La trama está montada
No acababan de contarse los votos cuando ya se iniciaban desde Estados Unidos nuevas presiones para que se logre un acuerdo para permitir bases militares en Panamá más allá del año 2000.
El 4 de mayo, se reunió en el Congreso norteamericano la subcomisión de Justicia Criminal, Política Antidrogas y Recursos Humanos, presidida por el republicano por la Florida, John Mica, para presionar a su gobierno para que inicie rápidas negociaciones en favor de un nuevo acuerdo de bases militares.
En dicha sesión se levantaron toda clase de argumentos para justificar la presencia militar en Panamá, desde acusaciones contra el gobierno de Pérez Balladares de haber recibido financiamiento del cartel de Cali para su campaña de 1994, a través de Castrillón Henao, hasta la supuesta inseguridad de la frontera darienita ante la guerrilla colombiana, incluso el "temor" de que China aumente su influencia en Panamá con el privatizado puerto de Balboa.
"Estoy francamente preocupado de que las FARC se moverán más al norte y crearán una situación más inestable en Panamá. También estoy preocupado de que Estados Unidos volverá a Panamá en el futuro, a gran costo y sacrificio, a preservar la santidad del Canal y proteger nuestros intereses nacionales", dijo John Mica.
El 7 de mayo el propio general (r) Barry McCaffrey, secretario de drogas del gobierno norteamericano, culpó al gobierno panameño por el fracaso de las negociaciones del CMA, y catalogó la pérdida de la base de Howard como "un duro golpe" y algo "dañino a los intereses regionales" (El Panamá América, 8/5/99).
El propio Williams Jefferson Clinton dijo en una carta al presidente de la Cámara Dennis Hastezt, el 19 de abril: "La entrega ordenada de Howard no sería obstáculo para un eventual restablecimiento de una presencia allí en caso de que el nuevo gobierno (panameño) estuviera anuente a contemplar tal posibilidad" (El Panamá América 19/5/99).
Previamente Clinton dejó entrever que lo único que impide un rápido acuerdo con el nuevo gobierno es el tiempo: "...hemos tenido que llegar a la conclusión de que el nuevo gobierno de Panamá que se encargará en septiembre no tendría suficiente tiempo para llegar a un acuerdo con nosotros y obtener el apoyo del pueblo panameño a través de un plebiscito..."
Los objetivos norteamericanos están claros, sólo falta la excusa apropiada para "justificar" la permanencia de bases militares. El hecho que sirva de excusa tiene que ser de tal envergadura que vuelque la opinión pública panameña a favor de que se queden las bases gringas. De modo que la presidenta electa, sin perder prestigio, tenga que romper su promesa electoral de que no renegociará este tema.
De pronto, a fines de mayo, los medios de comunicación empiezan a reportar a diario el supuesto terror de poblaciones fronterizas con Colombia a incursiones de guerrilleros y paramilitares. La población de La Miel, es "abandonada" y sus pobladores se convierten en "desplazados", que se mueven, no a Puerto Obaldía, sino a Colón, para mejor publicitar la supuesta incapacidad de la Policía Nacional para resguardar la frontera. La trama queda montada, y el "pánico" cunde cuidadosamente promovido por quienes nunca han querido que los gringos se vayan el 31 de diciembre.
Sólo faltaría que los paramilitares colombianos, apadrinados por el ejército de ese país, que a su vez es asesorado por la CIA y el Pentágono, realicen alguna matanza del lado de acá, para que a gritos se ruegue por un nuevo acuerdo de bases, para que los gringos se queden y "nos protejan".
MONADESO y el conjunto de los sectores populares panameños deben tomar medidas urgentes, convocando movilizaciones y una campaña de agitación contra cualquier posibilidad de renegociación de bases militares. Especialmente hay que advertir al nuevo gobierno de que una maniobra en ese sentido será rechazada. Lamentablemente los coqueteos con Mireya de algunos dirigentes pueden llevar al movimiento popular a bajar la guardia ante el peligro que se cierne sobre la soberanía panameña, no por parte de Colombia, sino de Estados Unidos
El 4 de mayo, se reunió en el Congreso norteamericano la subcomisión de Justicia Criminal, Política Antidrogas y Recursos Humanos, presidida por el republicano por la Florida, John Mica, para presionar a su gobierno para que inicie rápidas negociaciones en favor de un nuevo acuerdo de bases militares.
En dicha sesión se levantaron toda clase de argumentos para justificar la presencia militar en Panamá, desde acusaciones contra el gobierno de Pérez Balladares de haber recibido financiamiento del cartel de Cali para su campaña de 1994, a través de Castrillón Henao, hasta la supuesta inseguridad de la frontera darienita ante la guerrilla colombiana, incluso el "temor" de que China aumente su influencia en Panamá con el privatizado puerto de Balboa.
"Estoy francamente preocupado de que las FARC se moverán más al norte y crearán una situación más inestable en Panamá. También estoy preocupado de que Estados Unidos volverá a Panamá en el futuro, a gran costo y sacrificio, a preservar la santidad del Canal y proteger nuestros intereses nacionales", dijo John Mica.
El 7 de mayo el propio general (r) Barry McCaffrey, secretario de drogas del gobierno norteamericano, culpó al gobierno panameño por el fracaso de las negociaciones del CMA, y catalogó la pérdida de la base de Howard como "un duro golpe" y algo "dañino a los intereses regionales" (El Panamá América, 8/5/99).
El propio Williams Jefferson Clinton dijo en una carta al presidente de la Cámara Dennis Hastezt, el 19 de abril: "La entrega ordenada de Howard no sería obstáculo para un eventual restablecimiento de una presencia allí en caso de que el nuevo gobierno (panameño) estuviera anuente a contemplar tal posibilidad" (El Panamá América 19/5/99).
Previamente Clinton dejó entrever que lo único que impide un rápido acuerdo con el nuevo gobierno es el tiempo: "...hemos tenido que llegar a la conclusión de que el nuevo gobierno de Panamá que se encargará en septiembre no tendría suficiente tiempo para llegar a un acuerdo con nosotros y obtener el apoyo del pueblo panameño a través de un plebiscito..."
Los objetivos norteamericanos están claros, sólo falta la excusa apropiada para "justificar" la permanencia de bases militares. El hecho que sirva de excusa tiene que ser de tal envergadura que vuelque la opinión pública panameña a favor de que se queden las bases gringas. De modo que la presidenta electa, sin perder prestigio, tenga que romper su promesa electoral de que no renegociará este tema.
De pronto, a fines de mayo, los medios de comunicación empiezan a reportar a diario el supuesto terror de poblaciones fronterizas con Colombia a incursiones de guerrilleros y paramilitares. La población de La Miel, es "abandonada" y sus pobladores se convierten en "desplazados", que se mueven, no a Puerto Obaldía, sino a Colón, para mejor publicitar la supuesta incapacidad de la Policía Nacional para resguardar la frontera. La trama queda montada, y el "pánico" cunde cuidadosamente promovido por quienes nunca han querido que los gringos se vayan el 31 de diciembre.
Sólo faltaría que los paramilitares colombianos, apadrinados por el ejército de ese país, que a su vez es asesorado por la CIA y el Pentágono, realicen alguna matanza del lado de acá, para que a gritos se ruegue por un nuevo acuerdo de bases, para que los gringos se queden y "nos protejan".
MONADESO y el conjunto de los sectores populares panameños deben tomar medidas urgentes, convocando movilizaciones y una campaña de agitación contra cualquier posibilidad de renegociación de bases militares. Especialmente hay que advertir al nuevo gobierno de que una maniobra en ese sentido será rechazada. Lamentablemente los coqueteos con Mireya de algunos dirigentes pueden llevar al movimiento popular a bajar la guardia ante el peligro que se cierne sobre la soberanía panameña, no por parte de Colombia, sino de Estados Unidos
