La solución que ayuda a todos
¿Por qué no puede la ACP encargarse de la generación y distribución de electricidad, de la potabilización y distribución de agua, así como de la telefonía?
CUANDO LOS economistas del gobierno se encuentran conversando a solas en algún lugar donde nadie pensaría que puede haber grabadoras ocultas, reconocen todos que una de las principales causas de la asfixiante crisis económica actual es el drenaje de capitales que se estableció en los años del anterior gobierno del PRD con la privatización de las utilidades públicas.
Si se ponen a calcular cuántos son los millones que se van para no volver, según la cifra que se admita como cierta, el total anda entre 480 millones y 780 millones de dólares (dolarizados conforme al convenio de 1904 y sus enmiendas). Pero, sobre esto nadie habla. Nadie dice nada.
Puesto que a ningún economista panameño le van a dar un Premio Nobel de Economía, todos pueden recordar que los que han recibido ese galardón en el pasado lo merecieron por haber inventado nomenclaturas nuevas para las mismas recetas de John Maynard Keynes, el famoso padre de la economía contemporánea que, por cierto, fue uno de los hombres más desprovistos de sensibilidad social entre los servidores de las clases dominantes tradicinales de Inglaterra. Si hubiera oído a algún colega usar la palabra solidaridad en un contexto de economía, por lo menos habría sufrido un ataque de urticaria. De sus otros desvíos mejor no hablar porque han pasado tres cuartos de siglo y ahora todo parece estar permitido.
Veamos lo que, en sus palabras textuales, recomendaba Lord Keynes hace 75 años exactamente: "Durante los próximos cien años la avaricia, la usura y la precaución tendrán que seguir siendo nuestros dioses, porque el mal es útil y el bien no lo es". Una docena de años antes, la judía alemana Rosa Luxemburgo había publicado su libro La acumulación del capital, que le describió muchos caminos halagüeños al economista inglés, dada la orientación comunista de la autora.
Como todavía faltan 25 años para que se cumpla la receta keynesiana y vuelva otra vez la economía política a orientarse hacia el único fin legítimo que puede tener, o sea el bienestar de todos (o como quería Simón Bolívar, la mayor suma de bienestar para la mayor cantidad de gente), entre los encargados de tomar decisiones sobre nuestro futuro son muchos los que piensan que primero hay que llenarse, segundo hay que llenarse y tercero hay que llenarse. He allí el epítome de la eficiencia de la empresa privada, del sector público y de toda la cadena de producir, consumir, prestar y cobrar plata.
Ahora bien, la gente que tiene dos dedos de frente, tanto en lo más arriba como en el medio y abajo, ha comenzado a darse cuenta de que los vientos que se están sembrando pueden hacer que cosechemos tempestades de un color bastante respetable, tal vez espeluznante. Cabe, pues, una vez más recordar que sí existe una solución y plantearla públicamente, para que después decidan los que pueden decidir y carguen con la culpa o con la bendición.
La primera advertencia que hago es que 98 de cada 100 economistas o filoeconomistas panameños tiene un 98% del cerebro lavado en lo tocante a la "ineficiencia del sector público", y cuando no es eso lo que arguyen, entonces la condena viene en términos de que las empresas públicas se llenan de empleos de favoritismo político y de nepotismo, como si en la empresa privada nadie tuviera queridas ni hijos de amigos ni antiguas novias con maridos nuevos.
Las empresas privatizadas entre el año de 1995 y el año 2000 han desarrollado y establecido un grado superlativo de eficiencia en cuanto a lo que el título del libro de Rosa Luxemburgo se refiere. En efecto, la comunidad en general se queja de que hoy la cuenta de la electricidad es tres o cuatro veces mayor que en 1989, no sólo porque las tarifas han subido, sino porque el medidor está compitiendo para alguna olimpíada de "cronometrismo", y ni siquiera toma en cuenta cuando la gente apaga toda la casa para irse de vacaciones durante una quincena o un mes. Los cortes de luz son tan frecuentes como antes o más porque hay más gente en todos los barrios y las instalaciones de suministro no aguantan. En cuanto a los teléfonos, la cuenta que hoy anda entre 150 y 200, antes de la invasión andaba por 35 ó 40 balboas, lo que ahora no alcanzaría ni para cubrir las llamadas a celulares porque a todo el mundo hay que llamarlo a su celular. Andar con ese aparatito pegado a la oreja se ha vuelto una obligación como la de ir a misa los domingos (sólo conozco una persona que, como yo, se niega a sufrir esos lapsos de pérdida de la lucidez). Hace diez años escribí en un periódico local que la capacidad de soborno de empresas de ese tamaño era un peligro para la gobernanza en el país.
Pero pasemos ya a la solución. Omar Torrijos decía, con harta frecuencia, que con la Zona del Canal lo que se nos devolvía debía tener "el mayor uso colectivo", y eso no puede interpretarse más que como el uso que más beneficie a la colectividad o el uso que conduzca a que más miembros de la colectividad se beneficien. La línea que tiró Torrijos con esas palabras no se puede interpretar de otra manera, y es en esas palabras donde todavía está esperándonos la solución de todo: crisis tributaria, crisis del Seguro, crisis del comercio paralizado, crisis de los bancos que no tienen a quién prestar, etc.
¿Por qué no puede la Autoridad del Canal encargarse de la generación y la distribución de la electricidad, de la potabilización y la distribución de agua, y de todas las formas de telefonía y telecomunicaciones, si esas actividades fueron parte de la operación de la Panama Canal Company y de la Panama Canal Commission durante 95 años? La Autoridad del Canal no es el gobierno pero, aunque sea estatal, funciona bien, o por lo menos el Canal funciona bien. Una entidad similar, la Autoridad del Canal de Suez, tenía un par de miles de empleados cuando Gamal Abdel Nasser la nacionalizó hace medio siglo, pero ahora tiene más de cuarenta mil y es uno de los principales motores de desarrollo de Egipto. ¿Lo puede desmentir algún flamante planificador? ¿Habrá alguno capaz de concebir una idea original como corresponde a un país con una economía que no se parece a ninguna de las que los textos de la materia contemplan?
Recuerdo que Jorge Rubén Rosas se opuso a la privatización de las utilidades públicas porque era inconstitucional, y Endara le hizo caso, y ese gobierno, con todo lo que pueda achacársele, dejó plata en la caja, entre otras cosas porque Chinchorro se oponía a pedir más préstamos a las IFI, y decía que podíamos vivir sin pedir préstamos.
Si la Autoridad del Canal asumiera las utilidades públicas en acatamiento de un mandato constitucional, Panamá no seguiría perdiendo todos los meses los cuantiosos capitales que son indispensables para el desarrollo nacional, y que, en fin de cuentas, son necesarios también para que los grandes nuevos ricos puedan seguir acumulando más capital.
CUANDO LOS economistas del gobierno se encuentran conversando a solas en algún lugar donde nadie pensaría que puede haber grabadoras ocultas, reconocen todos que una de las principales causas de la asfixiante crisis económica actual es el drenaje de capitales que se estableció en los años del anterior gobierno del PRD con la privatización de las utilidades públicas.
Si se ponen a calcular cuántos son los millones que se van para no volver, según la cifra que se admita como cierta, el total anda entre 480 millones y 780 millones de dólares (dolarizados conforme al convenio de 1904 y sus enmiendas). Pero, sobre esto nadie habla. Nadie dice nada.
Puesto que a ningún economista panameño le van a dar un Premio Nobel de Economía, todos pueden recordar que los que han recibido ese galardón en el pasado lo merecieron por haber inventado nomenclaturas nuevas para las mismas recetas de John Maynard Keynes, el famoso padre de la economía contemporánea que, por cierto, fue uno de los hombres más desprovistos de sensibilidad social entre los servidores de las clases dominantes tradicinales de Inglaterra. Si hubiera oído a algún colega usar la palabra solidaridad en un contexto de economía, por lo menos habría sufrido un ataque de urticaria. De sus otros desvíos mejor no hablar porque han pasado tres cuartos de siglo y ahora todo parece estar permitido.
Veamos lo que, en sus palabras textuales, recomendaba Lord Keynes hace 75 años exactamente: "Durante los próximos cien años la avaricia, la usura y la precaución tendrán que seguir siendo nuestros dioses, porque el mal es útil y el bien no lo es". Una docena de años antes, la judía alemana Rosa Luxemburgo había publicado su libro La acumulación del capital, que le describió muchos caminos halagüeños al economista inglés, dada la orientación comunista de la autora.
Como todavía faltan 25 años para que se cumpla la receta keynesiana y vuelva otra vez la economía política a orientarse hacia el único fin legítimo que puede tener, o sea el bienestar de todos (o como quería Simón Bolívar, la mayor suma de bienestar para la mayor cantidad de gente), entre los encargados de tomar decisiones sobre nuestro futuro son muchos los que piensan que primero hay que llenarse, segundo hay que llenarse y tercero hay que llenarse. He allí el epítome de la eficiencia de la empresa privada, del sector público y de toda la cadena de producir, consumir, prestar y cobrar plata.
Ahora bien, la gente que tiene dos dedos de frente, tanto en lo más arriba como en el medio y abajo, ha comenzado a darse cuenta de que los vientos que se están sembrando pueden hacer que cosechemos tempestades de un color bastante respetable, tal vez espeluznante. Cabe, pues, una vez más recordar que sí existe una solución y plantearla públicamente, para que después decidan los que pueden decidir y carguen con la culpa o con la bendición.
La primera advertencia que hago es que 98 de cada 100 economistas o filoeconomistas panameños tiene un 98% del cerebro lavado en lo tocante a la "ineficiencia del sector público", y cuando no es eso lo que arguyen, entonces la condena viene en términos de que las empresas públicas se llenan de empleos de favoritismo político y de nepotismo, como si en la empresa privada nadie tuviera queridas ni hijos de amigos ni antiguas novias con maridos nuevos.
Las empresas privatizadas entre el año de 1995 y el año 2000 han desarrollado y establecido un grado superlativo de eficiencia en cuanto a lo que el título del libro de Rosa Luxemburgo se refiere. En efecto, la comunidad en general se queja de que hoy la cuenta de la electricidad es tres o cuatro veces mayor que en 1989, no sólo porque las tarifas han subido, sino porque el medidor está compitiendo para alguna olimpíada de "cronometrismo", y ni siquiera toma en cuenta cuando la gente apaga toda la casa para irse de vacaciones durante una quincena o un mes. Los cortes de luz son tan frecuentes como antes o más porque hay más gente en todos los barrios y las instalaciones de suministro no aguantan. En cuanto a los teléfonos, la cuenta que hoy anda entre 150 y 200, antes de la invasión andaba por 35 ó 40 balboas, lo que ahora no alcanzaría ni para cubrir las llamadas a celulares porque a todo el mundo hay que llamarlo a su celular. Andar con ese aparatito pegado a la oreja se ha vuelto una obligación como la de ir a misa los domingos (sólo conozco una persona que, como yo, se niega a sufrir esos lapsos de pérdida de la lucidez). Hace diez años escribí en un periódico local que la capacidad de soborno de empresas de ese tamaño era un peligro para la gobernanza en el país.
Pero pasemos ya a la solución. Omar Torrijos decía, con harta frecuencia, que con la Zona del Canal lo que se nos devolvía debía tener "el mayor uso colectivo", y eso no puede interpretarse más que como el uso que más beneficie a la colectividad o el uso que conduzca a que más miembros de la colectividad se beneficien. La línea que tiró Torrijos con esas palabras no se puede interpretar de otra manera, y es en esas palabras donde todavía está esperándonos la solución de todo: crisis tributaria, crisis del Seguro, crisis del comercio paralizado, crisis de los bancos que no tienen a quién prestar, etc.
¿Por qué no puede la Autoridad del Canal encargarse de la generación y la distribución de la electricidad, de la potabilización y la distribución de agua, y de todas las formas de telefonía y telecomunicaciones, si esas actividades fueron parte de la operación de la Panama Canal Company y de la Panama Canal Commission durante 95 años? La Autoridad del Canal no es el gobierno pero, aunque sea estatal, funciona bien, o por lo menos el Canal funciona bien. Una entidad similar, la Autoridad del Canal de Suez, tenía un par de miles de empleados cuando Gamal Abdel Nasser la nacionalizó hace medio siglo, pero ahora tiene más de cuarenta mil y es uno de los principales motores de desarrollo de Egipto. ¿Lo puede desmentir algún flamante planificador? ¿Habrá alguno capaz de concebir una idea original como corresponde a un país con una economía que no se parece a ninguna de las que los textos de la materia contemplan?
Recuerdo que Jorge Rubén Rosas se opuso a la privatización de las utilidades públicas porque era inconstitucional, y Endara le hizo caso, y ese gobierno, con todo lo que pueda achacársele, dejó plata en la caja, entre otras cosas porque Chinchorro se oponía a pedir más préstamos a las IFI, y decía que podíamos vivir sin pedir préstamos.
Si la Autoridad del Canal asumiera las utilidades públicas en acatamiento de un mandato constitucional, Panamá no seguiría perdiendo todos los meses los cuantiosos capitales que son indispensables para el desarrollo nacional, y que, en fin de cuentas, son necesarios también para que los grandes nuevos ricos puedan seguir acumulando más capital.
