La segunda ronda de reformas
El presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, anunció en Suiza el inicio de un segundo paquete de reformas que consistirá en la modernización del Organo Judicial y el sistema educativo, la adopción de una nueva ley bancaria y cambios en el Seguro Social, el que opinó sería "más difícil de aplicar que el primero".
El último comentario nos luce exagerado a juzgar por el trauma que causaron las reformas al Código de Trabajo, la eliminación del Fondo Complementario, las privatizaciones, la supresión de incentivos industriales y la drástica rebaja de aranceles a los productos manufactureros e industriales desde un promedio de 60% a 15%, renunciando así el gobierno a plazos de gradualidad mucho mayores, duramente conseguidos con distintas naciones para el ingreso de Panamá a la Organización Mundial de Comercio (OMC).
No creemos que nada sea peor que tener a un millón de compatriotas que viven en el campo, ver de la noche a la mañana sus mercados copados de productos importados, no siempre mejores y más baratos. Nada nos parece peor que las industrias cerradas, las salinas convertidas en estanques, los meloneros implorando el pago de su producto mientras los bancos aprietan, en fin, nada peor que el 13% de panameños sin empleo o sin trabajo estable.
Ciertamente, el sector privado se ha adelantado a apoyar en principio el anunciado paquete de reformas y nosotros haremos oportunamente lo mismo, aunque no sin reservas.
Difícilmente puede alguien oponerse a que la educación nacional se actualice y se haga más funcional. Es una verdad de perogrullo que una buena formación reduce el abismo entre ricos y pobres, constituyendo el más valioso instrumento de movilidad social. Pero de modo alguno los cambios han de servir de pretexto para despedir educadores, ni para desmejorar sus condiciones.
Del mismo modo, la ley bancaria debe actualizarse, pero sin pensar solo en el interés de los banqueros. Hay que pensar también en los depositantes y en los usuarios del servicio frecuentemente abusados en una relación sin equilibrio, plagada de imposiciones e interpretaciones unilaterales.
Igualmente, hay que apoyar la modernización del Organo Judicial, dotándole de computadoras y textos legales más funcionales. Pero a la vez, hay que reforzar su independencia y mantenerlo a salvo de interferencias indeseables de los demás poderes.
Igual con el Seguro Social. Se requiere mejorar la productividad de sus reservas y privatizar algunos servicios, pero en modo alguno ha de permitirse que unos pocos festinen con sus haberes ni que el Estado renuncie a sus obligaciones con los asegurados.
En fin, hay que apoyar la modernización y las reformas, pero no sin condiciones, no sin un sentido social y participativo.
El último comentario nos luce exagerado a juzgar por el trauma que causaron las reformas al Código de Trabajo, la eliminación del Fondo Complementario, las privatizaciones, la supresión de incentivos industriales y la drástica rebaja de aranceles a los productos manufactureros e industriales desde un promedio de 60% a 15%, renunciando así el gobierno a plazos de gradualidad mucho mayores, duramente conseguidos con distintas naciones para el ingreso de Panamá a la Organización Mundial de Comercio (OMC).
No creemos que nada sea peor que tener a un millón de compatriotas que viven en el campo, ver de la noche a la mañana sus mercados copados de productos importados, no siempre mejores y más baratos. Nada nos parece peor que las industrias cerradas, las salinas convertidas en estanques, los meloneros implorando el pago de su producto mientras los bancos aprietan, en fin, nada peor que el 13% de panameños sin empleo o sin trabajo estable.
Ciertamente, el sector privado se ha adelantado a apoyar en principio el anunciado paquete de reformas y nosotros haremos oportunamente lo mismo, aunque no sin reservas.
Difícilmente puede alguien oponerse a que la educación nacional se actualice y se haga más funcional. Es una verdad de perogrullo que una buena formación reduce el abismo entre ricos y pobres, constituyendo el más valioso instrumento de movilidad social. Pero de modo alguno los cambios han de servir de pretexto para despedir educadores, ni para desmejorar sus condiciones.
Del mismo modo, la ley bancaria debe actualizarse, pero sin pensar solo en el interés de los banqueros. Hay que pensar también en los depositantes y en los usuarios del servicio frecuentemente abusados en una relación sin equilibrio, plagada de imposiciones e interpretaciones unilaterales.
Igualmente, hay que apoyar la modernización del Organo Judicial, dotándole de computadoras y textos legales más funcionales. Pero a la vez, hay que reforzar su independencia y mantenerlo a salvo de interferencias indeseables de los demás poderes.
Igual con el Seguro Social. Se requiere mejorar la productividad de sus reservas y privatizar algunos servicios, pero en modo alguno ha de permitirse que unos pocos festinen con sus haberes ni que el Estado renuncie a sus obligaciones con los asegurados.
En fin, hay que apoyar la modernización y las reformas, pero no sin condiciones, no sin un sentido social y participativo.
