Las manzanas podridas
"La Policía Técnica Judicial está podrida", nos dicen los gobernantes, y con esa excusa se pretende justificar su asimilación a la Policía Nacional.
Analicemos el argumento: Como la PTJ ha sido penetrada por el crimen organizado, se le debe integrar a la Policía Nacional. Esto nos debe llevar a concluir que la Policía Nacional no ha sido contaminada por este problema de corrupción. Si esto fuera así, tendríamos que preguntarnos el por qué. Una opción sería pensar que los policías son inmunes a la corrupción; otra sería que, como la policía no investiga al crimen organizado, éste no se ha visto en la necesidad de penetrarla. Como lo primero es improbable, nos queda la segunda opción. Ante esto, nos tenemos que preguntar: si tenemos una canasta pequeña con manzanas podridas y otra más grande con manzanas sin mácula, ¿por qué habríamos de mezclar las podridas con las no contaminadas? ¿Acaso no sabemos que la podredumbre se contagia por proximidad? Ahora bien, si se nos dijera que esto no sucedería, tendríamos que plantearnos estas posibilidades: Que destituirán -luego de la fusión- a todos los inspectores de la actual PTJ y que establecerán una entidad independiente que fiscalice e investigue las actuaciones de los policías en su desempeño profesional.
Tal vez nos expliquen también sobre programas de depuración permanente y de los necesarios aumentos salariales, equipamiento, capacitación, generosas pensiones a quienes se jubilen honrosamente y demás mecanismos de control que tienen las organizaciones policiales más avanzadas, efectivas y honradas.
Aun si hacemos caso omiso de la distinción constitucional entre la protección de nuestra vida, honra y bienes a través de la actividad preventiva o abortiva de las autoridades de policía, y la persecución de los delitos a través de las autoridades judiciales, tendríamos que recordar qué le ha sucedido al país cuando las armas de la República han estado concentradas en la autoridad de unos pocos.
La doctrina de seguridad civilizada que se dio Panamá bajo la inspiración del ministro Ricardo Arias Calderón y el compromiso de los presidentes Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares, establece una Fuerza Pública estructurada con base en instituciones especializadas con mando y escalafón separados y sin control patrimonial, supeditadas siempre al poder civil ejercido por las autoridades democráticas. El país no puede tolerar que la incapacidad de proveer seguridad adecuada a los tiempos que vivimos, se haga con base en fórmulas de aprendices de brujo. Aún después de las acrobacias intelectuales a las que tendrían que recurrir para justificar la violación a la Constitución y a la Política de Estado sobre la Fuerza Pública, tendrían que justificarle al país por qué quieren reconstruir por partes, al monstruo que tanto sufrimiento causó y tan traumático fue desmembrar.
Analicemos el argumento: Como la PTJ ha sido penetrada por el crimen organizado, se le debe integrar a la Policía Nacional. Esto nos debe llevar a concluir que la Policía Nacional no ha sido contaminada por este problema de corrupción. Si esto fuera así, tendríamos que preguntarnos el por qué. Una opción sería pensar que los policías son inmunes a la corrupción; otra sería que, como la policía no investiga al crimen organizado, éste no se ha visto en la necesidad de penetrarla. Como lo primero es improbable, nos queda la segunda opción. Ante esto, nos tenemos que preguntar: si tenemos una canasta pequeña con manzanas podridas y otra más grande con manzanas sin mácula, ¿por qué habríamos de mezclar las podridas con las no contaminadas? ¿Acaso no sabemos que la podredumbre se contagia por proximidad? Ahora bien, si se nos dijera que esto no sucedería, tendríamos que plantearnos estas posibilidades: Que destituirán -luego de la fusión- a todos los inspectores de la actual PTJ y que establecerán una entidad independiente que fiscalice e investigue las actuaciones de los policías en su desempeño profesional.
Tal vez nos expliquen también sobre programas de depuración permanente y de los necesarios aumentos salariales, equipamiento, capacitación, generosas pensiones a quienes se jubilen honrosamente y demás mecanismos de control que tienen las organizaciones policiales más avanzadas, efectivas y honradas.
Aun si hacemos caso omiso de la distinción constitucional entre la protección de nuestra vida, honra y bienes a través de la actividad preventiva o abortiva de las autoridades de policía, y la persecución de los delitos a través de las autoridades judiciales, tendríamos que recordar qué le ha sucedido al país cuando las armas de la República han estado concentradas en la autoridad de unos pocos.
La doctrina de seguridad civilizada que se dio Panamá bajo la inspiración del ministro Ricardo Arias Calderón y el compromiso de los presidentes Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares, establece una Fuerza Pública estructurada con base en instituciones especializadas con mando y escalafón separados y sin control patrimonial, supeditadas siempre al poder civil ejercido por las autoridades democráticas. El país no puede tolerar que la incapacidad de proveer seguridad adecuada a los tiempos que vivimos, se haga con base en fórmulas de aprendices de brujo. Aún después de las acrobacias intelectuales a las que tendrían que recurrir para justificar la violación a la Constitución y a la Política de Estado sobre la Fuerza Pública, tendrían que justificarle al país por qué quieren reconstruir por partes, al monstruo que tanto sufrimiento causó y tan traumático fue desmembrar.
