Laberinto en la dirección policial
La actual administración que tiene la Policía Nacional (PN) se ha caracterizado por mantenerse en la palestra pública, no por mejores índices de seguridad ciudadana, sino por sus declaraciones y actitudes conflictivas, en algunas oportunidades con el sistema judicial, luego con el propio Organo Ejecutivo al cual pertenece, y tampoco ha escapado la propia ciudadanía.
Los panameños no hemos aun olvidado cómo un vicepresidente de la República, hace algunos años atrás, en una oportunidad llamó a los miembros de la Policía Nacionales “maricas”, para que ahora otro funcionario, y en especial su propio Director General, pretenda ignorar los reglamentos institucionales que dirige e imponer criterios personales más haya de los que la Ley le permite como empleado público que es, principalmente de uno de los organismo de seguridad responsable de garantizar el cumplimiento de las conductas morales y éticas de los ciudadanos, como una de funciones principales.
No tenemos ningún prejuicio para aquellas personas que tienen preferencias sexuales no comunes o normales; sin embargo, en las labores y responsabilidades propias de las instituciones de seguridad está demostrado en otros países supuestamente desarrollados culturalmente, que las conductas de personas con preferencia al homosexualismo no alcanzan a desempeñar sus labores en forma eficiente y responsables en estas entidades de seguridad ciudadana. Pero más haya de pretender hacer una valorización sobre aquellas personas y sus rendimiento laboral, lo indispensable de valorizar es la posibilidad de cambios en las normas de selección que hoy tiene nuestra principal institución de seguridad ciudadana, por los criterios personales en administración del recurso humano, de su actual Director General.
Pretender negar que en la PN no haya o hubo algún miembro con conducta sexual diferente, es tratar de esconder una verdad; pero la institución tiene sus normas y reglamentos que son muy claras, toda conducta que riñe contra la buena fe, moral y ética de sus miembros o institución es causal de suspensión de sus labores y dado de baja inmediatamente. No podemos comprender ni aceptar, como ciudadanos, que el actual director de la Policía pretenda cambiar las normas que tiene la institución de seguridad ciudadana, con valores éticos y morales básicos de toda sociedad, para flexibilizarla ante la incapacidad de su administración y dirección de lograr incentivar más ciudadanos jóvenes de buena conductas y preparación académica, a que se alisten en uno de los trabajo más digno y honrado, como es ser miembro de la Policía Nacional.
Las crisis en materia de seguridad ciudadana que enfrentamos hoy es el reflejo de estos ejemplos de criterios muy personales en administración del recurso humano, en una institución conformada en un 80% por hombres y un 20% de mujeres acostumbradas a ser dirigidas bajo normas bien establecidas y claras, que no permiten dudas de hacia dónde debemos ir en relación a valores y conductas. No es suficiente decirle a la ciudadanía que en la administración policial se ha despedido a más de 500 miembros de la institución por conductas delictivas, que en muchos casos aun no son probadas en las instancias judiciales, pero sí contabilizadas como un logro; mientras me hago de la mira lejos, cuando se trata de administrar valores y ética entre los miembros de la Policía Nacional.
