Las prioridades de la agenda interamericana
Después del 11 de septiembre no somos los mismos. Los actos terroristas que sacudieron al mundo y ocasionaron la pérdida de miles de vidas humanas y multimillonarios daños materiales inmediatos, también han dejado una secuela de otros daños materiales todavía incuantificables, y sobre nuestra actitud para encarar algunas realidades emergentes. Como consecuencia de los actos de barbarie perpetrados en el territorio de los Estados Unidos, pero que afectaron a todas las naciones del mundo, se ha producido una alteración notable en el ordenamiento de la agenda que manejan nuestros países y las organizaciones internacionales en las cuales participamos.
La Organización de los Estados Americanos, como es conocido, celebraba el 11 de septiembre de 2001 un período extraordinarios de sesiones en la ciudad de Lima, para aprobar con la solemnidad que correspondía y, además, para satisfacción de todos sus estados miembros activos, la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, la celebración de ese acontecimiento quedó relegada por el luto y la consternación que nos embargó a todos.
A partir del 11 de septiembre hemos tenido que reordenar nuestra agenda y posponer, al menos temporalmente, algunas tareas que considerábamos inmediatas como consecuencia lógica de la aprobación de la Carta Democrática. Tal era, por ejemplo, el desarrollo de los aspectos sociales incluidos en ese instrumento y orientados a destacar la urgencia de enfrentar mediante una acción colectiva y concertada la lucha contra la pobreza, por cuanto su persistencia es factor que contribuye negativamente a la consolidación de los regímenes democráticos.
Todas las organizaciones internacionales, de eso dan prueba tanto el registro de los debates de las sesiones de la Asamblea General de la Naciones Unidas como los pronunciamientos de todos los foros realizados después del 11 de septiembre, han debido de ocuparse de manera prioritaria de la lucha contra el terrorismo.
Una de las secuelas más nocivas de los actos del 11 de septiembre ha sido sus devastadores efectos sobre una economía mundial que ya enfrentaba momentos difíciles y que han venido a agravarse aún más. Todos los pronósticos de crecimiento económico se han desplomado y los analistas más calificados coinciden en que la recuperación sólo comenzará a producirse, con resultados visibles, probablemente bien avanzado el año 2002 o para el 2003.
Ese panorama sombrío repercutirá con efectos dramáticos sobre las economías más vulnerables o más pequeñas, relativamente, de los países donde existen los mayores niveles de pobreza y de miseria. Pero todavía no parece que tomamos conciencia de esa realidad.
Desde luego, el mundo y el continente americano del cual formamos parte deben continuar prestando atención preferente a la lucha contra el terrorismo para buscar alternativas que alejen o eliminen su peligrosidad y efectos negativos de los cuales no está exento ningún país; pero, a la par, también se impone que prestemos atención a la situación, cada días más dramática, del incremento de la pobreza que se hará más crítica como resultado de la disminución del crecimiento económico que se ha producido como secuela de los actos terroristas del pasado 11 de septiembre.
La atención prioritaria que ha demandado la crisis del terrorismo debe mantenerse al tope de nuestra agenda en todos los foros internacionales, pero no hacernos olvidar o posponer por mucho tiempo el compromiso que tenemos de enfrentar, también colectivamente, el flagelo de la pobreza extrema, que es asignatura pendiente y permanente y que se torna más urgente como resultado de los efectos negativos sobre la economía mundial del aciago 11 de septiembre de 2001.
La Organización de los Estados Americanos, como es conocido, celebraba el 11 de septiembre de 2001 un período extraordinarios de sesiones en la ciudad de Lima, para aprobar con la solemnidad que correspondía y, además, para satisfacción de todos sus estados miembros activos, la Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, la celebración de ese acontecimiento quedó relegada por el luto y la consternación que nos embargó a todos.
A partir del 11 de septiembre hemos tenido que reordenar nuestra agenda y posponer, al menos temporalmente, algunas tareas que considerábamos inmediatas como consecuencia lógica de la aprobación de la Carta Democrática. Tal era, por ejemplo, el desarrollo de los aspectos sociales incluidos en ese instrumento y orientados a destacar la urgencia de enfrentar mediante una acción colectiva y concertada la lucha contra la pobreza, por cuanto su persistencia es factor que contribuye negativamente a la consolidación de los regímenes democráticos.
Todas las organizaciones internacionales, de eso dan prueba tanto el registro de los debates de las sesiones de la Asamblea General de la Naciones Unidas como los pronunciamientos de todos los foros realizados después del 11 de septiembre, han debido de ocuparse de manera prioritaria de la lucha contra el terrorismo.
Una de las secuelas más nocivas de los actos del 11 de septiembre ha sido sus devastadores efectos sobre una economía mundial que ya enfrentaba momentos difíciles y que han venido a agravarse aún más. Todos los pronósticos de crecimiento económico se han desplomado y los analistas más calificados coinciden en que la recuperación sólo comenzará a producirse, con resultados visibles, probablemente bien avanzado el año 2002 o para el 2003.
Ese panorama sombrío repercutirá con efectos dramáticos sobre las economías más vulnerables o más pequeñas, relativamente, de los países donde existen los mayores niveles de pobreza y de miseria. Pero todavía no parece que tomamos conciencia de esa realidad.
Desde luego, el mundo y el continente americano del cual formamos parte deben continuar prestando atención preferente a la lucha contra el terrorismo para buscar alternativas que alejen o eliminen su peligrosidad y efectos negativos de los cuales no está exento ningún país; pero, a la par, también se impone que prestemos atención a la situación, cada días más dramática, del incremento de la pobreza que se hará más crítica como resultado de la disminución del crecimiento económico que se ha producido como secuela de los actos terroristas del pasado 11 de septiembre.
La atención prioritaria que ha demandado la crisis del terrorismo debe mantenerse al tope de nuestra agenda en todos los foros internacionales, pero no hacernos olvidar o posponer por mucho tiempo el compromiso que tenemos de enfrentar, también colectivamente, el flagelo de la pobreza extrema, que es asignatura pendiente y permanente y que se torna más urgente como resultado de los efectos negativos sobre la economía mundial del aciago 11 de septiembre de 2001.
