos de incertidumbre, que paralicen las tan necesarias inversiones. Recomienda en su defecto enfocar cualquier reforma hacia la redistribución de la carga impositiva y el ahorro del gasto.
Nosotros coincidimos en que el momento no es oportuno, aunque reconocemos que la reforma es necesaria. Estamos frente a un aparato estatal que aspira a un aumento de ingresos por servicios mediocres e ineficiencia manifiesta. Los tiempos de contracción económica no son adecuados para hablar de aumento. Y cuando llegue el momento, el gobierno deberá comprometerse a gastar menos y gastar mejor los recursos. Sus problemas son estructurales y no se solucionan con más plata.
