La Universidad en la encrucijada del cambio
La Universidad de Panamá (UP) pasará a ser administrada por un nuevo equipo. Quizás nunca será tan importante el concurso de todos los universitarios para que nuestra principal institución de estudios superiores arrumbe sus pasos, de manera planificada y científica hacia el interior del siglo XXI. Dicho proceso ha de ser sustentado y liderado por una serie de cambios definitivos en la arquitectura de su ordenamiento legal y estatutario, en el comportamiento de oportunidad que ha venido siendo prohijado por la aplicación de una ley, muy sui generis; cambios en la infraestructura de la tecnología informática, en lo que hace a su innovación y cobertura; en la calidad de los servicios y procesos administrativos y en el desarrollo y transformación de la oferta académica a la sociedad y juventud panameñas.
Con el formato organizacional actual, la UP no podrá responder a las exigencias de una demanda, cada vez más especializada y diversificada de recursos humanos, porque paradójicamente, mientras los diversos sectores de la actividad económico y social del país, se transforman con rapidez, la Universidad ralentiza su respuesta, casi siempre en un patrón de tipo reactivo y preñado de un excesivo formalismo.
En tal sentido, la toma de posesión del Dr. Gustavo García de Paredes, en lugar de ser un motivo nutrido de emociones y regodeos, es un momento para resaltar que la comunidad nacional y la universitaria, en especial, esperan con mucha atención cómo su administración tomará posesión y las riendas de los grandes problemas que aquejan a la institución, a los cuales se le añade, ahora con un perfil de mayor hostilidad, la presión del Gobierno que cuestiona la integridad de la autonomía. Desde luego, que no dudamos de la enjundia, trayectoria y creatividad del equipo de asesores y de colegas profesores, que las condiciones inherentes a los compromisos de campaña, le hayan podido permitir formar.
La Universidad de Panamá, como todas las universidades latinoamericanas, ha logrado, muy precariamente, sobrevivir a los embates de los programas de ajuste estructural del Estado y a las presiones impuestas por la rapacidad de las instituciones financieras internas y externas; pero no ha podido escapar a la crisis deficitaria, general del Estado, develada por el caso del tristemente célebre presupuesto desbalanceado de la Caja de Seguro Social. En este contexto, la Universidad enfrenta una situación de riesgo, en cuanto a la sostenibilidad de los servicios académicos y de los costos del personal administrativo, lo cual en perspectiva, limitan su posibilidad real de innovación y crecimiento. Un producto resultante de este fenómeno, ha sido la proliferación de la oferta privada y el auge de la privatización de los estudios universitarios que, dicho sea de paso, en Panamá es un negocio muy rentable, al cual se le ponen menos trabas, dado que en el fondo se reduce así la carga financiera del Estado y se traslada el costo a los bolsillos de los estudiantes. Pero sea como sea, la crisis se agrava por el crecimiento natural de la población de aspirantes provenientes de los sectores sociales menos favorecidos y empobrecidos. Según cifras, que le escuché al Dr. Cisneros, vicerrector académico saliente, este año alcanza la cifra de 22,000 estudiantes. He allí un reto de consideración. Pero hacer frente a estas demandas reales, podría, en una buena parte, resolverse por la vía de la generación de un agresivo plan de autogestión y de la gestación de institutos y unidades corporizadas, que oferten toda suerte de programas de consultoría y asesoría al gobierno y al sector privado.
No obstante, a mi juicio, ése no sería el principal escollo de la tercera toma de posesión del Dr. García de Paredes. Existen amenazas y peligros de mayor calibre. Voy a referirme a uno de ellos. Los cambios operados en nuestro país, en el período postinvasión, las falsas expectativas publicitadas con la ola de privatizaciones, la contracción de la inversión nacional y externa, y la crisis deficitaria general parecen llevar al gobierno de turno a la fatal conclusión que el tratamiento dado a los presupuestos universitarios, por gobiernos anteriores, no es sostenible debido a la baja matrícula de egresados y aduciendo el cursi concepto de incapacidad manifiesta. Esta actitud gubernamental no da espacio ni lugar para festejar ningún cambio ni toma de posesión.
La hora de la creatividad toca la puerta en nuestra Universidad, como la tocó en las de todo el continente, en los años "80 y "90. Es nuestro criterio que esta actitud del gobierno contrasta con las exigencias del presente y del futuro que la misma sociedad le imponen a la Universidad. Exigencias que vienen en el momento menos oportuno, cuando los universitarios tenemos que enfrentar serios cambios en el ordenamiento legal. ¿Por qué? Porque el ordenamiento actual ha escindido a la familia universitaria, que no ha podido escapar a las apetencias del poder.
En la ley vigente, hay una gran debilidad reflejada en el desigual valor del voto individualizado, que arbitraria e irregularmente, dispersa la sinergia de la mayor concentración de investigadores, científicos, académicos del país.
En la actualidad existen tres grandes grupos, alineados a lo largo de una variada gama de intereses políticos, cuales son el de los que toman posesión, el de los que salen del poder y el de los que aún no salen del poder; esto es, la tercera fuerza. En verdad, decir que el nuevo rector obtuvo el 47% de los votos, es una verdad legal, pero también es una verdad estadística muy cuestionable, si tomamos en cuenta que el total absoluto de universitarios está muy cercano a los 100,000 y éste 47% ponderado, no llega a representar ni siquiera un 25% del total.
En estas circunstancias, el logro del consenso será una ilusión, siempre lo ha sido, puesto que los organismos de decisión y de gobierno universitario no son instancias democráticas, sino venidas a una caricatura auspiciada por la ley vigente y coyunturalmente bien vistas por los enemigos externos, para urdir estratagemas antiuniversitarias. Es una debilidad que transmite, por ósmosis, su efecto a todos los proyectos que la nueva administración, de buena fe, quisiera implantar para la transformación de la Universidad. El reto más importante de la segunda vuelta del Dr. García de Paredes, será darle una nueva ley a la Universidad, en la cual se entierre el actual método que ha fosilizado la creatividad, la comunicación y las buenas relaciones interpersonales en la casa de Méndez Pereira.
Mientras exista esta puerilidad legalmente institucionalizada, en la cual los que ganan, merced a una ley antidemocrática, descalifican automáticamente a los que pierden, la Universidad continuará disminuyendo su sinergia interna, dejándola abierta y débil a la crítica (como por ejemplo a la cavernaria posición del "procuranada"), a los apetitos de los enemigos institucionales del gobierno en turno, y con una merma su capacidad para concentrar su intelligentia, en el desarrollo de nuevas alternativas dirigidas a fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas para competir en la generación de soluciones al país.
Igualmente, si la Universidad de Panamá continúa, bajo el modo sui generis de decidir cómo autogobernarse, le será muy difícil que logre alinear a su equipo humano, en el delineamiento de una visión estratégica, que propenda a anticipar y a apoyar diversos procesos de cambio y de urgentes necesidades sentidas en el país, tales como las políticas poblacionales y del empleo, la distribución de los servicios educativos y de salud, las demandas de justicia y de respeto a los derechos humanos, la preservación del medio ambiente, el patrimonio cultural de la Nación y el impulso permanente a la cultura de paz. En lo personal, deseamos lo mejor al nuevo rector y a su equipo.
Explicó que la corrupción y malversación de fondos conllevan costos que se pueden medir. La corrupción es el hurto a la Nación, y priva a los ciudadanos de su potencial y aspiraciones de un futuro más brillante, entre éstos: mejor educación, atención médica y acceso a los recursos básicos de subsistencia.
Por su parte, Jacobo Salas, presidente de la Asamblea Legislativa, dijo que a pesar de los niveles de subdesarrollo en que vive Panamá, los senadores y miembros de la Cámara de Representantes de EU tienen más faltas y mucho más problemas que los panameños, razón por la cual no se justifica que un funcionario del gobierno de ese país haga cuestionamientos a la Asamblea Legislativa.
Recalcó que a pesar de toda la corrupción que se pueda vivir en algunos parlamentos de América Latina, los problemas de los norteamericanos están muy por encima de los estas naciones.
Indicó que vivió en EU durante diez años y tuvo la oportunidad de apreciar de cerca el sistema de gobierno de ese país, razón por la que está en capacidad de opinar al respecto.
En tanto, el ex embajador de Panamá en Washington, Guillermo Ford, calificó las críticas de la embajadora como "fuertes, profundas y sinceras", sobre todo, un llamado de atención al país.
Negó que sea una intromisión en los asuntos internos de Panamá, sino un llamado para mejorar la democracia, donde se enumeran los puntos que requieren ser atendidos y no seguir debilitándonos.
También el presidente de Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, opinó que para que en el país haya seguridad jurídica debe haber una lucha frontal contra la corrupción.
"Todo lo que ha señalado la embajadora es el clamor popular, porque no se puede trasladar el deber de gobernar al sector privado ya que la excusa que se da es que existe corrupción de ambos lados", recordó.
Destacó que puntos como la reglamentación de la Ley de Transparencia, los criterios para asignar la publicidad estatal y el alto presupuesto de la Asamblea Legislativa son fallas que deben ser corregidas.
Sustentó que la necesidad de ejecutar la declaración jurada de bienes de los funcionarios y códigos de ética, así como la eliminación de la inmunidad parlamentaria, son aspectos por los cuales el país clama.
Con el formato organizacional actual, la UP no podrá responder a las exigencias de una demanda, cada vez más especializada y diversificada de recursos humanos, porque paradójicamente, mientras los diversos sectores de la actividad económico y social del país, se transforman con rapidez, la Universidad ralentiza su respuesta, casi siempre en un patrón de tipo reactivo y preñado de un excesivo formalismo.
En tal sentido, la toma de posesión del Dr. Gustavo García de Paredes, en lugar de ser un motivo nutrido de emociones y regodeos, es un momento para resaltar que la comunidad nacional y la universitaria, en especial, esperan con mucha atención cómo su administración tomará posesión y las riendas de los grandes problemas que aquejan a la institución, a los cuales se le añade, ahora con un perfil de mayor hostilidad, la presión del Gobierno que cuestiona la integridad de la autonomía. Desde luego, que no dudamos de la enjundia, trayectoria y creatividad del equipo de asesores y de colegas profesores, que las condiciones inherentes a los compromisos de campaña, le hayan podido permitir formar.
La Universidad de Panamá, como todas las universidades latinoamericanas, ha logrado, muy precariamente, sobrevivir a los embates de los programas de ajuste estructural del Estado y a las presiones impuestas por la rapacidad de las instituciones financieras internas y externas; pero no ha podido escapar a la crisis deficitaria, general del Estado, develada por el caso del tristemente célebre presupuesto desbalanceado de la Caja de Seguro Social. En este contexto, la Universidad enfrenta una situación de riesgo, en cuanto a la sostenibilidad de los servicios académicos y de los costos del personal administrativo, lo cual en perspectiva, limitan su posibilidad real de innovación y crecimiento. Un producto resultante de este fenómeno, ha sido la proliferación de la oferta privada y el auge de la privatización de los estudios universitarios que, dicho sea de paso, en Panamá es un negocio muy rentable, al cual se le ponen menos trabas, dado que en el fondo se reduce así la carga financiera del Estado y se traslada el costo a los bolsillos de los estudiantes. Pero sea como sea, la crisis se agrava por el crecimiento natural de la población de aspirantes provenientes de los sectores sociales menos favorecidos y empobrecidos. Según cifras, que le escuché al Dr. Cisneros, vicerrector académico saliente, este año alcanza la cifra de 22,000 estudiantes. He allí un reto de consideración. Pero hacer frente a estas demandas reales, podría, en una buena parte, resolverse por la vía de la generación de un agresivo plan de autogestión y de la gestación de institutos y unidades corporizadas, que oferten toda suerte de programas de consultoría y asesoría al gobierno y al sector privado.
No obstante, a mi juicio, ése no sería el principal escollo de la tercera toma de posesión del Dr. García de Paredes. Existen amenazas y peligros de mayor calibre. Voy a referirme a uno de ellos. Los cambios operados en nuestro país, en el período postinvasión, las falsas expectativas publicitadas con la ola de privatizaciones, la contracción de la inversión nacional y externa, y la crisis deficitaria general parecen llevar al gobierno de turno a la fatal conclusión que el tratamiento dado a los presupuestos universitarios, por gobiernos anteriores, no es sostenible debido a la baja matrícula de egresados y aduciendo el cursi concepto de incapacidad manifiesta. Esta actitud gubernamental no da espacio ni lugar para festejar ningún cambio ni toma de posesión.
La hora de la creatividad toca la puerta en nuestra Universidad, como la tocó en las de todo el continente, en los años "80 y "90. Es nuestro criterio que esta actitud del gobierno contrasta con las exigencias del presente y del futuro que la misma sociedad le imponen a la Universidad. Exigencias que vienen en el momento menos oportuno, cuando los universitarios tenemos que enfrentar serios cambios en el ordenamiento legal. ¿Por qué? Porque el ordenamiento actual ha escindido a la familia universitaria, que no ha podido escapar a las apetencias del poder.
En la ley vigente, hay una gran debilidad reflejada en el desigual valor del voto individualizado, que arbitraria e irregularmente, dispersa la sinergia de la mayor concentración de investigadores, científicos, académicos del país.
En la actualidad existen tres grandes grupos, alineados a lo largo de una variada gama de intereses políticos, cuales son el de los que toman posesión, el de los que salen del poder y el de los que aún no salen del poder; esto es, la tercera fuerza. En verdad, decir que el nuevo rector obtuvo el 47% de los votos, es una verdad legal, pero también es una verdad estadística muy cuestionable, si tomamos en cuenta que el total absoluto de universitarios está muy cercano a los 100,000 y éste 47% ponderado, no llega a representar ni siquiera un 25% del total.
En estas circunstancias, el logro del consenso será una ilusión, siempre lo ha sido, puesto que los organismos de decisión y de gobierno universitario no son instancias democráticas, sino venidas a una caricatura auspiciada por la ley vigente y coyunturalmente bien vistas por los enemigos externos, para urdir estratagemas antiuniversitarias. Es una debilidad que transmite, por ósmosis, su efecto a todos los proyectos que la nueva administración, de buena fe, quisiera implantar para la transformación de la Universidad. El reto más importante de la segunda vuelta del Dr. García de Paredes, será darle una nueva ley a la Universidad, en la cual se entierre el actual método que ha fosilizado la creatividad, la comunicación y las buenas relaciones interpersonales en la casa de Méndez Pereira.
Mientras exista esta puerilidad legalmente institucionalizada, en la cual los que ganan, merced a una ley antidemocrática, descalifican automáticamente a los que pierden, la Universidad continuará disminuyendo su sinergia interna, dejándola abierta y débil a la crítica (como por ejemplo a la cavernaria posición del "procuranada"), a los apetitos de los enemigos institucionales del gobierno en turno, y con una merma su capacidad para concentrar su intelligentia, en el desarrollo de nuevas alternativas dirigidas a fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas para competir en la generación de soluciones al país.
Igualmente, si la Universidad de Panamá continúa, bajo el modo sui generis de decidir cómo autogobernarse, le será muy difícil que logre alinear a su equipo humano, en el delineamiento de una visión estratégica, que propenda a anticipar y a apoyar diversos procesos de cambio y de urgentes necesidades sentidas en el país, tales como las políticas poblacionales y del empleo, la distribución de los servicios educativos y de salud, las demandas de justicia y de respeto a los derechos humanos, la preservación del medio ambiente, el patrimonio cultural de la Nación y el impulso permanente a la cultura de paz. En lo personal, deseamos lo mejor al nuevo rector y a su equipo.
Explicó que la corrupción y malversación de fondos conllevan costos que se pueden medir. La corrupción es el hurto a la Nación, y priva a los ciudadanos de su potencial y aspiraciones de un futuro más brillante, entre éstos: mejor educación, atención médica y acceso a los recursos básicos de subsistencia.
Por su parte, Jacobo Salas, presidente de la Asamblea Legislativa, dijo que a pesar de los niveles de subdesarrollo en que vive Panamá, los senadores y miembros de la Cámara de Representantes de EU tienen más faltas y mucho más problemas que los panameños, razón por la cual no se justifica que un funcionario del gobierno de ese país haga cuestionamientos a la Asamblea Legislativa.
Recalcó que a pesar de toda la corrupción que se pueda vivir en algunos parlamentos de América Latina, los problemas de los norteamericanos están muy por encima de los estas naciones.
Indicó que vivió en EU durante diez años y tuvo la oportunidad de apreciar de cerca el sistema de gobierno de ese país, razón por la que está en capacidad de opinar al respecto.
En tanto, el ex embajador de Panamá en Washington, Guillermo Ford, calificó las críticas de la embajadora como "fuertes, profundas y sinceras", sobre todo, un llamado de atención al país.
Negó que sea una intromisión en los asuntos internos de Panamá, sino un llamado para mejorar la democracia, donde se enumeran los puntos que requieren ser atendidos y no seguir debilitándonos.
También el presidente de Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, opinó que para que en el país haya seguridad jurídica debe haber una lucha frontal contra la corrupción.
"Todo lo que ha señalado la embajadora es el clamor popular, porque no se puede trasladar el deber de gobernar al sector privado ya que la excusa que se da es que existe corrupción de ambos lados", recordó.
Destacó que puntos como la reglamentación de la Ley de Transparencia, los criterios para asignar la publicidad estatal y el alto presupuesto de la Asamblea Legislativa son fallas que deben ser corregidas.
Sustentó que la necesidad de ejecutar la declaración jurada de bienes de los funcionarios y códigos de ética, así como la eliminación de la inmunidad parlamentaria, son aspectos por los cuales el país clama.
