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La situación política en el Perú


Abrumado por la continuidad de las evidencias de la corrupción generada por su gobierno, Alberto Fujimori anunció en forma sibilina que convocará a elecciones generales y que desactivará el sistema de inteligencia militar. Pero en su mensaje de seis minutos, Fujimori pasó por alto dos asuntos básicos para el futuro político del Perú: no pronunció la palabra renuncia ni anunció el encausamiento judicial de su asesor Vladimir Montesinos, sorprendido con las manos en la masa en el pago de soborno a un legislador de la oposición.
En más de diez años de permanencia en el poder, dentro y fuera del Perú se ha aprendido a conocer las sinuosas maniobras de Fujimori y sus adláteres. Una de esas constataciones es que entre las promesas y los hechos del personaje existen tramos de calculada ambigüedad. En este caso, las ambigüedades minan todavía el panorama político peruano. Para disiparlas es importante el apartamiento absoluto de Fujimori de la Presidencia de la República y el desmantelamiento de los poderes públicos que controla, vale decir Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, sin excluir a los mandos militares nombrados por propuestas de Montesinos. Si esos cambios fundamentales no se llegan a producir, no estaría garantizado el proceso de transición del autoritarismo continuista a la nueva democracia.
Después de las elecciones fraudulentas de 1999, y de la parodia de la segunda vuelta, ¿se puede confiar en comicios con Fujimori controlando desde la presidencia las elecciones, con funcionarios electorales siguiendo consignas del servicio de inteligencia militar, con jueces ordinarios que no sancionan las ilicitudes políticas, y con legisladores pignorables?
Ante el vacío peligroso de poder que representaría que un cada vez más desacreditado e impopular Fujimori siga gobernando hasta la convocatoria de nuevas elecciones, ya se barajan en el Perú alternativas como la constitución de un gobierno transitorio que convoque a nuevas elecciones, un gobierno en el que no tengan participación el vicepresidente Francisco Tudela , parlamentarios oficialistas, miembros actuales del Poder Judicial, en suma, nadie del entorno fujimorista porque otra vez las suspicacias y sospechas enturbiarían las perspectivas políticas.
En diez años, se creó en el Perú uno de los peores sistemas políticos de corrupción, violación de derechos humanos, falsificación de la voluntad popular, represión de la libertad de expresión del siglo XX. Un sistema de civiles y militares que no vaciló en eliminar opositores a cualquier precio. Sin embargo, la cabeza de ese sistema de extorsión política ahora pretende zafarse de sus responsabilidades, como si no tuviera que ver con los atropellos perpetrados en una década contra la dignidad de personas e instituciones. Se burló de la OEA en 1992 y ahora estaba repitiendo las ofensas a la inteligencia de peruanos y foráneos, montando un seudodiálogo supuestamente de reconversión democrática, mientras al mismo tiempo sobornaba legisladores opositores para ganar mayoría parlamentaria con dólares extraídos no de los bolsillos de él o Montesinos sino de las arcas públicas.
Pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo, como dijo alguna vez Abraham Lincoln con una frase que se convierte en un aforisma moral cada vez que aparecen dictadores que, creyendo engañar al pueblo, concluyen engañándose ellos mismos, como lo comprueba amargamente Alberto Fujimori.


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