Las fuerzas del mal no podrán
Llama poderosamente la atención la posición pendenciera que ha adoptado el abogado defensor del victimario confeso del Reverendo Padre Jorge Altafulla. Pareciera querer hacer de este infeliz hecho un trampolín para agenciar un pugnado protagonismo a costa de la honra y prestigio de la Iglesia Católica. Lo escuchamos, a través de un medio, expresar no temerle a la Iglesia, sólo a Dios. Pero lo que parece haber olvidado este asesor del victimario del padre Altafulla es que la Iglesia es de Dios y quien rivaliza contra ella, actúa en contra de Dios.
El sábado 25 de los corrientes este diario, en El Pulso de Panamá, comentó el protagonismo del defensor del asesino confeso del padre Altafulla, de la siguiente forma: "...somos partidarios de que se respete plenamente el derecho de defensa y las reglas del debido proceso al sindicado por el asesinato del monseñor Altafulla... Lo que nos parece absurdo y nada edificante, es que su equipo de abogados se haga eco del artero ataque expuesto ante los medios. Hasta donde sabemos, un letrado debe hacer valer sus argumentos en los estrados, con arreglo a reglas de probanza y alegaciones que excluyen el tipo de cargos temerarios e injuriosos que viene exteriorizando la defensa del imputado ante los micrófonos. Es como volver a matar a la víctima, tratando de destruir su honra después de muerto, cuando no puede defenderse. Resulta muy triste ver a la defensa del imputado prestarse para eso. Igual de reprochable es el ataque público contra la institución a la que el desaparecido prelado dedicó su vida. Uno puede armar una defensa profesional, sin necesidad de recurrir a tan cuestionable recurso", concluye la referida nota.
El protagonismo de un abogado defensor no debe tergiversar los hechos, tratar de crear una realidad distinta a como los hechos se originaron. Esto equivaldría a complicidad con el victimario puesto a que se asimila a encubrir los hechos tales como acontecieron y burlar la justicia.
La posición del abogado de la defensa debe limitarse a cuidar que se cumpla el debido proceso, pero bajo ninguna circunstancia deformarlo. Según la Enciclopedia Jurídica Básica, Editorial Civitas, "entre los derechos y deberes que integran el estatuto jurídico del abogado, deben destacarse los siguientes: 1° El deber de cooperar en la Administración de la Justicia, defendiendo en derecho los intereses les sean confiados, sujetándose al principio de la buena fe, siendo probos, leales y veraces en cuanto al fondo de sus declaraciones y manifestaciones, y respetuosos en cuanto a la forma de su intervención. 2° El deber y el derecho de guardar secreto profesional de todos los hechos y noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos".
El sacerdote Rosendo Torres, en su escrito del domingo 26 de mayo, aparecido en estas mismas páginas de Opinión, refiere varios episodios con relación a la vida del sacerdote Jorge Altafulla durante la dictadura militar y afirma que "fue uno de esos sacerdotes que siempre adversó sin concesiones de ninguna índole, al gobierno "de facto" militar, lo cual le acarreó incómodos momentos... y se mostró fiero e indomable cuando el clero se vio abocado a la crítica situación y división cuando fue secuestrado Héctor Gallego".
Además, mantuvo siempre su voz clara y sonante contra los extravíos de la "globalización" y el neoliberalismo. El Reverendo Altafulla, quien participó del panel "Misión del Cristiano y Mundo Socio-Político", realizado en la Universidad en septiembre de 2000, como parte del Congreso Eucarístico Nacional, expresó "que como en tiempos anteriores la Iglesia jerárquica habló fuerte defendiendo los derechos humanos, ahora por fidelidad a Jesucristo tiene que seguir hablando. Enunció que el concepto de superar las fronteras y acercarnos a una sociedad global es válido, "pero la forma en que se está implementando en el terreno económico está produciendo un gran deterioro en el nivel de vida de los pobres. El amor a los pobres nos exige no caer en un silencio cómplice". Manifestó que "la Iglesia mantendrá esa actitud de animar al pueblo a un protagonismo constructivo a fin de encontrar y proponer soluciones y alternativas para mejorar el asunto actual de las cosas".
Como una ironía de la vida, el sacerdote Altafulla fue quien organizó, en la ciudad capital, en diciembre del año pasado, la quema de los juguetes que incitan a la violencia en un acto simbólico que organizó la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, con el objetivo de que los padres de familia dejen de incentivar el ambiente de violencia. Sostuvo que "estos objetos crean un marco de referencia equivocado en la niñez y pueden influir en su comportamiento cuando sean adultos. A pesar de los llamados de diversos sectores sociales, los comercios prosiguen en su actitud de mantener la venta de artículos para estas fechas y que nada contribuyen a la conducta humana".
Los panameños hemos perdido en el padre Altafulla, un sacerdote de avanzada, como todo ser humano con sus virtudes y debilidades. Dios lo tenga en la gloria.
El sábado 25 de los corrientes este diario, en El Pulso de Panamá, comentó el protagonismo del defensor del asesino confeso del padre Altafulla, de la siguiente forma: "...somos partidarios de que se respete plenamente el derecho de defensa y las reglas del debido proceso al sindicado por el asesinato del monseñor Altafulla... Lo que nos parece absurdo y nada edificante, es que su equipo de abogados se haga eco del artero ataque expuesto ante los medios. Hasta donde sabemos, un letrado debe hacer valer sus argumentos en los estrados, con arreglo a reglas de probanza y alegaciones que excluyen el tipo de cargos temerarios e injuriosos que viene exteriorizando la defensa del imputado ante los micrófonos. Es como volver a matar a la víctima, tratando de destruir su honra después de muerto, cuando no puede defenderse. Resulta muy triste ver a la defensa del imputado prestarse para eso. Igual de reprochable es el ataque público contra la institución a la que el desaparecido prelado dedicó su vida. Uno puede armar una defensa profesional, sin necesidad de recurrir a tan cuestionable recurso", concluye la referida nota.
El protagonismo de un abogado defensor no debe tergiversar los hechos, tratar de crear una realidad distinta a como los hechos se originaron. Esto equivaldría a complicidad con el victimario puesto a que se asimila a encubrir los hechos tales como acontecieron y burlar la justicia.
La posición del abogado de la defensa debe limitarse a cuidar que se cumpla el debido proceso, pero bajo ninguna circunstancia deformarlo. Según la Enciclopedia Jurídica Básica, Editorial Civitas, "entre los derechos y deberes que integran el estatuto jurídico del abogado, deben destacarse los siguientes: 1° El deber de cooperar en la Administración de la Justicia, defendiendo en derecho los intereses les sean confiados, sujetándose al principio de la buena fe, siendo probos, leales y veraces en cuanto al fondo de sus declaraciones y manifestaciones, y respetuosos en cuanto a la forma de su intervención. 2° El deber y el derecho de guardar secreto profesional de todos los hechos y noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos".
El sacerdote Rosendo Torres, en su escrito del domingo 26 de mayo, aparecido en estas mismas páginas de Opinión, refiere varios episodios con relación a la vida del sacerdote Jorge Altafulla durante la dictadura militar y afirma que "fue uno de esos sacerdotes que siempre adversó sin concesiones de ninguna índole, al gobierno "de facto" militar, lo cual le acarreó incómodos momentos... y se mostró fiero e indomable cuando el clero se vio abocado a la crítica situación y división cuando fue secuestrado Héctor Gallego".
Además, mantuvo siempre su voz clara y sonante contra los extravíos de la "globalización" y el neoliberalismo. El Reverendo Altafulla, quien participó del panel "Misión del Cristiano y Mundo Socio-Político", realizado en la Universidad en septiembre de 2000, como parte del Congreso Eucarístico Nacional, expresó "que como en tiempos anteriores la Iglesia jerárquica habló fuerte defendiendo los derechos humanos, ahora por fidelidad a Jesucristo tiene que seguir hablando. Enunció que el concepto de superar las fronteras y acercarnos a una sociedad global es válido, "pero la forma en que se está implementando en el terreno económico está produciendo un gran deterioro en el nivel de vida de los pobres. El amor a los pobres nos exige no caer en un silencio cómplice". Manifestó que "la Iglesia mantendrá esa actitud de animar al pueblo a un protagonismo constructivo a fin de encontrar y proponer soluciones y alternativas para mejorar el asunto actual de las cosas".
Como una ironía de la vida, el sacerdote Altafulla fue quien organizó, en la ciudad capital, en diciembre del año pasado, la quema de los juguetes que incitan a la violencia en un acto simbólico que organizó la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, con el objetivo de que los padres de familia dejen de incentivar el ambiente de violencia. Sostuvo que "estos objetos crean un marco de referencia equivocado en la niñez y pueden influir en su comportamiento cuando sean adultos. A pesar de los llamados de diversos sectores sociales, los comercios prosiguen en su actitud de mantener la venta de artículos para estas fechas y que nada contribuyen a la conducta humana".
Los panameños hemos perdido en el padre Altafulla, un sacerdote de avanzada, como todo ser humano con sus virtudes y debilidades. Dios lo tenga en la gloria.
