Las Reformas Constitucionales, Conclusión
Luego de dedicar una serie desacostumbrada de editoriales al análisis y comentario de las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo a instancia del gobierno electo de Martín Torrijos, estamos en condiciones de arrojar una conclusión. En el aspecto formal, por lo general, dejan mucho que desear. Nada que ver si se les compara con el trabajo realizado por los redactores de la Constitución de 1946, Eduardo Chiari, Ricardo J. Alfaro y José Dolores Moscoso, con base al borrador preparado por el último. El mayor pecado es la densidad del lenguaje y el excesivo casuismo, propio más de un código o ley en desarrollo.
Lo ideal es que una Constitución reuna un texto breve de normas programáticas, principios, garantías y derechos fundamentales redactados en términos muy breves y claros, dejando en lo posible a la ley la definición de los detalles. Un trabajo de ese tipo, sólo puede ser obra de expertos, de cuya participación adolece el actual paquete de reformas.
Otro problema, también de tipo formal, es la excesiva cantidad de artículos que se pretende reformar, los cuales exceden del medio centenar, lo cual -por la brevedad del tiempo disponible- es imposible trabajar con la seriedad y severidad que amerita la trascendental tarea que, en la práctica, no puede tener lugar sino cada cinco años.
Sugerimos, por tanto, un retorno a la intención original, de ocuparse de unas pocas reformas puntuales y dejar el resto a alguna de las otras alternativas de modificación donde puedan ser analizadas y discutidas en condiciones más favorables, con la ayuda de expertos.
Entre las reformas puntuales, podríamos sugerir: la constituyente paralela, la reducción sustancial del número de legisladores, la abreviación del término de transición, la introducción de legisladores nacionales, la limitación de la inmunidad legislativa, la forma de escoger los magistrados de la Corte Suprema, la creación del Tribunal de Cuentas, la eliminación de la norma de desacato (penar sin juicio previo), la trasparencia o publicidad de los actos e información pública, la institucionalización de la Defensoría del Pueblo, la eliminación de un suplente de legislador y la exigencia de referéndum para toda decisión concerniente a un nuevo Canal o modificación sustancial del actual.
Son sólo diez reformas las que sugerimos, en los términos que hemos expuesto en los citados editoriales y que han exteriorizado conocedores de la materia.
Si se insiste en el paquete actual, el resultado provocará más problemas que soluciones. En fin, debe rescatarse del mismo lo esencial y dejar el resto a una discusión posterior.
El Presidente que tenga el valor y cierta destreza para enrumbar a la nación en las vías del verdadero progreso y del bienestar, y que lejos de dejarse abatir por la desgracia, sabe mantener el orden en el país, tanto por su firmeza como por sabias disposiciones, nunca se arrepentirá de haber confiado en el pueblo. "Vox Populi, Vox Dei".
(arquinde@cableonda.net)
Lo ideal es que una Constitución reuna un texto breve de normas programáticas, principios, garantías y derechos fundamentales redactados en términos muy breves y claros, dejando en lo posible a la ley la definición de los detalles. Un trabajo de ese tipo, sólo puede ser obra de expertos, de cuya participación adolece el actual paquete de reformas.
Otro problema, también de tipo formal, es la excesiva cantidad de artículos que se pretende reformar, los cuales exceden del medio centenar, lo cual -por la brevedad del tiempo disponible- es imposible trabajar con la seriedad y severidad que amerita la trascendental tarea que, en la práctica, no puede tener lugar sino cada cinco años.
Sugerimos, por tanto, un retorno a la intención original, de ocuparse de unas pocas reformas puntuales y dejar el resto a alguna de las otras alternativas de modificación donde puedan ser analizadas y discutidas en condiciones más favorables, con la ayuda de expertos.
Entre las reformas puntuales, podríamos sugerir: la constituyente paralela, la reducción sustancial del número de legisladores, la abreviación del término de transición, la introducción de legisladores nacionales, la limitación de la inmunidad legislativa, la forma de escoger los magistrados de la Corte Suprema, la creación del Tribunal de Cuentas, la eliminación de la norma de desacato (penar sin juicio previo), la trasparencia o publicidad de los actos e información pública, la institucionalización de la Defensoría del Pueblo, la eliminación de un suplente de legislador y la exigencia de referéndum para toda decisión concerniente a un nuevo Canal o modificación sustancial del actual.
Son sólo diez reformas las que sugerimos, en los términos que hemos expuesto en los citados editoriales y que han exteriorizado conocedores de la materia.
Si se insiste en el paquete actual, el resultado provocará más problemas que soluciones. En fin, debe rescatarse del mismo lo esencial y dejar el resto a una discusión posterior.
El Presidente que tenga el valor y cierta destreza para enrumbar a la nación en las vías del verdadero progreso y del bienestar, y que lejos de dejarse abatir por la desgracia, sabe mantener el orden en el país, tanto por su firmeza como por sabias disposiciones, nunca se arrepentirá de haber confiado en el pueblo. "Vox Populi, Vox Dei".
(arquinde@cableonda.net)
