La Verdad y la Comisión de la “verdad”
“La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”, sentencia en su clase de Retórica y Poesía, Juan de Mairena, el profesor apócrifo de la obra homónima de Antonio Machado. O sea, no importa quién la exprese: El Rey o su más humilde vasallo -”La verdad es la verdad”-. Sobre la verdad, agrega Mairena: “La verdad del hombre empieza donde acaba su propia tontería. Pero la tontería del hombre es inagotable” (No se por qué me viene a la mente el artículo “Asesinatos y represas” publicado en la página de Opinión de La Prensa del domingo 17 de agosto). Según el autor, Torrijos se la pasó matando y torturando durante 12 años y no creó ni inventó nada. Todas las obras las atribuye a los gobiernos civiles que lo precedieron; pero, contradiciéndose, añade que Torrijos ejecutó todo lo que planificaron y no hicieron sus predecesores. Salvo honrosas excepciones, los gobiernos anteriores al proceso se la pasaron prometiendo, aforando y planificando. Mientras los necios estaban en el limbo, donde parece que se quedaron durante el régimen torrijista la matrícula de la Universidad de Panamá pasó de menos de 5,000 a más de 25,000; la matrícula de las escuelas se aumentó en un 90% (Más de 300,000 nuevos alumnos) y se nombró a más de 25,000 nuevos maestros y profesores en el sistema educativo; se crearon las extensiones universitarias en el interior; surgió la Universidad Tecnológica; se creó el IFARHU para garantizar el acceso de los pobres a la educación, sobre todo a la superior, mediante préstamos y becas otorgados por mérito; los acueductos pasaron de menos de 70 a más de 1,000, aumentando de 35% al 80% la población servida con agua potable; se construyó el aeropuerto internacional de Tocumen; se construyeron más de 60,000 viviendas populares; se crearon cientos de centros y puestos de Salud y se nombró a más de 1,200 médicos y centenas de enfermeras, auxiliares y especialistas, acercando esos servicios a los sitios más recónditos del país; se incrementó el número de camas hospitalarias en casi 3,000 unidades; se creó el Centro Bancario; se construyeron más de 14,000 kms. de caminos y carreteras; se construyeron tres hidroeléctricas; se hicieron accesibles a casi la totalidad de la población los servicios de electricidad y teléfonos; se crearon miles de empleos en la ciudad y en el campo; se desmanteló la figura jurídico-política de “Zona del Canal”, se recuperó el Canal y se hizo mucho, pero mucho más. Para cerrar este amplio, pero necesario paréntesis, me permito otra cita del “Juan de Mairena” de Antonio Machado que me parece se aplica al autor del artículo citado y al ex-presidente de la ex-comisión de la “verdad”: “Lo corriente en el hombre es la tendencia a creer verdadero cuanto le reporta alguna utilidad”.
Me explico: Ninguno de estos y otros detractores pierden la oportunidad de citar a la Comisión de la Verdad cada vez que quieren descalificar a Torrijos, al PRD y/o a su candidato. Por ejemplo, el artículo citado, que pretende regatear sus méritos, se refiere de refilón a los móviles para “justificar las alianzas electorales que hoy se cocinan con sus descendientes” (Martín). Porque la utilidad que ahora les reporta la “verdad” de la ex-comisión, es el daño electoral que le puedan hacer a un candidato y/o a su partido.
Cuando se creó la Comisión de la Verdad, sentí desconfianza al saberla integrada por personajes de reconocida militancia contra Torrijos, el PRD y el gobierno del proceso. Sin embargo, como soy fiel creyente de que no se debe juzgar a nadie basado en prejuicios, le otorgué un voto de confianza, porque creí que por lo delicado y trascendente del asunto, no sería utilizada para despropósitos, además de que apoyó, sin ambages ni condiciones, la búsqueda de La Verdad.
Me desilusioné cuando publicaron la lista inicial de muertos y desaparecidos. Incluyeron a personas vivas; a no desaparecidas; a muertos de ambos bandos en combates legítimos (hubo enfrentamientos entre guerrilleros y guardias) e incluyeron a muertos por delitos comunes o de no muy clara factura. Falta de seriedad. Mal comienzo.
No buscaron La Verdad. Trataron de encontrar a quién culpar, guiados por sus prejuicios e intenciones. Se trataba de juzgar unilateralmente a un régimen y a un proceso y no de buscar La Verdad. Parece que para justificar la existencia de la comisión requerían endosar al proceso cuanta muerte o desaparición pudieran, con razón o sin ella, aunque no se respaldara todo con evidencias ciertas. En su soberbia o mala intención, no se percataron que bastaba una sola muerte, amén de las que en realidad se le podían adjudicar, para que, en cuanto al respeto a los derechos humanos, y a la vida, el más preciado de ellos, se calificaran sus acciones de criminales, aborrecibles e intolerables y se buscara la condena de los perpetradores y de los verdaderos encubridores y no la de los que, generalizando, ahora convenientemente señalan como tales.
De acuerdo con los magistrados, la Asamblea Legislativa invadió la competencia jurisdiccional que para efectos de tramitar y fallar le corresponde exclusivamente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
JUNIO 12: La Zona Libre de Colón, autorizada por el Ejecutivo, llama a licitación para la concesión del desarrollo de un parque industrial en Colón y para el desarrollo de un aeropuerto internacional de carga en France Field. Sólo se presentó la propuesta del Consorcio San Lorenzo, empresa formada por tres empresas panameñas y tres extranjeras.
SEPTIEMBRE 18: La Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa inició la discusión del contrato ley que crea el CEMIS.
OCTUBRE 11: Las empresas del Consorcio San Lorenzo comienzan el movimiento de transacciones, que ascendieron a B/.600 mil hasta enero de 2002.
Diciembre 12: Legisladores, usuarios de la Zona Libre de Colón se reúnen en el edificio "Inteligente" para hablar del CEMIS.
Diciembre 27: En el centro regional universitario de Colón se le da primer debate al contrato- ley que crea el CEMIS.
DICIEMBRE 30: Se aprueba en tercer debate el proyecto No. 123 del CEMIS.
ENERO 9: Con los votos de los legisladores del PRD, Carlos Afú, Carlos Alvarado y Tomás Gabriel Altamirano Duque, son ratificados los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista en medio de denuncias de soborno y compra de votos.
ENERO 15: La mandataria Mireya Moscoso sanciona el contrato del Consorcio San Lorenzo en la ciudad de Colón y ese mismo día el contralor Alwin Weeden lo refrenda.
ENERO 16: El legislador del PRD, Carlos Afú, confiesa haber recibido B/. 6 mil de manos del legislador Mateo Castillero, al igual que otros copartidarios suyos, a cambio de la aprobación del contrato No. 123.
ENERO 17: El contrato ley del CEMIS es publicado en la Gaceta Oficial mientras que la procuradora encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, abre la investigación sobre las denuncias de soborno y ordena la conducción de Carlos Afú así como se inicia la toma de declaraciones a los legisladores Balbina Herrera, Miguel Bush y Héctor Alemán, entre otros.
ENERO 18: Los legisladores Mateo Castillero y Tomás Gabriel Altamirano Duque se contradicen sobre si se repartió dinero para la aprobación del CEMIS.
JUNIO 30: La Asamblea Legislativa emite resolución en la cual rechaza la petición de levantamiento de inmunidad de un grupo de legisladores y ordena archivar el expediente levantado por el Ministerio Público.
Septiembre 17: La Corte Suprema de Justicia emite fallo en el cual ordena el archivo del expediente del caso CEMIS y declara nulo todo lo actuado por el Ministerio Público.
El magistrado Arjona en su salvamento de voto lamentó la decisión asumida por la mayoría de sus colegas con respecto a este escándalo.
"Francamente hubiera preferido que nuestra institución asumiera el desafío de hacer sentir su voz orientadora bien para castigar ejemplarmente a los responsables de los supuestos ilícitos o bien para exonerar con valentía y firmeza a los presuntos implicados", sostuvo el magistrado.
Destacó que con este fallo, la Corte se ha privado de la preciosa oportunidad de ocupar un lugar estelar en esta singular coyuntura de nuestro devenir republicano.
Luego de esta decisión, comentó Arjona, que infortunadamente enfrentará un clima de incomprensión y decepción, "mucho me temo que la nación no volverá a ser la misma".
Agregó que el tema atinente a la inmunidad parlamentaria pasará posiblemente a partir de hoy, por un áspero, desabrido y difícil cuestionamiento público, que tendrá que imponer beneficio de la salud institucional de la república, una reflexión generosa, madura y responsable de su alcance y razón de ser.
Este diario tuvo acceso a una carta enviada por Jacinto Cárdenas, magistrado ponente del fallo, a Adán Arjona, presidente de la Corte Suprema. Su contenido revela claramente el malestar de Cárdenas y el ambiente que reina en la máxima corporación de justicia.
Cárdenas expresa su desacuerdo con la decisión tomada por Arjona de “hacer llegar a los medios de comunicación su salvamento de voto del caso en mención...”.
Sostiene que el fallo se filtró a los medios antes de que el magistrado César Pereira Burgos y el secretario de la Corte, Carlos Cuestas, lo hubieran firmado. Indica que hasta tanto este trámite no se hubiera cumplido, el contenido del fallo podía ser modificado, pero con la “publicidad” del salvamento de voto de Arjona, esa posibilidad quedó descartada.
La carta fue enviada anteayer y en ella Cárdenas le recrimina al presidente de la Corte que aunque Arturo Hoyos y Rogelio Fábrega no compartían el criterio de la mayoría, respetaron lo acordado en el pleno y no remitieron a los medios su salvamento.
En lo que pareciera un dejo de ironía, el ponente le dice a Arjona que “en solitario” le manifiesta “de manera categórica, firme y respetuosa” su total desacuerdo con la publicidad anticipada que éste le dio a su salvamento de voto.
Lo de “en solitario” y “de manera categórica, firme y respetuosa”, fueron las mismas frases utilizadas por Arjona en su decisión de no apoyar el fallo.
Arjona las utilizó en el párrafo final de su salvamento de voto y Cárdenas las incluye en el último párrafo de su carta.
Me explico: Ninguno de estos y otros detractores pierden la oportunidad de citar a la Comisión de la Verdad cada vez que quieren descalificar a Torrijos, al PRD y/o a su candidato. Por ejemplo, el artículo citado, que pretende regatear sus méritos, se refiere de refilón a los móviles para “justificar las alianzas electorales que hoy se cocinan con sus descendientes” (Martín). Porque la utilidad que ahora les reporta la “verdad” de la ex-comisión, es el daño electoral que le puedan hacer a un candidato y/o a su partido.
Cuando se creó la Comisión de la Verdad, sentí desconfianza al saberla integrada por personajes de reconocida militancia contra Torrijos, el PRD y el gobierno del proceso. Sin embargo, como soy fiel creyente de que no se debe juzgar a nadie basado en prejuicios, le otorgué un voto de confianza, porque creí que por lo delicado y trascendente del asunto, no sería utilizada para despropósitos, además de que apoyó, sin ambages ni condiciones, la búsqueda de La Verdad.
Me desilusioné cuando publicaron la lista inicial de muertos y desaparecidos. Incluyeron a personas vivas; a no desaparecidas; a muertos de ambos bandos en combates legítimos (hubo enfrentamientos entre guerrilleros y guardias) e incluyeron a muertos por delitos comunes o de no muy clara factura. Falta de seriedad. Mal comienzo.
No buscaron La Verdad. Trataron de encontrar a quién culpar, guiados por sus prejuicios e intenciones. Se trataba de juzgar unilateralmente a un régimen y a un proceso y no de buscar La Verdad. Parece que para justificar la existencia de la comisión requerían endosar al proceso cuanta muerte o desaparición pudieran, con razón o sin ella, aunque no se respaldara todo con evidencias ciertas. En su soberbia o mala intención, no se percataron que bastaba una sola muerte, amén de las que en realidad se le podían adjudicar, para que, en cuanto al respeto a los derechos humanos, y a la vida, el más preciado de ellos, se calificaran sus acciones de criminales, aborrecibles e intolerables y se buscara la condena de los perpetradores y de los verdaderos encubridores y no la de los que, generalizando, ahora convenientemente señalan como tales.
De acuerdo con los magistrados, la Asamblea Legislativa invadió la competencia jurisdiccional que para efectos de tramitar y fallar le corresponde exclusivamente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.
JUNIO 12: La Zona Libre de Colón, autorizada por el Ejecutivo, llama a licitación para la concesión del desarrollo de un parque industrial en Colón y para el desarrollo de un aeropuerto internacional de carga en France Field. Sólo se presentó la propuesta del Consorcio San Lorenzo, empresa formada por tres empresas panameñas y tres extranjeras.
SEPTIEMBRE 18: La Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa inició la discusión del contrato ley que crea el CEMIS.
OCTUBRE 11: Las empresas del Consorcio San Lorenzo comienzan el movimiento de transacciones, que ascendieron a B/.600 mil hasta enero de 2002.
Diciembre 12: Legisladores, usuarios de la Zona Libre de Colón se reúnen en el edificio "Inteligente" para hablar del CEMIS.
Diciembre 27: En el centro regional universitario de Colón se le da primer debate al contrato- ley que crea el CEMIS.
DICIEMBRE 30: Se aprueba en tercer debate el proyecto No. 123 del CEMIS.
ENERO 9: Con los votos de los legisladores del PRD, Carlos Afú, Carlos Alvarado y Tomás Gabriel Altamirano Duque, son ratificados los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista en medio de denuncias de soborno y compra de votos.
ENERO 15: La mandataria Mireya Moscoso sanciona el contrato del Consorcio San Lorenzo en la ciudad de Colón y ese mismo día el contralor Alwin Weeden lo refrenda.
ENERO 16: El legislador del PRD, Carlos Afú, confiesa haber recibido B/. 6 mil de manos del legislador Mateo Castillero, al igual que otros copartidarios suyos, a cambio de la aprobación del contrato No. 123.
ENERO 17: El contrato ley del CEMIS es publicado en la Gaceta Oficial mientras que la procuradora encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, abre la investigación sobre las denuncias de soborno y ordena la conducción de Carlos Afú así como se inicia la toma de declaraciones a los legisladores Balbina Herrera, Miguel Bush y Héctor Alemán, entre otros.
ENERO 18: Los legisladores Mateo Castillero y Tomás Gabriel Altamirano Duque se contradicen sobre si se repartió dinero para la aprobación del CEMIS.
JUNIO 30: La Asamblea Legislativa emite resolución en la cual rechaza la petición de levantamiento de inmunidad de un grupo de legisladores y ordena archivar el expediente levantado por el Ministerio Público.
Septiembre 17: La Corte Suprema de Justicia emite fallo en el cual ordena el archivo del expediente del caso CEMIS y declara nulo todo lo actuado por el Ministerio Público.
El magistrado Arjona en su salvamento de voto lamentó la decisión asumida por la mayoría de sus colegas con respecto a este escándalo.
"Francamente hubiera preferido que nuestra institución asumiera el desafío de hacer sentir su voz orientadora bien para castigar ejemplarmente a los responsables de los supuestos ilícitos o bien para exonerar con valentía y firmeza a los presuntos implicados", sostuvo el magistrado.
Destacó que con este fallo, la Corte se ha privado de la preciosa oportunidad de ocupar un lugar estelar en esta singular coyuntura de nuestro devenir republicano.
Luego de esta decisión, comentó Arjona, que infortunadamente enfrentará un clima de incomprensión y decepción, "mucho me temo que la nación no volverá a ser la misma".
Agregó que el tema atinente a la inmunidad parlamentaria pasará posiblemente a partir de hoy, por un áspero, desabrido y difícil cuestionamiento público, que tendrá que imponer beneficio de la salud institucional de la república, una reflexión generosa, madura y responsable de su alcance y razón de ser.
Este diario tuvo acceso a una carta enviada por Jacinto Cárdenas, magistrado ponente del fallo, a Adán Arjona, presidente de la Corte Suprema. Su contenido revela claramente el malestar de Cárdenas y el ambiente que reina en la máxima corporación de justicia.
Cárdenas expresa su desacuerdo con la decisión tomada por Arjona de “hacer llegar a los medios de comunicación su salvamento de voto del caso en mención...”.
Sostiene que el fallo se filtró a los medios antes de que el magistrado César Pereira Burgos y el secretario de la Corte, Carlos Cuestas, lo hubieran firmado. Indica que hasta tanto este trámite no se hubiera cumplido, el contenido del fallo podía ser modificado, pero con la “publicidad” del salvamento de voto de Arjona, esa posibilidad quedó descartada.
La carta fue enviada anteayer y en ella Cárdenas le recrimina al presidente de la Corte que aunque Arturo Hoyos y Rogelio Fábrega no compartían el criterio de la mayoría, respetaron lo acordado en el pleno y no remitieron a los medios su salvamento.
En lo que pareciera un dejo de ironía, el ponente le dice a Arjona que “en solitario” le manifiesta “de manera categórica, firme y respetuosa” su total desacuerdo con la publicidad anticipada que éste le dio a su salvamento de voto.
Lo de “en solitario” y “de manera categórica, firme y respetuosa”, fueron las mismas frases utilizadas por Arjona en su decisión de no apoyar el fallo.
Arjona las utilizó en el párrafo final de su salvamento de voto y Cárdenas las incluye en el último párrafo de su carta.
