La Seguridad de un Estado de Derecho

Al finalizar los conflictos armados en América Central y consiguientemente la eliminación de las dictaduras militares, estos países se vieron en la necesidad de restringir la presencia de los aparatos militares dentro de la vida política del Estado. Uno de los temas más debatidos era cómo pasar de regímenes autoritarios, donde el concepto de seguridad era drástico, a un sistema democrático, donde se respetaran los derechos y garantías de las personas, aun cuando estas fueran culpables; y que nadie fuese condenado sin el respeto a esos derechos y garantías. El problema era mayor cuando la seguridad era (y es) un tema de debate en todo el mundo y que se encuentra en la agenda de todos los Gobiernos. No era nada sencillo pasar de Gobiernos Militares autoritarios y autocráticos a Gobiernos Civiles respetuosos de las garantías y los derechos, a los que los ciudadanos ávidos de seguridad, califican como débiles. No es un debate simplista, por el contrario, es sumamente complejo. Quizás uno de los problemas que se confrontan en la actualidad sea la inexistencia de una Política Criminológica de Estado sostenida en el tiempo, que establezca una doctrina del Estado Panameño sobre la seguridad de sus habitantes coherente con las necesidades de la población. Este vacío nos ha conducido a copiarnos de las doctrinas norteamericanas antiterrorismo y antinarcotráfico, que se han mezclado con las percepciones propias de los funcionarios políticos de turno en cada Gobierno. Como lo han dicho expertos de Naciones Unidas, en los países donde no hay Fuerzas Armadas existe una ambigüedad entre la función militar y la función policial, que aquí se acentúa considerablemente por cuanto más de la mitad del estamento de las Fuerzas de Seguridad Pública posee formación militar. Además existen funciones que tienen una ascendencia más militar que policial, como la custodia de las fronteras nacionales.

So pretexto de combatir el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia en general, algunos países han adoptado medidas de carácter general para, en nombre de la democracia y la seguridad, conculcar bajo el ropaje de Leyes arbitrarias, las garantías y derechos que dicen defender. En un sistema democrático de Gobierno, la lucha contra la delincuencia se da dentro de los parámetros del debido proceso legal y a través de las autoridades constituidas, el Ministerio Publico y el Órgano Judicial. El Estado no puede ni debe invocar la violación a los derechos de los asociados bajo la premisa de que se los está protegiendo. Estamos conscientes que es más difícil cumplir esta labor para un Gobierno en democracia que en dictadura; en democracia la sociedad tiene que pasar por el trauma de todo un proceso que ocupa tiempo, recursos y esfuerzos; al procesado hay que garantizarle todos sus derechos, empezando por el sagrado derecho de defensa, hay que conciliar a la víctima con su desesperación y la convivencia con la lentitud de los procesos. Por eso en democracia se necesita funcionarios más capacitados, mayores y mejores recursos, leyes más transparentes y mejor organización social. Lo que ningún funcionario debe olvidar es que en Panamá ya no se puede invocar la eximente del mandato superior o de la obediencia debida.

*El autor fue Director de la Policía Nacional.