La varita mágica
La potestad de designar a una persona para ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia es extraordinariamente delicada y no debe cambiarse el actual sistema a la ligera, pues un remedio mal cocido puede resultar peor que la enfermedad que supuestamente iba a curar.
Durante el gobierno pasado, la población criticó, con acierto, las designaciones de políticos y personas cercanas al Ejecutivo que, por más que cumplían los requisitos formales, no tenían los atributos personales que debe ostentar quien viste la toga en el máximo tribunal de justicia. Además de la falta de criterio en el acto de designación, la ciudadanía identificó correctamente que la Asamblea no estaba en capacidad de controlar los excesos del Ejecutivo, pues las cuestionables designaciones fueron ratificadas por sorpresivos tránsfugas.
El espectáculo dejó a nuestra democracia mal herida y a sus instituciones fundamentales con un irreparable déficit de credibilidad. Lógico es que haya sectores ciudadanos que quieran erigirse en los últimos garantes de la idoneidad ética y moral de las designaciones, pero hay que tener cuidado con los planteamientos de aquellos que creen tener un varita mágica que infaliblemente proporcionará los nombres de los más aptos para ejercer el máximo cargo judicial.
No todas las universidades, ni todas las organizaciones gremiales tienen la solidez institucional para que se les confíe la responsabilidad de proponer ternas, pues los gobernantes siempre lograrán que las personas, a que desean beneficiar, aparezcan en una terna que habilite formalmente el nombramiento deseado.
Una reflexión serena indica que tan grave potestad debe ejercerla el Presidente de la República y que sólo se requiere aumentar los controles, a través de la transparencia del proceso, y la participación de sectores ciudadanos (como las universidades, los grupos cívicos) en el examen de las figuras propuestas antes de su ratificación en el Legislativo. Si el Presidente yerra, sabrá que estará desatando una nueva crisis política, con consecuencias totalmente inconvenientes desde el punto de vista de la gobernabilidad y la legitimidad de las instituciones. No perdamos de vista que se trata de un acto de gobierno y no de un evento de promoción profesional.
Durante el gobierno pasado, la población criticó, con acierto, las designaciones de políticos y personas cercanas al Ejecutivo que, por más que cumplían los requisitos formales, no tenían los atributos personales que debe ostentar quien viste la toga en el máximo tribunal de justicia. Además de la falta de criterio en el acto de designación, la ciudadanía identificó correctamente que la Asamblea no estaba en capacidad de controlar los excesos del Ejecutivo, pues las cuestionables designaciones fueron ratificadas por sorpresivos tránsfugas.
El espectáculo dejó a nuestra democracia mal herida y a sus instituciones fundamentales con un irreparable déficit de credibilidad. Lógico es que haya sectores ciudadanos que quieran erigirse en los últimos garantes de la idoneidad ética y moral de las designaciones, pero hay que tener cuidado con los planteamientos de aquellos que creen tener un varita mágica que infaliblemente proporcionará los nombres de los más aptos para ejercer el máximo cargo judicial.
No todas las universidades, ni todas las organizaciones gremiales tienen la solidez institucional para que se les confíe la responsabilidad de proponer ternas, pues los gobernantes siempre lograrán que las personas, a que desean beneficiar, aparezcan en una terna que habilite formalmente el nombramiento deseado.
Una reflexión serena indica que tan grave potestad debe ejercerla el Presidente de la República y que sólo se requiere aumentar los controles, a través de la transparencia del proceso, y la participación de sectores ciudadanos (como las universidades, los grupos cívicos) en el examen de las figuras propuestas antes de su ratificación en el Legislativo. Si el Presidente yerra, sabrá que estará desatando una nueva crisis política, con consecuencias totalmente inconvenientes desde el punto de vista de la gobernabilidad y la legitimidad de las instituciones. No perdamos de vista que se trata de un acto de gobierno y no de un evento de promoción profesional.
