La Sala Quinta, un error innecesario
No hay duda de la lealtad demostrada por Solidaridad con el gobierno del Dr. Ernesto Pérez Balladares. A pesar de la inconsecuencia política que se ha tenido con el partido en estos cinco años de relación política, le dimos, con nuestro respaldo, la gobernabilidad necesaria para que el Presidente de la República pudiera hacer una realidad sus propuestas y planes esbozados durante la campaña electoral.
Nuestros desacuerdos con algunas de las propuestas del gobierno las hicimos siempre en forma clara, precisa y respetuosa. No quisimos crearle sorpresas y malos entendidos. Algunas veces logramos acomodar criterios, no así en otras ocasiones, pero siempre mantuvimos -y fue mutuo- el respeto y la forma sincera de tratar estos asuntos con el mandatario.
Con la ley que crea la Sala Quinta en la Corte Suprema de Justicia tema ampliamente discutido y que tanto rechazo de la comunidad ha tenido, le dimos al Presidente desde un principio nuestra posición: siendo un asunto estrictamente de justicia y no de política, nuestro partido iba a realizar amplias consultas para revisar los méritos que pudiera tener la medida propuesta a la Asamblea Legislativa. Nuestro partido llevaría a los máximos cuadros directivos del mismo los resultados de esas consultas. Esa reunión se tuvo en Gorgona el domingo 13 de junio y después de escuchar los informes de la Comisión Jurídica, especialmente nombrada para ello, y las exposiciones de dos distinguidos abogados, uno a favor y otro en contra, los 120 miembros del directorio, incluyendo a los legisladores del partido, aprobaron por unanimidad negarle el voto a la creación de la Sala Quinta y solicitar que regresara a primer debate para profundizar el análisis de la misma e introducirle, si cabían, las reformas que hicieran viable lo que se quiere: la agilización de la justicia en Panamá.
Se insiste, en nuestro concepto equivocadamente, en su aprobación y entre los proyectos que serán tratados en las sesiones extraordinarias, él fue incluido.
Esa insistencia ha dado rienda suelta a toda clase de conjeturas, malintencionadas casi todas ellas, pero hay que aceptar que el origen o la provocación de estas especies que están rodeando al proyecto de la Sala Quinta tiene su origen en el mal manejo que desde en principio se le dio. Muchos testaferros del régimen que con su servilismo no han hecho más que hacerle un gran daño a las gestiones del gobierno, han querido darle a un asunto estrictamente legal y de justicia, un carácter político. Han llegado algunos de esos "defensores del proyecto de ley" a decir, sin ruborizarse, que el mismo brinda a miembros del partido gobernante una protección a una probable persecución judicial por parte del nuevo régimen. Si este gobierno, le pregunto yo a ellos, no ha hecho persecuciones y ha habido amplia libertad que muchos califican de excesivas, ¿por qué temer entonces que contra ellos se vaya a actuar violentando las leyes? El que no la debe, no la teme. Aquí pareciera, por las expresiones de algunos de estos señores, que ello es al revés.
El gobierno del Presidente Ernesto Pérez Balladares ha sido de transformaciones muy positivas y de indudables beneficios colectivos, que reconocen inclusive algunos de sus más conspicuos opositores, ¿por qué entonces, crear innecesariamente un problema sobre un asunto que, analizado desapasionadamente, no logrará los objetivos de acelerar los trámites judiciales, que estoy seguro fue lo que motivó la presentación del Proyecto de Ley de la Sala Quinta?
No creo que si un proyecto es bueno por oponerse a él unos pocos o porque sea impopular debe desecharse. El Presidente Pérez Balladares ha tenido el coraje y la voluntad política de mantener su posición, cuando ellas -sus medidas- se justificaban sin tomar en cuenta el costo político como fue el caso de las jubilaciones especiales, para mencionar sólo una, muy impopular, pero muy necesaria. En otras ocasiones el mandatario ha dado marcha atrás al evidenciarse el error de los pasos adoptados; como sucedió con la Zona Libre de Colón. El caso de la Sala Quinta merece de su parte una reconsideración. Los conocedores de la materia -el 80% de los abogados, calculo yo, por sus declaraciones públicas- así como la inmensa mayoría de la opinión pública, está en su contra porque ella no aliviará siquiera el embotellamiento de las tramitaciones judiciales.
Todavía hay tiempo para que prevalezca el buen sentido. El aceptar una equivocación ennoblece al hombre. En la humildad de reconocer sus errores está su grandeza.
Nuestros desacuerdos con algunas de las propuestas del gobierno las hicimos siempre en forma clara, precisa y respetuosa. No quisimos crearle sorpresas y malos entendidos. Algunas veces logramos acomodar criterios, no así en otras ocasiones, pero siempre mantuvimos -y fue mutuo- el respeto y la forma sincera de tratar estos asuntos con el mandatario.
Con la ley que crea la Sala Quinta en la Corte Suprema de Justicia tema ampliamente discutido y que tanto rechazo de la comunidad ha tenido, le dimos al Presidente desde un principio nuestra posición: siendo un asunto estrictamente de justicia y no de política, nuestro partido iba a realizar amplias consultas para revisar los méritos que pudiera tener la medida propuesta a la Asamblea Legislativa. Nuestro partido llevaría a los máximos cuadros directivos del mismo los resultados de esas consultas. Esa reunión se tuvo en Gorgona el domingo 13 de junio y después de escuchar los informes de la Comisión Jurídica, especialmente nombrada para ello, y las exposiciones de dos distinguidos abogados, uno a favor y otro en contra, los 120 miembros del directorio, incluyendo a los legisladores del partido, aprobaron por unanimidad negarle el voto a la creación de la Sala Quinta y solicitar que regresara a primer debate para profundizar el análisis de la misma e introducirle, si cabían, las reformas que hicieran viable lo que se quiere: la agilización de la justicia en Panamá.
Se insiste, en nuestro concepto equivocadamente, en su aprobación y entre los proyectos que serán tratados en las sesiones extraordinarias, él fue incluido.
Esa insistencia ha dado rienda suelta a toda clase de conjeturas, malintencionadas casi todas ellas, pero hay que aceptar que el origen o la provocación de estas especies que están rodeando al proyecto de la Sala Quinta tiene su origen en el mal manejo que desde en principio se le dio. Muchos testaferros del régimen que con su servilismo no han hecho más que hacerle un gran daño a las gestiones del gobierno, han querido darle a un asunto estrictamente legal y de justicia, un carácter político. Han llegado algunos de esos "defensores del proyecto de ley" a decir, sin ruborizarse, que el mismo brinda a miembros del partido gobernante una protección a una probable persecución judicial por parte del nuevo régimen. Si este gobierno, le pregunto yo a ellos, no ha hecho persecuciones y ha habido amplia libertad que muchos califican de excesivas, ¿por qué temer entonces que contra ellos se vaya a actuar violentando las leyes? El que no la debe, no la teme. Aquí pareciera, por las expresiones de algunos de estos señores, que ello es al revés.
El gobierno del Presidente Ernesto Pérez Balladares ha sido de transformaciones muy positivas y de indudables beneficios colectivos, que reconocen inclusive algunos de sus más conspicuos opositores, ¿por qué entonces, crear innecesariamente un problema sobre un asunto que, analizado desapasionadamente, no logrará los objetivos de acelerar los trámites judiciales, que estoy seguro fue lo que motivó la presentación del Proyecto de Ley de la Sala Quinta?
No creo que si un proyecto es bueno por oponerse a él unos pocos o porque sea impopular debe desecharse. El Presidente Pérez Balladares ha tenido el coraje y la voluntad política de mantener su posición, cuando ellas -sus medidas- se justificaban sin tomar en cuenta el costo político como fue el caso de las jubilaciones especiales, para mencionar sólo una, muy impopular, pero muy necesaria. En otras ocasiones el mandatario ha dado marcha atrás al evidenciarse el error de los pasos adoptados; como sucedió con la Zona Libre de Colón. El caso de la Sala Quinta merece de su parte una reconsideración. Los conocedores de la materia -el 80% de los abogados, calculo yo, por sus declaraciones públicas- así como la inmensa mayoría de la opinión pública, está en su contra porque ella no aliviará siquiera el embotellamiento de las tramitaciones judiciales.
Todavía hay tiempo para que prevalezca el buen sentido. El aceptar una equivocación ennoblece al hombre. En la humildad de reconocer sus errores está su grandeza.
