La venta de acciones en las empresas privadas
Recientemente leí en este diario una noticia donde algunos legisladores tachaban de "irresponsable y ñamería" la venta de las acciones que el Gobierno y los panameños aún tenemos en las Empresas Estatales Privatizadas (I.R.H.E e INTEL). Queremos aprovechar este espacio para dar nuestra opinión sobre este tema ya que pensamos que la venta de estas acciones no es del todo irresponsable ni es una ñamería. Al darse la privatización de estas instituciones se vendieron entre un 49% y un 51% de las acciones de cada una de las empresas, adicionalmente se reservaron un 10% para que los empleados pudieran comprarlas y fueran parte dueños de las nuevas empresas y Panamá mantuvo el remanente, entre 39% y 41%.
En algunos casos las empresas que compraron formaron consorcios, siendo uno de ellos miembros del consorcio el "operador" de la nueva empresa. Esto es importante entenderlo, ya que en la privatización se le dio el control de la administración al "operador" de la empresa y, como no conocemos los detalles de participación de cada uno de los miembros en los consorcios, puede darse el caso que el Gobierno nacional sea el accionista individual mayoritario, pero no tiene control.
El gobierno acaba de nombrar una nueva Comisión Técnica para velar y apoyar en la gestión de vigilancia de estas acciones que hacen los representantes del gobierno en las directivas de las nuevas empresas, pero una Comisión integrada por cuatro (4) personas no es suficiente para velar por una inversión de más de B/. 500.00 millones que tenemos en estas acciones. Esta Comisión debe dar un seguimiento de estas empresas donde se revisen los planes de inversión, los contratos de asesoría y suministros, los resultados de la empresa, presupuestos, etc. De igual forma, esta Comisión debe poder instruir y preparar a los representantes del gobierno antes de cada reunión de directiva para que se obtengan los resultados que se esperaban.
Ahora, si no tenemos los fondos para crear una Comisión que realmente pueda velar por nuestros intereses en estas empresas, quizás se deban nombrar personas idóneas en estos temas para que nos representen en estas directivas, de lo contrario sería preferible vender las acciones antes que las mismas disminuyan en su precio. Una prueba de esto son los B/. 120.00 millones de disminución de capital que Unión Fenosa llevó a cabo y donde le tocó al gobierno B/. 52 millones, esto a diferencia de cómo lo planteó el gobierno no es una utilidad, es una disminución del valor de las acciones que Panamá tiene en estas empresas y por ende ha debido ir al Fondo Fiduciario y no a las arcas comunes del gobierno.
Ahora bien, vender las acciones no es tarea fácil puesto que existen dos problemas principales en la venta de las mismas. Primero, que al darle el control de la empresa al "operador" actual la cantidad de interesados en la compra de las acciones del Estado puede verse reducida e inclusive haya que venderlas al mismo "operador" lo que puede traer como consecuencia una reducción en el precio de venta. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que en el 2003 se liberará la telefonía en Panamá lo que debe reducir los precios de los servicios, por ende reduciendo a rentabilidad de las empresas y el valor de las acciones que tiene el Estado en cada una de estas empresas. Sumado a ello, los contratos iniciales de la privatización de las empresas eléctricas se vencen a partir del otro año y los nuevos contratos pueden traer precios menores bajando la rentabilidad de las empresas de electricidad.
Nos alegra saber que la Comisión Técnica recientemente conformada ha emprendido una labor en busca de optimizar las utilidades de estas empresas, para así aumentar el valor de nuestras acciones y entonces proceder a la venta de las acciones antes que su valor no siga cayendo y es nuestra recomendación que estudien la posibilidad de llevar estas acciones a la Bolsa de Valores donde podríamos conseguir un mejor precio.
En algunos casos las empresas que compraron formaron consorcios, siendo uno de ellos miembros del consorcio el "operador" de la nueva empresa. Esto es importante entenderlo, ya que en la privatización se le dio el control de la administración al "operador" de la empresa y, como no conocemos los detalles de participación de cada uno de los miembros en los consorcios, puede darse el caso que el Gobierno nacional sea el accionista individual mayoritario, pero no tiene control.
El gobierno acaba de nombrar una nueva Comisión Técnica para velar y apoyar en la gestión de vigilancia de estas acciones que hacen los representantes del gobierno en las directivas de las nuevas empresas, pero una Comisión integrada por cuatro (4) personas no es suficiente para velar por una inversión de más de B/. 500.00 millones que tenemos en estas acciones. Esta Comisión debe dar un seguimiento de estas empresas donde se revisen los planes de inversión, los contratos de asesoría y suministros, los resultados de la empresa, presupuestos, etc. De igual forma, esta Comisión debe poder instruir y preparar a los representantes del gobierno antes de cada reunión de directiva para que se obtengan los resultados que se esperaban.
Ahora, si no tenemos los fondos para crear una Comisión que realmente pueda velar por nuestros intereses en estas empresas, quizás se deban nombrar personas idóneas en estos temas para que nos representen en estas directivas, de lo contrario sería preferible vender las acciones antes que las mismas disminuyan en su precio. Una prueba de esto son los B/. 120.00 millones de disminución de capital que Unión Fenosa llevó a cabo y donde le tocó al gobierno B/. 52 millones, esto a diferencia de cómo lo planteó el gobierno no es una utilidad, es una disminución del valor de las acciones que Panamá tiene en estas empresas y por ende ha debido ir al Fondo Fiduciario y no a las arcas comunes del gobierno.
Ahora bien, vender las acciones no es tarea fácil puesto que existen dos problemas principales en la venta de las mismas. Primero, que al darle el control de la empresa al "operador" actual la cantidad de interesados en la compra de las acciones del Estado puede verse reducida e inclusive haya que venderlas al mismo "operador" lo que puede traer como consecuencia una reducción en el precio de venta. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que en el 2003 se liberará la telefonía en Panamá lo que debe reducir los precios de los servicios, por ende reduciendo a rentabilidad de las empresas y el valor de las acciones que tiene el Estado en cada una de estas empresas. Sumado a ello, los contratos iniciales de la privatización de las empresas eléctricas se vencen a partir del otro año y los nuevos contratos pueden traer precios menores bajando la rentabilidad de las empresas de electricidad.
Nos alegra saber que la Comisión Técnica recientemente conformada ha emprendido una labor en busca de optimizar las utilidades de estas empresas, para así aumentar el valor de nuestras acciones y entonces proceder a la venta de las acciones antes que su valor no siga cayendo y es nuestra recomendación que estudien la posibilidad de llevar estas acciones a la Bolsa de Valores donde podríamos conseguir un mejor precio.
