Las tribulaciones de la Autoridad del Canal
PERSONAS DIGNAS del mayor respeto me han hecho el comentario de que se les ha asegurado que genios de la publicidad han diseñado la campaña "Confusión", movidos por la idea de mantener a todos confundidos.
En las últimas semanas, los medios de información ponen de relieve la intensificación de la campaña de confusión. El diario "La Prensa", por ejemplo, destaca en su primera plana la información de un periodista que transmite información proveniente de la ACP, como la publicada el 16 de febrero, sobre el congestionamiento en los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos, que según destaca la noticia -con aparente ligereza- "podría implicar una fuerte mejora en los ingresos del Canal de Panamá y también puede llegar a adelantar la discusión sobre la vía interoceánica".
Sin entrar en detalles sobre declaraciones puestas en cabeza del administrador Alberto Alemán Zubieta, la misma nota periodística señala tajantemente que la ACP adelanta los estudios económicos, ambientales y sociales sobre la ampliación, para permitir el tránsito de buques de mayor tamaño que los Panamax. Agrega la nota que "a su vez, el Gobierno proyecta para este asunto una consulta a la ciudadanía para el domingo 20 de noviembre de este año", una vez que resuelva el tema de la reforma de la Caja de Seguro Social.
Aseveraciones tan rotundas, aunque carentes de sustentación y de confirmación, aparecidas en un periódico, cuya seriedad no ponemos en duda, sumergen a la ciudadanía en un mar de confusiones. Porque lo que se le está diciendo al país, no es ni más ni menos, que el 20 de noviembre de 2005 se verificará una consulta a la ciudadanía, que tal como se presenta no sería otra cosa que un referéndum sobre los destinos del canal interoceánico.
Una semana después, el miércoles 23 de febrero, el mismo periodista, en el mismo diario, alimentado con información fresca de la ACP, publica en primera plana que "Con los proyectos de modernización realizados y los que están programados, el Canal de Panamá garantiza su capacidad operativa hasta el 2012, aunque para ese año ya debe estar en desarrollo el proyecto de expansión de la vía interoceánica, siempre y cuando sea aprobado". "Esta es la previsión -agrega la noticia- que desarrollaron los expertos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) durante la conferencia "Panama Maritime VII"..."
De la lectura de esta información se desprenden, además, dos hechos, que sin dejar de ser confusos y contradictorios, inciden profundamente en el funcionamiento del Canal y en los destinos del país.
Contrariamente a las afirmaciones hechas a partir del año 2000 en el sentido de que el Canal sufragaría con sus propios recursos la expansión de la vía interoceánica, resulta ahora que el administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta, afirma que "de ser aprobada la expansión del Canal de Panamá para poder atender la creciente demanda internacional, el proyecto sería "pagado" por los clientes y usuarios de la vía". Cabe preguntarse cuál es la base jurídica, la autoridad y la facultad que pudiera invocar el administrador Alemán Zubieta para comprometer y hablar en nombre de los clientes y usuarios de la vía interoceánica.
El otro hecho a que nos referimos tiene que ver con el financiamiento de la obra que, según declaraciones atribuidas al mismo Alemán Zubieta, "hasta que no se defina, no se dará a conocer cuál es el costo del mismo".
Salta a la vista el abanico de preguntas sin respuestas que nos abre para mayor confusión Alemán Zubieta al referirse a: 1) los proyectos de modernización realizados; 2) cuáles son los proyectos de modernización que están programados y que garantizan la capacidad operativa del Canal hasta el 2012; 3) cuál es el proyecto de expansión de la vía interoceánica que según Alemán Zubieta debe estar en desarrollo para ese año 2012, siempre y cuando sea aprobado; 4) por qué se mantiene pendiente el estudio que se refiere al financiamiento de la obra; 5) a qué se debe que el proyecto no se haya definido y que hasta que no se defina no se dará a conocer el costo del mismo
Pero aquí no se detiene Alemán Zubieta, según el cronista de la ACP, ya que en la noticia se destaca que, bajo su administración, "el Canal de Panamá ha invertido hasta la fecha unos 1,500 millones de dólares en modernización". Entramos aquí en un terreno en que el Ing. Demóstenes Vergara Stanziola, cuya autoridad es reconocida en este campo, le dice al país que "toda ampliación es una modernización, pero no toda modernización es una ampliación, ni la supone". Como quien cuenta las cuentas de un rosario, aquí llegamos a una encrucijada de determinación de responsabilidades, singularmente en lo que concierne al examen de las cuentas que debe rendirle al país el administrador Alemán Zubieta, en acatamiento a la fiscalización y al control posterior de su manejo financiero que según mandato constitucional le toca ejecutar al Contralor General de la República al tenor de lo preceptuado en el Art. 321, antes Art. 315, de nuestra Constitución.
En más de una ocasión, en distintos foros, he dejado constancia de que todos los panameños y las panameñas nos sentimos orgullosos cada vez que se señala que bajo la administración panameña el Canal funciona mejor que nunca. Todos estamos satisfechos del nivel de competencia profesional y técnica de los responsables de la administración del Canal. Sin embargo, no creemos que un régimen de hermetismo ni un ambiente de confusión, favorece la eficacia, la rentabilidad y la estabilidad en las operaciones del Canal, que no deben sustraerse de una escrupulosa fiscalización, a cuyos mecanismos me propongo referirme, no sólo porque nuestro sistema constitucional contempla que ejerza un control efectivo sobre la gestión financiera de la administración del Canal, sino porque el Canal se considera un patrimonio común, que la jerarquía constitucional ha elevado al rango de patrimonio inalienable de la nación panameña.
En las últimas semanas, los medios de información ponen de relieve la intensificación de la campaña de confusión. El diario "La Prensa", por ejemplo, destaca en su primera plana la información de un periodista que transmite información proveniente de la ACP, como la publicada el 16 de febrero, sobre el congestionamiento en los puertos de la costa oeste de los Estados Unidos, que según destaca la noticia -con aparente ligereza- "podría implicar una fuerte mejora en los ingresos del Canal de Panamá y también puede llegar a adelantar la discusión sobre la vía interoceánica".
Sin entrar en detalles sobre declaraciones puestas en cabeza del administrador Alberto Alemán Zubieta, la misma nota periodística señala tajantemente que la ACP adelanta los estudios económicos, ambientales y sociales sobre la ampliación, para permitir el tránsito de buques de mayor tamaño que los Panamax. Agrega la nota que "a su vez, el Gobierno proyecta para este asunto una consulta a la ciudadanía para el domingo 20 de noviembre de este año", una vez que resuelva el tema de la reforma de la Caja de Seguro Social.
Aseveraciones tan rotundas, aunque carentes de sustentación y de confirmación, aparecidas en un periódico, cuya seriedad no ponemos en duda, sumergen a la ciudadanía en un mar de confusiones. Porque lo que se le está diciendo al país, no es ni más ni menos, que el 20 de noviembre de 2005 se verificará una consulta a la ciudadanía, que tal como se presenta no sería otra cosa que un referéndum sobre los destinos del canal interoceánico.
Una semana después, el miércoles 23 de febrero, el mismo periodista, en el mismo diario, alimentado con información fresca de la ACP, publica en primera plana que "Con los proyectos de modernización realizados y los que están programados, el Canal de Panamá garantiza su capacidad operativa hasta el 2012, aunque para ese año ya debe estar en desarrollo el proyecto de expansión de la vía interoceánica, siempre y cuando sea aprobado". "Esta es la previsión -agrega la noticia- que desarrollaron los expertos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) durante la conferencia "Panama Maritime VII"..."
De la lectura de esta información se desprenden, además, dos hechos, que sin dejar de ser confusos y contradictorios, inciden profundamente en el funcionamiento del Canal y en los destinos del país.
Contrariamente a las afirmaciones hechas a partir del año 2000 en el sentido de que el Canal sufragaría con sus propios recursos la expansión de la vía interoceánica, resulta ahora que el administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta, afirma que "de ser aprobada la expansión del Canal de Panamá para poder atender la creciente demanda internacional, el proyecto sería "pagado" por los clientes y usuarios de la vía". Cabe preguntarse cuál es la base jurídica, la autoridad y la facultad que pudiera invocar el administrador Alemán Zubieta para comprometer y hablar en nombre de los clientes y usuarios de la vía interoceánica.
El otro hecho a que nos referimos tiene que ver con el financiamiento de la obra que, según declaraciones atribuidas al mismo Alemán Zubieta, "hasta que no se defina, no se dará a conocer cuál es el costo del mismo".
Salta a la vista el abanico de preguntas sin respuestas que nos abre para mayor confusión Alemán Zubieta al referirse a: 1) los proyectos de modernización realizados; 2) cuáles son los proyectos de modernización que están programados y que garantizan la capacidad operativa del Canal hasta el 2012; 3) cuál es el proyecto de expansión de la vía interoceánica que según Alemán Zubieta debe estar en desarrollo para ese año 2012, siempre y cuando sea aprobado; 4) por qué se mantiene pendiente el estudio que se refiere al financiamiento de la obra; 5) a qué se debe que el proyecto no se haya definido y que hasta que no se defina no se dará a conocer el costo del mismo
Pero aquí no se detiene Alemán Zubieta, según el cronista de la ACP, ya que en la noticia se destaca que, bajo su administración, "el Canal de Panamá ha invertido hasta la fecha unos 1,500 millones de dólares en modernización". Entramos aquí en un terreno en que el Ing. Demóstenes Vergara Stanziola, cuya autoridad es reconocida en este campo, le dice al país que "toda ampliación es una modernización, pero no toda modernización es una ampliación, ni la supone". Como quien cuenta las cuentas de un rosario, aquí llegamos a una encrucijada de determinación de responsabilidades, singularmente en lo que concierne al examen de las cuentas que debe rendirle al país el administrador Alemán Zubieta, en acatamiento a la fiscalización y al control posterior de su manejo financiero que según mandato constitucional le toca ejecutar al Contralor General de la República al tenor de lo preceptuado en el Art. 321, antes Art. 315, de nuestra Constitución.
En más de una ocasión, en distintos foros, he dejado constancia de que todos los panameños y las panameñas nos sentimos orgullosos cada vez que se señala que bajo la administración panameña el Canal funciona mejor que nunca. Todos estamos satisfechos del nivel de competencia profesional y técnica de los responsables de la administración del Canal. Sin embargo, no creemos que un régimen de hermetismo ni un ambiente de confusión, favorece la eficacia, la rentabilidad y la estabilidad en las operaciones del Canal, que no deben sustraerse de una escrupulosa fiscalización, a cuyos mecanismos me propongo referirme, no sólo porque nuestro sistema constitucional contempla que ejerza un control efectivo sobre la gestión financiera de la administración del Canal, sino porque el Canal se considera un patrimonio común, que la jerarquía constitucional ha elevado al rango de patrimonio inalienable de la nación panameña.
