Las compras del Estado
Al igual que las personas naturales o las empresas, el gobierno compra bienes y servicios. Cuando se trata de una persona natural, ésta decide, unilateralmente, qué y a quien compra y también cuanto paga. Y es su problema si compra mal o paga más de lo debido. Las empresas, por estar motivadas por el afán de lucro, tienen menor margen de maniobra y están supuestas a invertir sus recursos esperando obtener ganancias para mantener la rentabilidad de sus negocios. Pero las decisiones, buenas o malas siguen siendo de sus dueños o directores. No ocurre así en el Estado. Quienes lo dirigen, aún cuando se trate de empresas estatales, por ser mandatarios o administradores de bienes que pertenecen al pueblo, deben sujetarse, estrictamente, a las normas legales que regulan las contrataciones públicas, destinadas a garantizar el mejor aprovechamiento y el uso transparente de los recursos públicos.
En el pasado gobierno con las compras del Estado, en todos los órdenes y de manera descarada, se violaron las normas legales vigentes. Sin licitación ni concurso de precios se malgastaron recursos públicos por centenares de millones de balboas. Su promesa de transparencia fue burlada una y mil veces para favorecer turbios intereses. Esa conducta, denunciada reiteradamente por los actuales gobernantes durante la campaña política, fue aspecto medular de su discurso electoral, en el que se prometió “cambiarla radicalmente”.
En el tiempo que dura su gestión, el nuevo gobierno, en lugar del “cambio radical prometido”, para devolver transparencia a las contrataciones públicas, con alarmante repetición incurre en las mismas prácticas. La justificación, se alega, es que las normas legales vigentes entraban “la urgencia de las respuestas”. Y con esa peregrina excusa, el gobierno “del cambio”, ha efectuado cuantas compras directas ha tenido a bien.
La adjudicación sin licitación ni concurso de contratos de obras o para la adquisición de bienes puede justificarse cuando existe un único e indiscutible proveedor o cuando es la única vía para atender problemas impostergables. Y sólo puede recurrirse a ella de manera excepcional y previa una comprobada justificación. Ese no ha sido el caso en varias de las compras denunciadas por los medios de comunicación.
Ante la negativa, justificada, de la Contraloría a refrendar varios contratos para efectuar compras directas, sin licitación ni concurso, el gobierno, aparentando recoger velas y por conducto del ministerio de Economía y Finanzas, “ha decidido desistir de realizar compras directas y se han impartido instrucciones para que los ministerios y entidades descentralizadas se abstengan de realizarlas”. Pero, por otra parte, también se ha anunciado que se promoverán “reformas a la Ley de Contratación Pública, para flexibilizar y agilizar las compras estatales”. Esas reformas y su justificación no han sido divulgadas ni explicadas, pero desde la Asamblea ya se anuncia que están listos para aprobarlas, “con urgencia notoria”.
Tanto la repetición por el presente gobierno de las conductas irregulares de su predecesor, como la prisa en cambiar las normas legales son, como mínimo, fuente para la suspicacia y en nada contribuyen a proyectar la prometida transparencia en la gestión de los recursos públicos. Quienes aspiran a gobernar deben haber estudiado los principales problemas y pensado sus respuestas. Invocar urgencias de última hora evidencia improvisación o falta de planificación. Ambas son injustificables.
