La unilateralidad es una ilegalidad
Hemos conocido afirmaciones del gobierno panameño en el sentido de que “si se recibe una respuesta negativa (de parte de las naciones de Centroamérica), el país podría derogar el pacto –Protocolo de Tegucigalpa, a través del legislativo y salir del Parlacen de una forma unilateral”. Según entendemos el tema está incluido para las sesiones extraordinarias.
La vía legislativa, utilizando el derecho interno, para tal fin conduce al desconocimiento del derecho internacional y a lo que establece el propio régimen constitucional. El tema del Parlamento centroamericano ha evidenciado la fragilidad del sistema democrático panameño si por este se entiende el apego y respeto al orden jurídico institucionalizado. En efecto, estar en contra del Parlacen ha llevado al ejecutivo a cometer violaciones que ponen en riesgo la legitimidad del sistema legal panameño como también al mecanismo democrático de representación establecido en las leyes. Nos guste o no, los diputados pasaron por un proceso de elección establecido en el Código electoral, fueron acreditados por el Tribunal Electoral y juramentados por el organismo parlamentario.
Por ejemplo, y aun cuando se ha declarado que mientras Panamá sea parte del Parlacen se respetará esta condición, lo cierto es que se viene desconociendo derechos adquiridos de los diputados, lo que es grave ya que ningún funcionario, no importa su rango, está por encima de las leyes. Se viola la Ley de Presupuesto en la que se contempla la obligación del aporte financiero. Desde agosto, no se ha cumplido. Se violenta, igualmente, el decreto en el que se establece quienes tienen derecho a pasaportes diplomático. Hasta la fecha, lo han negado. Ahora, se señala la salida de Panamá por la vía unilateral, lo que es una fragante violación al régimen jurídico interno, como también una violación al ordenamiento internacional.
La unilateralidad y la utilización del legislativo para ello debe preocupar al país sobre todo por las implicaciones que ello tendría hacia futuro en lo que han de ser las responsabilidades contractuales con países vecinos. Además de no tener un sustento legal, salvo el sustento político, una acción como la que se propone golpea duramente los fundamentos de la constitucionalidad del sistema que rige a todos los panameños. Son consideraciones –las que aquí hemos sugerido, que con el mejor juicio debe sopesar la Cancillería como la rectora de la política exterior.
En efecto, si Panamá desconoce con mecanismos no legítimos las contrataciones realizadas con terceros países, los de Centroamérica, por ejemplo, mal podría en el futuro inmediato exigirse el cumplimiento de las obligaciones que se adquieran con nuestro Estado. La reciprocidad, que es un acto aplicable entre partes que negocian, queda cojeando y poco se podrá apelar a ella en tanto que, con los actos dados alrededor del tema del Parlacen, la hemos desconocido plenamente. Ojalá se reflexione y retomemos el camino más correcto: aquel que defiende y exige el respeto a la normativa del derecho internacional.
