La sartén de dos mangos
Quien haya leído el ultimátum que le dio el Gobierno a Panama Ports Co. y la respuesta que la empresa le dio a éste, podría pensar que en este tema la sartén tiene dos mangos. Por una parte el Gobierno le dice que, si quiere resolver su problema con el Estado panameño y además aumentar el área del recinto portuario, debe pagar por lo que recibió en la concesión original. Esto de por sí es una claudicación del Estado, ya que no se le pide a la Empresa que acepte que la condonación de más de 1,200 millones de dólares en 45 años fue indebida y, a la espera de un demorado fallo de la Corte Suprema, muy probablemente ilegal, sino que sólo pague por lo que nunca pagó y acepte el nuevo nivel general de tarifas portuarias. Por su parte, Panama Ports dice que acepta entrar en una negociación, pero que espera que la misma "permita que los desacuerdos que hoy existen no tengan que resolverse en una corte internacional de arbitraje". O sea, o me das lo que quiero, o atente a las consecuencias.
Realmente parece que el Gobierno equivocó la estrategia pensando que PPC preferiría resolver este problema pagando lo que debe y acogiéndose al régimen general que se negoció con los otros dos puertos. Tal vez se debió dar más tiempo a la justicia penal para determinar si las denuncias de corrupción contra la famosa "equiparación" tenían mérito, antes de plantear una negociación con una empresa que muestra tanta arrogancia. Todos queremos que se desarrolle la actividad portuaria, pero para ello es mejor hacerlo con buenos ciudadanos corporativos, que no andan cambiando las condiciones sustanciales por las cuales se les otorgó una concesión, y que no tratan de amilanar al Gobierno Nacional con amenazas cuando éste les ofrece una salida honrosa y equitativa.
La verdad es que el gobierno panameño no ha salido muy bien librado en los últimos arbitrajes en que ha participado, pero nada obliga a Panamá a concederle más tierras o facilidades a una empresa que, frente a un gesto de solución pragmática, no sólo se toma la sartén por el mango sino que nos amenaza con darnos con él en la cabeza.
Realmente parece que el Gobierno equivocó la estrategia pensando que PPC preferiría resolver este problema pagando lo que debe y acogiéndose al régimen general que se negoció con los otros dos puertos. Tal vez se debió dar más tiempo a la justicia penal para determinar si las denuncias de corrupción contra la famosa "equiparación" tenían mérito, antes de plantear una negociación con una empresa que muestra tanta arrogancia. Todos queremos que se desarrolle la actividad portuaria, pero para ello es mejor hacerlo con buenos ciudadanos corporativos, que no andan cambiando las condiciones sustanciales por las cuales se les otorgó una concesión, y que no tratan de amilanar al Gobierno Nacional con amenazas cuando éste les ofrece una salida honrosa y equitativa.
La verdad es que el gobierno panameño no ha salido muy bien librado en los últimos arbitrajes en que ha participado, pero nada obliga a Panamá a concederle más tierras o facilidades a una empresa que, frente a un gesto de solución pragmática, no sólo se toma la sartén por el mango sino que nos amenaza con darnos con él en la cabeza.
