La Universidad de Panamá Atalaya de la nacionalidad
Los Estudiantes de la Universidad de Panamá hace algunas semanas manifestaron su protesta por el fallo en que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con el salvamento de voto de la magistrada Graciela J. Dixon y del magistrado César Pereira Burgos, declaró inconstitucional una frase del ordinal 1° del artículo 63 de la ley 11 de 10 de junio de 1981, según la cual el presupuesto que el Estado le asigna a la Universidad "no podrá ser inferior al monto total de las partidas del año anterior."
La sentencia de la Corte recayó sobre dos demandas de incostitucionalidad promovidas separadamente y en fechas distintas por dos abogados locales, inducidos a actuar sin ningún tipo de lealtad para con la primera institución de educación superior del país y movidos por evidentes propósitos políticos.
La primera demanda, instaurada en 1998, en nombre propio, por el Lcdo. José Herrero Victoria, durante la administración presidencial del Dr. Ernesto Pérez Balladares, estuvo enderezada a desestabilizar a la Defensoría del Pueblo. Al parecer, con el objetivo de contrarrestar la primera demanda, el Lcdo. Nelson Herbert, también en su propio nombre, presentó otra demanda acusando de inconstitucionalidad un artículo de la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá, aduciendo como causal de infracción el mismo artículo constitucional invocado en contra de la Defensoría del Pueblo.
La Corte ordenó la acumulación el 30 de septiembre de 1998 y ambas acciones fueron reunidas, con el propósito de "ser decididas en el mismo momento y en el mismo sentido". El Dr. Fabian Echevers, en el mes de noviembre de 1999, durante su ejercicio como magistrado, y posteriormente el magistrado César Pereira Burgos presentaron sus respectivos proyectos de sentencia declarando que la norma que garantiza la intangibilidad del presupuesto universitario no es inconstitucional. Estos proyectos fueron objetados por sus colegas de la mayoría, quienes aprobaron un contraproyecto que es el que conformó la sentencia que declara inconstitucional la norma impugnada. Los magistrados Dixon y Pereira Burgos disintieron del fallo dictado por la mayoría con fecha 9 de agosto de 2000, aduciendo razones de peso en defensa de la estructuración presupuestaria de ambas instituciones.
La Universidad de Panamá ha sido víctima de los oblicuos manejos de la política criolla, a pesar del régimen de autonomía de que goza a nivel constitucional. El constituyente consagró en el artículo 99 de la Carta Magna que a la Universidad "se le reconoce personería jurídica, partrimonio propio y derecho de administrarlo". A renglón seguido, el artículo 100, con toda justicia y sabiduría proclama que "para hacer efectiva la autonomía económica de la Universidad, el Estado la dotará de lo indispensable para su instalación, funcionamiento y desarrollo futuro, así como del patrimonio de que trata el artículo anterior y de los medios necesarios para acrecentarlo". Son dos dispocisiones especialísimas que le otorgan a la Universidad, de manera particular: a) Autonomía económica; b) Patrimonio propio y derecho de administrarlo; c) La dotación por el Estado de los recursos para su funcionamiento y desarrollo futuro y d) La obligación del Estado de proporcionarle los medios necesarios para acrecentar su patrimonio.
Es de rigor reconocer que la norma impugnada armoniza plenamente con nuestra Carta Fundamental. Los artículos 99 y 100 de la Constitución Nacional, que a su vez son concordantes con la Ley Orgánica de la Universidad, por ser de carácter especial prevalecen sobre el artículo 268 de la misma Constitución, que es de carácter general. Así lo determinan las reglas de hermenéutica sobre aplicación e interpretación de la Ley consignadas en nuestro Código Civil y que sustentan las conclusiones de los juristas en el sentido de que la norma que garantiza la intangibilidad del presupuesto universitario no es inconstitucional.
Este tema abre un amplio abanico de consideraciones en las cuales podría influir las sensibilidades frente a la problemática universitaria en Panamá. Me parece evidente que la visión que se pueda tener de los problemas universitarios, incluyendo los referidos a su financiamiento, dependen de las ideas que tengamos sobre la misión de la Universidad. En este caso, la de la Universidad de Panamá.
La enseñanza superior ha transitado en Panamá por un camino diferente al que se tomó en la mayoría de los países de Europa occidental, donde las primeras universidades nacieron con el auspicio de la Iglesia. Fue lento en Europa el proceso mediante el cual el Estado reivindicó la institución universitaria que en su vocación inicial no fue estatal sino clerical.
La Fundación de la Universidad de Panamá tuvo una vocación republicana en la cual los principios democráticos de libertad, de igualdad y pluralismo, estaban explícitos. La Universidad fue evolucionando paralelamente al transitar de la República, a partir de 1935, para realizar esa vocación y hacer operativos esos principios. Se inició entonces al decir de Carlos Manuel Gasteazoro, la etapa del afianzamiento nacional. La mayoría de los panameños que ayudaron a afirmar la República colaboraron con la afirmación de la Universidad, aunque por su implicación directa es justo mencionar al Dr. Harmodio Arias, al Dr. Octavio Mendez Pereira y al Dr. José Dolores Moscote.
La Universidad de Panamá es hija del genio republicano panameño y esa filiación le dio a la Universidad un carácter y una dinámica. En esa dinámica hay que mencionar el Campus central, ubicado en la ciudad capital, que fue rebasado posteriormente cuando se crearon los centros regionales. Su filiación republicana es la causa de que la Universidad de Panamá corra los mismos riesgos que el país entero frente a los fenómenos de la exclusión social, de la pobreza, de la globalización, de las migraciones. No se escapa tampoco la Casa de Mendez Pereira de la competencia y de los imperativos de la modernización al nivel de los adelantos científicos y tecnológicos. Esa misma filiación republicana ha hecho a la Universidad de Panamá una atalaya atenta al futuro del país y por tanto atenta a sus problemas políticos, económicos y sociales.
En el Informe de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano, aparecen claros y transparentes los lazos que vinculan a la educación con el progreso de las sociedades. En 1996, se dio a la publicidad el informe promovido por UNESCO y realizado por la Comisión presidida por Jacques Delors. En ese informe hay respuestas a problemas candentes de nuestro tiempo, pues contiene verdaderos estímulos para que los gobiernos y las instituciones educativas se atrevan a hacer los cambios, las innovaciones que son necesarias para enfrentar el nuevo siglo y el nuevo milenio. En ese informe, la frase con la cual Horacio exhortaba a sus discípulos "SAPERE AUDE" (atrevete a saber) se ve complementada con otras exhortaciones: Saber atreverse, Saber hacer, Saber emprender, Saber compartir, como requisitos para Saber ser.
La Universidad de Panamá tiene su propio ámbito y sus propias maneras con las cuales debe vivir las conquistas que concretó la nación a partir del 31 de diciembre de 1999. La plena soberanía debe tener en la Universidad modalidades que desde luego se ubican en el plano intelectual, espiritual, pero que también deben tener su dimensión material. Los recursos con los cuales la Universidad debe acompañar la vivencia de la plena soberanía panameña, deben ser suficientes y proporcionales al cometido que le corresponde de preparar a los panameños y panameñas para saber vivir, saber hacer, saber ser plenamente soberanos. Ningún espacio está más posibilitado que la Universidad para dotar a los panameños y panameñas de soberanía personal. De ahí que sea posible decir que la tarea del sistema universitario nacional es anterior a la política, que opera en un estrato más profundo, más vinculado a la ética y a las convicciones. El cometido de la Universidad nacional es, si se quiere, pre-político. Prepara a los hombres y mujeres para ejercer plenamente su ciudadanía, para vivir, para hacer y para ser ciudadanos de un país plenamente soberano.
Desde luego, no estoy diciendo otra cosa que no haya estado en el pensamiento de los fundadores de nuestra Universidad Nacional. Harmodio Arias había frecuentado el pensamiento de H. G. Wells: "La Historia se convierte, cada vez más, en una carrera entre la educación y el desastre". Octavio Mendez Pereira, hacía sus predicas apoyándose en la frase de ese gran Libertador de la espada y de las ideas que fue Simón Bolívar: "La educación es la base de la libertad".
El reconocimiento de la autonomía universitaria no debe limitarse a su independencia del control gubernamental. La Universidad necesita su autonomía, para cumplir cabalmente su misión y para cumplirla de modo específicamente universitario. Es decir, mediante el conocimiento, la cultura y la formación. La especificidad de su misión es lo que hace a la Universidad merecedora de su autonomía. Hace también que la Universidad merezca los esfuerzos de la comunidad nacional para dotarla de los medios materiales incluyendo los medios financieros que hacen posible su funcionamiento.
La mención del mérito no es antojadiza. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 26.1: Proclama que "el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos". De la Universidad se espera que cultive además del rigor científico, una conciencia crítica tanto de lo racional como de lo útil, para beneficio de los miembros de la institución y para beneficio de la comunidad en general. Puesta como está la Universidad frente a la necesidad de acrecentar sus recursos financieros, es la conciencia crítica y el rigor científico lo que le ayudarán a resolver los problemas.
La Universidad debe seguir viviendo su autonomía con una disposición cada vez mayor de rendir cuentas a la sociedad a la que sirve. La Universidad debe ser capaz de anticiparse a las tendencias negativas que muestran que la capacidad de los gobiernos para financiar la educación superior es cada vez más limitada.
La Universidad debe ofrecer soluciones al sector político. Entre esas soluciones están las que pueden ser encontradas a través de la intensificación de las alianzas estratégicas con el sector empresarial y la sociedad civil. La Universidad debe vivir los problemas financieros como un problema abierto a muchas soluciones, como un reto que debe ser atendido mediante muchas respuestas y la diversificación de los recursos.
En el teatro de la creatividad nacional la Universidad debe ser una actora de primer orden, debe suprimir las distancias que la separan del resto de la comunidad e instaurar una concertación activa. Para conmover con su mensaje, la Universidad debe mostrar que está comprometida con la vida de toda la comunidad. El fervor militante por la educación superior debe ser compartido por toda la comunidad, pero para eso la Universidad debe mostrar una permanente preocupación - casi una religión - por todo lo que interesa y le importa al país integral, con todas sus dificultades, con todas sus potencialidades, con todas sus esperanzas.
La sentencia de la Corte recayó sobre dos demandas de incostitucionalidad promovidas separadamente y en fechas distintas por dos abogados locales, inducidos a actuar sin ningún tipo de lealtad para con la primera institución de educación superior del país y movidos por evidentes propósitos políticos.
La primera demanda, instaurada en 1998, en nombre propio, por el Lcdo. José Herrero Victoria, durante la administración presidencial del Dr. Ernesto Pérez Balladares, estuvo enderezada a desestabilizar a la Defensoría del Pueblo. Al parecer, con el objetivo de contrarrestar la primera demanda, el Lcdo. Nelson Herbert, también en su propio nombre, presentó otra demanda acusando de inconstitucionalidad un artículo de la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá, aduciendo como causal de infracción el mismo artículo constitucional invocado en contra de la Defensoría del Pueblo.
La Corte ordenó la acumulación el 30 de septiembre de 1998 y ambas acciones fueron reunidas, con el propósito de "ser decididas en el mismo momento y en el mismo sentido". El Dr. Fabian Echevers, en el mes de noviembre de 1999, durante su ejercicio como magistrado, y posteriormente el magistrado César Pereira Burgos presentaron sus respectivos proyectos de sentencia declarando que la norma que garantiza la intangibilidad del presupuesto universitario no es inconstitucional. Estos proyectos fueron objetados por sus colegas de la mayoría, quienes aprobaron un contraproyecto que es el que conformó la sentencia que declara inconstitucional la norma impugnada. Los magistrados Dixon y Pereira Burgos disintieron del fallo dictado por la mayoría con fecha 9 de agosto de 2000, aduciendo razones de peso en defensa de la estructuración presupuestaria de ambas instituciones.
La Universidad de Panamá ha sido víctima de los oblicuos manejos de la política criolla, a pesar del régimen de autonomía de que goza a nivel constitucional. El constituyente consagró en el artículo 99 de la Carta Magna que a la Universidad "se le reconoce personería jurídica, partrimonio propio y derecho de administrarlo". A renglón seguido, el artículo 100, con toda justicia y sabiduría proclama que "para hacer efectiva la autonomía económica de la Universidad, el Estado la dotará de lo indispensable para su instalación, funcionamiento y desarrollo futuro, así como del patrimonio de que trata el artículo anterior y de los medios necesarios para acrecentarlo". Son dos dispocisiones especialísimas que le otorgan a la Universidad, de manera particular: a) Autonomía económica; b) Patrimonio propio y derecho de administrarlo; c) La dotación por el Estado de los recursos para su funcionamiento y desarrollo futuro y d) La obligación del Estado de proporcionarle los medios necesarios para acrecentar su patrimonio.
Es de rigor reconocer que la norma impugnada armoniza plenamente con nuestra Carta Fundamental. Los artículos 99 y 100 de la Constitución Nacional, que a su vez son concordantes con la Ley Orgánica de la Universidad, por ser de carácter especial prevalecen sobre el artículo 268 de la misma Constitución, que es de carácter general. Así lo determinan las reglas de hermenéutica sobre aplicación e interpretación de la Ley consignadas en nuestro Código Civil y que sustentan las conclusiones de los juristas en el sentido de que la norma que garantiza la intangibilidad del presupuesto universitario no es inconstitucional.
Este tema abre un amplio abanico de consideraciones en las cuales podría influir las sensibilidades frente a la problemática universitaria en Panamá. Me parece evidente que la visión que se pueda tener de los problemas universitarios, incluyendo los referidos a su financiamiento, dependen de las ideas que tengamos sobre la misión de la Universidad. En este caso, la de la Universidad de Panamá.
La enseñanza superior ha transitado en Panamá por un camino diferente al que se tomó en la mayoría de los países de Europa occidental, donde las primeras universidades nacieron con el auspicio de la Iglesia. Fue lento en Europa el proceso mediante el cual el Estado reivindicó la institución universitaria que en su vocación inicial no fue estatal sino clerical.
La Fundación de la Universidad de Panamá tuvo una vocación republicana en la cual los principios democráticos de libertad, de igualdad y pluralismo, estaban explícitos. La Universidad fue evolucionando paralelamente al transitar de la República, a partir de 1935, para realizar esa vocación y hacer operativos esos principios. Se inició entonces al decir de Carlos Manuel Gasteazoro, la etapa del afianzamiento nacional. La mayoría de los panameños que ayudaron a afirmar la República colaboraron con la afirmación de la Universidad, aunque por su implicación directa es justo mencionar al Dr. Harmodio Arias, al Dr. Octavio Mendez Pereira y al Dr. José Dolores Moscote.
La Universidad de Panamá es hija del genio republicano panameño y esa filiación le dio a la Universidad un carácter y una dinámica. En esa dinámica hay que mencionar el Campus central, ubicado en la ciudad capital, que fue rebasado posteriormente cuando se crearon los centros regionales. Su filiación republicana es la causa de que la Universidad de Panamá corra los mismos riesgos que el país entero frente a los fenómenos de la exclusión social, de la pobreza, de la globalización, de las migraciones. No se escapa tampoco la Casa de Mendez Pereira de la competencia y de los imperativos de la modernización al nivel de los adelantos científicos y tecnológicos. Esa misma filiación republicana ha hecho a la Universidad de Panamá una atalaya atenta al futuro del país y por tanto atenta a sus problemas políticos, económicos y sociales.
En el Informe de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano, aparecen claros y transparentes los lazos que vinculan a la educación con el progreso de las sociedades. En 1996, se dio a la publicidad el informe promovido por UNESCO y realizado por la Comisión presidida por Jacques Delors. En ese informe hay respuestas a problemas candentes de nuestro tiempo, pues contiene verdaderos estímulos para que los gobiernos y las instituciones educativas se atrevan a hacer los cambios, las innovaciones que son necesarias para enfrentar el nuevo siglo y el nuevo milenio. En ese informe, la frase con la cual Horacio exhortaba a sus discípulos "SAPERE AUDE" (atrevete a saber) se ve complementada con otras exhortaciones: Saber atreverse, Saber hacer, Saber emprender, Saber compartir, como requisitos para Saber ser.
La Universidad de Panamá tiene su propio ámbito y sus propias maneras con las cuales debe vivir las conquistas que concretó la nación a partir del 31 de diciembre de 1999. La plena soberanía debe tener en la Universidad modalidades que desde luego se ubican en el plano intelectual, espiritual, pero que también deben tener su dimensión material. Los recursos con los cuales la Universidad debe acompañar la vivencia de la plena soberanía panameña, deben ser suficientes y proporcionales al cometido que le corresponde de preparar a los panameños y panameñas para saber vivir, saber hacer, saber ser plenamente soberanos. Ningún espacio está más posibilitado que la Universidad para dotar a los panameños y panameñas de soberanía personal. De ahí que sea posible decir que la tarea del sistema universitario nacional es anterior a la política, que opera en un estrato más profundo, más vinculado a la ética y a las convicciones. El cometido de la Universidad nacional es, si se quiere, pre-político. Prepara a los hombres y mujeres para ejercer plenamente su ciudadanía, para vivir, para hacer y para ser ciudadanos de un país plenamente soberano.
Desde luego, no estoy diciendo otra cosa que no haya estado en el pensamiento de los fundadores de nuestra Universidad Nacional. Harmodio Arias había frecuentado el pensamiento de H. G. Wells: "La Historia se convierte, cada vez más, en una carrera entre la educación y el desastre". Octavio Mendez Pereira, hacía sus predicas apoyándose en la frase de ese gran Libertador de la espada y de las ideas que fue Simón Bolívar: "La educación es la base de la libertad".
El reconocimiento de la autonomía universitaria no debe limitarse a su independencia del control gubernamental. La Universidad necesita su autonomía, para cumplir cabalmente su misión y para cumplirla de modo específicamente universitario. Es decir, mediante el conocimiento, la cultura y la formación. La especificidad de su misión es lo que hace a la Universidad merecedora de su autonomía. Hace también que la Universidad merezca los esfuerzos de la comunidad nacional para dotarla de los medios materiales incluyendo los medios financieros que hacen posible su funcionamiento.
La mención del mérito no es antojadiza. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 26.1: Proclama que "el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos". De la Universidad se espera que cultive además del rigor científico, una conciencia crítica tanto de lo racional como de lo útil, para beneficio de los miembros de la institución y para beneficio de la comunidad en general. Puesta como está la Universidad frente a la necesidad de acrecentar sus recursos financieros, es la conciencia crítica y el rigor científico lo que le ayudarán a resolver los problemas.
La Universidad debe seguir viviendo su autonomía con una disposición cada vez mayor de rendir cuentas a la sociedad a la que sirve. La Universidad debe ser capaz de anticiparse a las tendencias negativas que muestran que la capacidad de los gobiernos para financiar la educación superior es cada vez más limitada.
La Universidad debe ofrecer soluciones al sector político. Entre esas soluciones están las que pueden ser encontradas a través de la intensificación de las alianzas estratégicas con el sector empresarial y la sociedad civil. La Universidad debe vivir los problemas financieros como un problema abierto a muchas soluciones, como un reto que debe ser atendido mediante muchas respuestas y la diversificación de los recursos.
En el teatro de la creatividad nacional la Universidad debe ser una actora de primer orden, debe suprimir las distancias que la separan del resto de la comunidad e instaurar una concertación activa. Para conmover con su mensaje, la Universidad debe mostrar que está comprometida con la vida de toda la comunidad. El fervor militante por la educación superior debe ser compartido por toda la comunidad, pero para eso la Universidad debe mostrar una permanente preocupación - casi una religión - por todo lo que interesa y le importa al país integral, con todas sus dificultades, con todas sus potencialidades, con todas sus esperanzas.
