Las fosas clandestinas
Catedrático titular
En Panamá, la pena de muerte murió cuando la República nació. En este país nadie tiene atribuciones legales que le permitan matar deliberadamente a un detenido. Por eso, el resurgimiento del estupor nacional cuando se conoció la macabra decapitación de Hugo Spadafora, producto de la técnica de terror que practicaba -desde 1968- el régimen militar. Desde la aprehensión, reclusión, ocultación y muerte de Hugo hasta la fecha, es poco o nada lo que en Panamá se ha avanzado institucionalmente para prevenir y castigar a aquellos servidores públicos que participaron o participan como autores materiales, provocadores o cómplices primarios en acciones u ejecuciones extrajudiciales de esa naturaleza tan grave e inhumana.
Desde hace más de un año (23 de septiembre de 1999), se produjo el hallazgo de restos humanos en el antiguo cuartel de la compañía "Los Pumas" en Tocumen. Se corroboró desde un principio, la existencia de fosas clandestinas y ello hacía inmediatamente obligatorio, por parte de las autoridades de TODOS los órganos del Estado, tomar TODAS las medidas necesarias para investigar, encausar y castigar a los autores de tan horrendas prácticas. Sin embargo, día tras día, mes tras mes, durante más de un año, las autoridades -por acción u omisión-se han lavado las manos y, de manera muy especial y particular, el Procurador General. Este funcionario ha procurado evitar por todos los medios a su alcance (y con la complicidad de algunos medios), cumplir con un deber impuesto no sólo por el derecho, sino por la misma moral. Para ello, no me cabe hoy la menor duda, se ha apoyado en el propio aparato gubernamental y en aquellos que, dentro del seno de la sociedad civil, continúan teniendo sentimientos y actitudes que favorecen a esos criminales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Sentencia de 29 de julio de 1988 (Caso Velásquez Rodríguez), dispuso: "El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los Derechos Humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación."
El cementerio clandestino del régimen torrijista es una evidencia de los hechos violentos que caracterizaron los 21 años de gobierno dictatorial. Dichos comportamientos no fueron escasos ni esporádicos, además produjeron un daño irreparable, no sólo en el seno de las familias de los desaparecidos, sino en la sociedad panameña. Atropellados ayer por la arbitrariedad y el terror que encarnaron los malhechores que con sus acciones y omisiones dañosas comprometieron la responsabilidad del Estado, atropellados hoy por las actuales autoridades que intentan imponer un manto de silencio e impunidad sobre lo acaecido. En otras palabras, quieren volver a matar a los muertos.
Por ello es justo e importante destacar la actitud asumida -en el caso de las fosas clandestinas- por la señora Presidenta de la República, quien a pesar de todas las trabas e intimidaciones que han tratado algunos "allegados" y del irresponsable e inmoral comportamiento del Procurador, se ha mantenido hasta ahora decidida a que se continúen con las excavaciones. Ello pone en evidencia la dolorosa realidad que nos toca vivir hoy en Panamá: un Procurador que pretende sustraer a la opinión pública del conocimiento de las atroces violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por el régimen castrense y que pretende que los activistas de los Derechos Humanos no logremos que el Estado actúe con energía para castigar las desapariciones forzosas ocurridas, como lo pidió en 1993 la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reunida en Viena.
Ningún panameño de buena voluntad puede negar que en nuestro país se dieron flagrantes violaciones a los Derechos Humanos. El cementerio clandestino, por más que impidan el acceso de los medios de comunicación, por más que oculten las decenas de osamentas encontradas, es un testimonio vivo de lo ocurrido con más de un centenar de compatriotas.
La memoria de las víctimas del régimen torrijista-norieguista, que hoy encuentran en el actuar del Procurador un nuevo verdugo, y de las decenas de millares de panameños inermes e impotentes ante la impunidad y la corrupción que practican los sepultureros del META, me mueve a recordar con el Papa Juan Pablo II que "las reglas morales fundamentales de la vida social comportan exigencias determinadas a las que deben atenerse tanto los poderes públicos como los ciudadanos. Más allá de las intenciones, a veces buenas, y de las circunstancias, a menudo difíciles, las autoridades civiles, militares y de policía y los individuos particulares, jamás están autorizados a transgredir los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana."
