Las pruebas...
En días pasados, la Sra. Presidenta Mireya Moscoso aceptó públicamente que "había una enorme cantidad de personas que tenía la percepción de que había corrupción en su administración". A renglón seguido, insistió en que "las denuncias deben tener pruebas". Si el ciudadano que se siente afectado presenta una denuncia de corrupción basado en fuertes indicios pero que no constituyen "una prueba sumaria", ella no puede prosperar según los criterios esbozados por funcionarios de la administración. Si el procurador, el contralor y los funcionarios que deben encargarse de tramitar estas situaciones no tienen la función de investigar los delitos es necesario que se explique entonces, ¿cuáles son las razones de sus puestos y qué hacen? Siguiendo el razonamiento absurdo de la administración Panamá sería, pues, un país de solo jueces sin funcionarios de investigación. Si un ciudadano aquí o en cualquier otro país presenta una acusación contra la administración o un funcionario de ella por delitos de corrupción, y la misma se considera caprichosa o sin fundamento o calumniosa, el funcionario competente la rechaza de plano y el sujeto de marras puede ser, a su vez, enjuiciado y condenado por haber hecho una denuncia temeraria o falsa.
Hace más de un año un legislador, en un acto público y televisado, se presentó ante la opinión pública sacándose los fajos de billetes de $20.00 de su bolsillo y declarando que el mismo era mal habido, haciendo, además, una serie de graves acusaciones contra otras personas. Esas declaraciones contundentes y el hecho cierto de que se cambiaron cheques por efectivo (en billetes de baja denominación) en distintos bancos de la localidad en una forma totalmente inusual, no han tenido la trascendencia que ellas merecían. Hasta la fecha no hay un solo sindicado preso y nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando con la investigación. Ella -la investigación- parece una pelota de ping-pong que gira de un lado al otro. Nadie parece tener la responsabilidad del caso. Tenemos funcionarios que emulan a Poncio Pilatos. El panameño, estupefacto, se siente burlado y concluye que aquí no existe voluntad para enfrentar la corrupción y menos castigarla. Todo quedará al final, sencillamente, en nada.
La voluntad que pareciera no tener la administración de frenar la corrupción, sí la tiene el pueblo panameño que, según la última encuesta de Dichter & Neira, un altísimo porcentaje de los encuestados quiere que se investiguen las actuaciones de la presente administración al terminar su período. La "plena prueba sumaria" de que habla constantemente la mandataria se está utilizando hoy como argumento hasta en los conflictos internos de un partido. Lo más probable es que el Sr. Víctor Juliao, alto miembro del mireyismo, reciba un buen "regaño" por haberse quejado de presiones por "alguien" contra convencionales simpatizantes de su candidatura. No conozco en mi larga vida pública gobierno alguno que haya tratado de ocultar sus actos, de esconderle a la opinión pública sus actuaciones, como el presente.
A Solidaridad le pidió la Jefa del Ejecutivo las pruebas de acciones punibles llevadas a cabo contra la postulación del Lic. Guillermo Endara. El colectivo político las presentó ante la Fiscalía Electoral. El consejero presidencial, allegado a la mandataria, acusado con pruebas testimoniales, sigue impertérrito y "muerta de risa". Se siente, no hay duda, protegido por la peregrina tesis de la "plena prueba". Sin embargo, en este caso, las hay y muy contundentes. Mientras que la misma -absurda tesis- se mantenga vigente, los delitos seguirán sin castigo, para vergüenza de todos.
Con respecto a que la Iglesia Católica es ingenua y está siendo engañada por los privados de libertad, sólo nos resta decir que es la única que nos ha estado ayudando y ha escuchado nuestras peticiones de forma verdadera y efectiva, porque tiene conocimiento imparcial de la precaria situación que viven los detenidos; también nos apoya porque en el derecho al sufragio, descansan los cimientos de un sistema democrático, mas coartar ese derecho en un estado democrático y de derecho como es el nuestro, genera situaciones adversas a la sociedad, al ordenamiento jurídico y al propio detenido. También nos ayuda porque hemos escogido los medios idóneos para hacer valer nuestros derechos sin alterar el orden carcelario con medidas de presión violentas o radicales, pero sobre todo nos ayuda, sin igual, por su "Caridad cristiana", imitando a nuestro Señor, Jesucristo." Esperamos que estas explicaciones sirvan para entender mejor el sufragio de detenidos.
(mabernal@sinfo.net)
En Panamá hay dos grupos con más de 500 años de presencia en el país: los afrodescendientes y los indígenas. Los otros grupos étnicos son producto de migraciones posteriores. Para Melvin Brown, en Panamá no se ha hecho el esfuerzo mediante ley de reconocer las tierras, pero para el comité de afrodescendientes la situación de las tierras va más allá, pues no es solamente que se les reconozcan los terrenos, sino las áreas ancestrales como parte de un desarrollo sostenible para radicar la pobreza.
Sin embargo, hay voluntad política, pero falta que esa voluntad se plasme en una legislación para iniciar un proceso de desarrollo y reconocimiento de las zonas ancestrales. En cuanto a materia de desarrollo, la plataforma señala que la integración de los afrodescendientes es inclusiva, democrática y participativa, ya que no tienen ningún problema en trabajar conjuntamente con otros grupos que no sean afrodescentientes.
La plataforma política de los afrodescendientes es el primer paso para que sean discutidos diversos aspectos para luego llegar a la creación de una legislación nacional que les retribuyan sus tierras perdidas para el desarrollo y a participar en los proyectos del gobierno nacional.
Hace más de un año un legislador, en un acto público y televisado, se presentó ante la opinión pública sacándose los fajos de billetes de $20.00 de su bolsillo y declarando que el mismo era mal habido, haciendo, además, una serie de graves acusaciones contra otras personas. Esas declaraciones contundentes y el hecho cierto de que se cambiaron cheques por efectivo (en billetes de baja denominación) en distintos bancos de la localidad en una forma totalmente inusual, no han tenido la trascendencia que ellas merecían. Hasta la fecha no hay un solo sindicado preso y nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando con la investigación. Ella -la investigación- parece una pelota de ping-pong que gira de un lado al otro. Nadie parece tener la responsabilidad del caso. Tenemos funcionarios que emulan a Poncio Pilatos. El panameño, estupefacto, se siente burlado y concluye que aquí no existe voluntad para enfrentar la corrupción y menos castigarla. Todo quedará al final, sencillamente, en nada.
La voluntad que pareciera no tener la administración de frenar la corrupción, sí la tiene el pueblo panameño que, según la última encuesta de Dichter & Neira, un altísimo porcentaje de los encuestados quiere que se investiguen las actuaciones de la presente administración al terminar su período. La "plena prueba sumaria" de que habla constantemente la mandataria se está utilizando hoy como argumento hasta en los conflictos internos de un partido. Lo más probable es que el Sr. Víctor Juliao, alto miembro del mireyismo, reciba un buen "regaño" por haberse quejado de presiones por "alguien" contra convencionales simpatizantes de su candidatura. No conozco en mi larga vida pública gobierno alguno que haya tratado de ocultar sus actos, de esconderle a la opinión pública sus actuaciones, como el presente.
A Solidaridad le pidió la Jefa del Ejecutivo las pruebas de acciones punibles llevadas a cabo contra la postulación del Lic. Guillermo Endara. El colectivo político las presentó ante la Fiscalía Electoral. El consejero presidencial, allegado a la mandataria, acusado con pruebas testimoniales, sigue impertérrito y "muerta de risa". Se siente, no hay duda, protegido por la peregrina tesis de la "plena prueba". Sin embargo, en este caso, las hay y muy contundentes. Mientras que la misma -absurda tesis- se mantenga vigente, los delitos seguirán sin castigo, para vergüenza de todos.
Con respecto a que la Iglesia Católica es ingenua y está siendo engañada por los privados de libertad, sólo nos resta decir que es la única que nos ha estado ayudando y ha escuchado nuestras peticiones de forma verdadera y efectiva, porque tiene conocimiento imparcial de la precaria situación que viven los detenidos; también nos apoya porque en el derecho al sufragio, descansan los cimientos de un sistema democrático, mas coartar ese derecho en un estado democrático y de derecho como es el nuestro, genera situaciones adversas a la sociedad, al ordenamiento jurídico y al propio detenido. También nos ayuda porque hemos escogido los medios idóneos para hacer valer nuestros derechos sin alterar el orden carcelario con medidas de presión violentas o radicales, pero sobre todo nos ayuda, sin igual, por su "Caridad cristiana", imitando a nuestro Señor, Jesucristo." Esperamos que estas explicaciones sirvan para entender mejor el sufragio de detenidos.
(mabernal@sinfo.net)
En Panamá hay dos grupos con más de 500 años de presencia en el país: los afrodescendientes y los indígenas. Los otros grupos étnicos son producto de migraciones posteriores. Para Melvin Brown, en Panamá no se ha hecho el esfuerzo mediante ley de reconocer las tierras, pero para el comité de afrodescendientes la situación de las tierras va más allá, pues no es solamente que se les reconozcan los terrenos, sino las áreas ancestrales como parte de un desarrollo sostenible para radicar la pobreza.
Sin embargo, hay voluntad política, pero falta que esa voluntad se plasme en una legislación para iniciar un proceso de desarrollo y reconocimiento de las zonas ancestrales. En cuanto a materia de desarrollo, la plataforma señala que la integración de los afrodescendientes es inclusiva, democrática y participativa, ya que no tienen ningún problema en trabajar conjuntamente con otros grupos que no sean afrodescentientes.
La plataforma política de los afrodescendientes es el primer paso para que sean discutidos diversos aspectos para luego llegar a la creación de una legislación nacional que les retribuyan sus tierras perdidas para el desarrollo y a participar en los proyectos del gobierno nacional.
