Las protestas de las clases populares
Aunque el SUNTRACS tiene cientos de afiliados que muy bien pueden responder a las preguntas y sugerencias formuladas por la antropóloga Brittmarie Janson Pérez, me permito intervenir, ya que no solamente esta asociación sindical y popular protesta, hace mítines, paros y huelgas, etc., sino que todas las organizaciones que conforman el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y otras de carácter popular, incluyendo FENASEP y el Sindicato Nacional de Empleados Bancarios (SINABAN) realizan este tipo de acciones en defensa de sus muy legítimos intereses.
El SUNTRACS y ninguna otra organización sindical y popular protestarían ante el expresidente Ernesto Pérez Balladares (EPB), su partido el Revolucionario Democrático (PRD), el General Noriega, etc., en virtud de una simple lógica, ninguno de estos entes está detentando el poder, y en la actualidad no pueden de ninguna manera reversar y reformar las medidas que ellos impusieron.
¿Quién tiene el poder de derogar y reformar leyes, decretos y demás, y que lo ha realizado ya con creces en estos primeros tres meses de gobierno? Respuesta clara: el nuevo gobierno de doña Mireya Moscoso, tiene ese poder y ya lo ha utilizado al derogar la Ley que le dio a la Sala V, derogó además la última reforma a la Ley de intereses preferenciales, las Leyes Mordazas, elevó los aranceles y echó para atrás los indultos conferidos por el gobierno del Toro, etc. Siendo lo anterior así, por simple deducción las protestas y reclamos tienen que ser dirigidos hacia la Presidenta de la República y la Asamblea Legislativa, ya que ellos están en la actualidad de poder reformar las leyes y derogar las mismas cuando consideren que son nefastas o en contra del pueblo.
Al parecer doña Mireya se ha dado cuenta de ello, no así nuestra antropóloga, cuando en la misma edición del artículo que refuto "Historia de una foto" del miércoles 1 de diciembre de 1999 (El Siglo) hay una noticia de Carlos Singares que en su primer párrafo dice textualmente: "El Gobierno Nacional ultima detalles para imponer su 49% de acciones de las empresas eléctricas, negociando con los representantes obreros que dominan el 2 por ciento de acciones, lo que permitiría en reunión de Junta Directiva oponerse a parar el anunciado aumento de la tarifa de energía eléctrica programada para enero y julio del próximo año".
El Ente Regulador con José Guanti a la cabeza, solamente da o no la viabilidad para el aumento de acuerdo a los argumentos de las empresas eléctricas y telefónicas. En esa misma vía, el Ente Regulador deberá convencer al pueblo panameño con razonamientos e información veraz y transparente, que hay razón para elevar las tarifas, así como para reducirlas cuando, en este caso particular, el precio del crudo baje.
Lo mismo pasará con los productores cuyo arancel aduanero ha sido elevado. El importador del producto, el cual tenía un impuesto aduanero por el piso por culpa del Gobierno de EPB, al ser propuesto un impuesto o arancel mayor, no absorberá dicha diferencia, sino que lo traspasará al consumidor o comprador, por lo cual el producto importado se encarecerá y lo que anteriormente costaba igual o menor que el producto nacional, costará con esta medida de aumentar los aranceles, mucho más que antes y que el producto nacional.
Con esta medida del gobierno de Mireya, puede ser que el productor, ganadero, agricultor, etc., de nuestra campiña interiorana mejore su rendimiento económico y que el consumidor o comprador salga perdiendo, porque por un lado, si prefería el producto importado, por ser de mejor calidad que el nacional, ya no tendría los medios suficientes para comprar aquello y tendrá que conformarse con lo nacional. Esperamos que esta medida, igual que la tomaba por el gobierno anterior, no sea contraproducente, pues lo que debió hacer el gobierno del PRD y demás partiduchos, era aplicar lo pactado con la Organización Mundial de Comercio, OMC o sea reducir los aranceles paulatinos y gradualmente.
Por otro lado, si el gobierno de Mireya tiene el poder y la aplanadora legislativa para derogar la Ley que reformó las jubilaciones especiales de los docentes, ¿hacia dónde deben ir dirigidas las manifestaciones de éstos? La respuesta es obvia, ya que también está en manos de este nuevo gobierno, revisar dicha reforma, sin desmejorar las finanzas de la Caja de Seguro Social y sin imponerle medidas más drásticas al bolsillo del trabajador istmeño.
La señora Janson Pérez menciona el artículo 299 de la Constitución Nacional que estipula que una caterva de funcionarios con mando y jurisdicción y de libre nombramiento y remoción, "deben presentar al inicio y al término de sus funciones, una declaración jurada de su estado patrimonial...". Lo primero que debe hacer este nuevo gobierno y que al parecer no ha hecho ningún otro gobierno es reglamentar esta disposición y ponerle alguna pena o multa al que viole este artículo, ya que como está, no solamente los funcionarios del PRD, sino casi todos que llegan al poder no hacen las declaraciones al final de período.
Como prueba de todo lo anterior, podemos decir que EPB, los exministros de Vivienda, Solís y R. Thayer, el exgerente del B.H.N., Lic. Eduardo González, el asesor Alexis Aispurúa, y otros, echaron a perder la indemnización que debieron haber recibido alrededor de 270 funcionarios del BHN, producto de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero ellos están fuera del poder, entonces la pregunta a la antropóloga residente en Miami, es la siguiente ¿A dónde debemos dirigirnos a reclamar la indemnización, ya que según carta del BID "corresponde al Gobierno el analizar y tomar las acciones que considere más conveniente..."?
Por último vamos a acoger lo que propone la Lic. Brittmarie en uno de sus párrafos, pero no lo divulgaremos, pues sería un nuevo método de lucha con el cual se podrían frenar los despidos masivos e injustificados e reintegrar a los que han sido vilmente despedidos.
El SUNTRACS y ninguna otra organización sindical y popular protestarían ante el expresidente Ernesto Pérez Balladares (EPB), su partido el Revolucionario Democrático (PRD), el General Noriega, etc., en virtud de una simple lógica, ninguno de estos entes está detentando el poder, y en la actualidad no pueden de ninguna manera reversar y reformar las medidas que ellos impusieron.
¿Quién tiene el poder de derogar y reformar leyes, decretos y demás, y que lo ha realizado ya con creces en estos primeros tres meses de gobierno? Respuesta clara: el nuevo gobierno de doña Mireya Moscoso, tiene ese poder y ya lo ha utilizado al derogar la Ley que le dio a la Sala V, derogó además la última reforma a la Ley de intereses preferenciales, las Leyes Mordazas, elevó los aranceles y echó para atrás los indultos conferidos por el gobierno del Toro, etc. Siendo lo anterior así, por simple deducción las protestas y reclamos tienen que ser dirigidos hacia la Presidenta de la República y la Asamblea Legislativa, ya que ellos están en la actualidad de poder reformar las leyes y derogar las mismas cuando consideren que son nefastas o en contra del pueblo.
Al parecer doña Mireya se ha dado cuenta de ello, no así nuestra antropóloga, cuando en la misma edición del artículo que refuto "Historia de una foto" del miércoles 1 de diciembre de 1999 (El Siglo) hay una noticia de Carlos Singares que en su primer párrafo dice textualmente: "El Gobierno Nacional ultima detalles para imponer su 49% de acciones de las empresas eléctricas, negociando con los representantes obreros que dominan el 2 por ciento de acciones, lo que permitiría en reunión de Junta Directiva oponerse a parar el anunciado aumento de la tarifa de energía eléctrica programada para enero y julio del próximo año".
El Ente Regulador con José Guanti a la cabeza, solamente da o no la viabilidad para el aumento de acuerdo a los argumentos de las empresas eléctricas y telefónicas. En esa misma vía, el Ente Regulador deberá convencer al pueblo panameño con razonamientos e información veraz y transparente, que hay razón para elevar las tarifas, así como para reducirlas cuando, en este caso particular, el precio del crudo baje.
Lo mismo pasará con los productores cuyo arancel aduanero ha sido elevado. El importador del producto, el cual tenía un impuesto aduanero por el piso por culpa del Gobierno de EPB, al ser propuesto un impuesto o arancel mayor, no absorberá dicha diferencia, sino que lo traspasará al consumidor o comprador, por lo cual el producto importado se encarecerá y lo que anteriormente costaba igual o menor que el producto nacional, costará con esta medida de aumentar los aranceles, mucho más que antes y que el producto nacional.
Con esta medida del gobierno de Mireya, puede ser que el productor, ganadero, agricultor, etc., de nuestra campiña interiorana mejore su rendimiento económico y que el consumidor o comprador salga perdiendo, porque por un lado, si prefería el producto importado, por ser de mejor calidad que el nacional, ya no tendría los medios suficientes para comprar aquello y tendrá que conformarse con lo nacional. Esperamos que esta medida, igual que la tomaba por el gobierno anterior, no sea contraproducente, pues lo que debió hacer el gobierno del PRD y demás partiduchos, era aplicar lo pactado con la Organización Mundial de Comercio, OMC o sea reducir los aranceles paulatinos y gradualmente.
Por otro lado, si el gobierno de Mireya tiene el poder y la aplanadora legislativa para derogar la Ley que reformó las jubilaciones especiales de los docentes, ¿hacia dónde deben ir dirigidas las manifestaciones de éstos? La respuesta es obvia, ya que también está en manos de este nuevo gobierno, revisar dicha reforma, sin desmejorar las finanzas de la Caja de Seguro Social y sin imponerle medidas más drásticas al bolsillo del trabajador istmeño.
La señora Janson Pérez menciona el artículo 299 de la Constitución Nacional que estipula que una caterva de funcionarios con mando y jurisdicción y de libre nombramiento y remoción, "deben presentar al inicio y al término de sus funciones, una declaración jurada de su estado patrimonial...". Lo primero que debe hacer este nuevo gobierno y que al parecer no ha hecho ningún otro gobierno es reglamentar esta disposición y ponerle alguna pena o multa al que viole este artículo, ya que como está, no solamente los funcionarios del PRD, sino casi todos que llegan al poder no hacen las declaraciones al final de período.
Como prueba de todo lo anterior, podemos decir que EPB, los exministros de Vivienda, Solís y R. Thayer, el exgerente del B.H.N., Lic. Eduardo González, el asesor Alexis Aispurúa, y otros, echaron a perder la indemnización que debieron haber recibido alrededor de 270 funcionarios del BHN, producto de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero ellos están fuera del poder, entonces la pregunta a la antropóloga residente en Miami, es la siguiente ¿A dónde debemos dirigirnos a reclamar la indemnización, ya que según carta del BID "corresponde al Gobierno el analizar y tomar las acciones que considere más conveniente..."?
Por último vamos a acoger lo que propone la Lic. Brittmarie en uno de sus párrafos, pero no lo divulgaremos, pues sería un nuevo método de lucha con el cual se podrían frenar los despidos masivos e injustificados e reintegrar a los que han sido vilmente despedidos.
