La subsidiaridad en la seguridad social
Como en toda disciplina hay un conjunto de principios que explican en su conjunto los fenómenos que se dan en una porción de la realidad, y la subsidiaridad es uno de los principios básicos de la seguridad social que establece que todos debemos aportar en la medida de nuestras posibilidades, de tal forma que evitemos algunos costos que eventualmente deberían ser asumidos por el sistema de seguridad social. Estos subsidios son los que hacen posible que haya una mayor cobertura y que se puedan transferir recursos a los sectores que no pueden aportar.
Es obvio que si promovemos el pleno empleo, la cobertura de la Caja de Seguro Social será cada vez mayor, específicamente en los programas de enfermedad y maternidad, habida cuenta que la ley permite que un cotizante activo registre a sus hijos, padres y hasta las personas que demuestren que depende de ellos, aunque no exista vínculo familiar como beneficiarios; de tal forma, que la tendencia será un aumento de la población que tendrá derecho a ser atendida en el Seguro Social, y que, según datos del Prof. Jované, asciende al 69.8% de la población total.
Coincidimos con el Prof. Jované cuando señala que la salud es un derecho irrenunciable, que el Estado tiene la responsabilidad de velar por la salud de la población de la República, y que no se trata de reducir o eliminar el concepto de beneficiario, sino que la Caja de Seguro Social es una institución que puede otorgar prestaciones hasta donde su capacidad financiera lo permita, y que, desde luego, tiene una carga adicional que no está contemplada en las bases de cotización de la seguridad social.
Si entendemos el precepto constitucional que establece que la preservación de la salud es responsabilidad del Estado, es lógico entonces, que el Estado subsidie a la Caja de Seguro social, porque está atendiendo a una parte de la población que rebasa a su capacidad financiera para hacerlo, de tal forma, que la falta de recursos no se traduzca en una disminución de la calidad de la atención médica, falta de insumos e insatisfacción de los usuarios por los servicios prestados.
La división entre asegurados y no asegurados se hace cada vez más frágil, la tendencia en los sistemas de seguridad social es que esta división desaparezca, sobre todo en lo que es atención médica, habida cuenta que la seguridad social es financiada por la sociedad en su conjunto. Por lo expresado, sin que la Caja de Seguro Social pierda su identidad, sin que evada la responsabilidad de atender a los beneficiarios, lo que corresponde al Estado es promover los mecanismos de transferencia para resarcir a la Caja de Seguro Social de los costos en que se incurre por atender el creciente número de beneficiarios.
De producirse esas transferencias, para las cuales existen diferentes alternativas, entre ellas, la que señala el Prof. Jované, de crea un capital constitutivo cuya generación de rentas se destinen a este programa, se estará dando la subsidiaridad en la dirección correcta, porque hasta ahora sucede todo lo contrario, la Caja de Seguro Social subsidiando al Estado.
El crédito extraordinario recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa, para atender el programa de Vejez y Muerte, es un ejemplo de que al final de cuentas le corresponde al Estado garantizar las prestaciones de la seguridad social, en consecuencia, deben tomarse en consideración este tipo de contingencias, para que la Caja dentro de su ámbito, pueda resolver la transferencia de fondos de un programa a otro.
Cuando se entre a deliberar sobre el futuro de la seguridad social, será un tema que debe estar en la agenda, porque indudablemente la tendencia es que la Caja de Seguro Social tendrá cada vez más una participación creciente en la atención de salud de la población.
El autor es especialista en Seguridad Social.
Es obvio que si promovemos el pleno empleo, la cobertura de la Caja de Seguro Social será cada vez mayor, específicamente en los programas de enfermedad y maternidad, habida cuenta que la ley permite que un cotizante activo registre a sus hijos, padres y hasta las personas que demuestren que depende de ellos, aunque no exista vínculo familiar como beneficiarios; de tal forma, que la tendencia será un aumento de la población que tendrá derecho a ser atendida en el Seguro Social, y que, según datos del Prof. Jované, asciende al 69.8% de la población total.
Coincidimos con el Prof. Jované cuando señala que la salud es un derecho irrenunciable, que el Estado tiene la responsabilidad de velar por la salud de la población de la República, y que no se trata de reducir o eliminar el concepto de beneficiario, sino que la Caja de Seguro Social es una institución que puede otorgar prestaciones hasta donde su capacidad financiera lo permita, y que, desde luego, tiene una carga adicional que no está contemplada en las bases de cotización de la seguridad social.
Si entendemos el precepto constitucional que establece que la preservación de la salud es responsabilidad del Estado, es lógico entonces, que el Estado subsidie a la Caja de Seguro social, porque está atendiendo a una parte de la población que rebasa a su capacidad financiera para hacerlo, de tal forma, que la falta de recursos no se traduzca en una disminución de la calidad de la atención médica, falta de insumos e insatisfacción de los usuarios por los servicios prestados.
La división entre asegurados y no asegurados se hace cada vez más frágil, la tendencia en los sistemas de seguridad social es que esta división desaparezca, sobre todo en lo que es atención médica, habida cuenta que la seguridad social es financiada por la sociedad en su conjunto. Por lo expresado, sin que la Caja de Seguro Social pierda su identidad, sin que evada la responsabilidad de atender a los beneficiarios, lo que corresponde al Estado es promover los mecanismos de transferencia para resarcir a la Caja de Seguro Social de los costos en que se incurre por atender el creciente número de beneficiarios.
De producirse esas transferencias, para las cuales existen diferentes alternativas, entre ellas, la que señala el Prof. Jované, de crea un capital constitutivo cuya generación de rentas se destinen a este programa, se estará dando la subsidiaridad en la dirección correcta, porque hasta ahora sucede todo lo contrario, la Caja de Seguro Social subsidiando al Estado.
El crédito extraordinario recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa, para atender el programa de Vejez y Muerte, es un ejemplo de que al final de cuentas le corresponde al Estado garantizar las prestaciones de la seguridad social, en consecuencia, deben tomarse en consideración este tipo de contingencias, para que la Caja dentro de su ámbito, pueda resolver la transferencia de fondos de un programa a otro.
Cuando se entre a deliberar sobre el futuro de la seguridad social, será un tema que debe estar en la agenda, porque indudablemente la tendencia es que la Caja de Seguro Social tendrá cada vez más una participación creciente en la atención de salud de la población.
El autor es especialista en Seguridad Social.
