Las vacaciones acumuladas
Sin que aún se haya dictaminado por parte de la Contraloría General de la República si el pago de vacaciones acumuladas en exceso a los salientes magistrados del Tribunal Electoral procede o no, independientemente de lo cuestionable que resulta que, aprovechando su condición de cabezas de un triunvirato, los tres magistrados hayan planificado su retiro utilizando su potestad de disponer de fondos públicos para ello, la pregunta que subyace es: ¿Por qué a los jefes sí se les puede pagar las vacaciones y a los subalternos no?
A miles de servidores y ex servidores públicos se les adeuda el pago de vacaciones desde hace tiempo. Ninguno de los gobiernos de la llamada "era democrática" han hecho lo que les correspondería para dotar, en los presupuestos respectivos, las partidas necesarias para hacerle frente a esta obligación irrenunciable e imprescriptible.
La excusa mayormente utilizada es, que se trata de partidas de vigencia expirada. Nos preguntamos si acaso los miles de ex policías, enfermeras, médicos, oficinistas, contadores, trabajadores manuales, etc., etc. a los que se les adeudan esas partidas, han tenido alguna responsabilidad en la expiración de las mismas. La respuesta es obviamente que no. Es una responsabilidad que recae de manera exclusiva en el Estado panameño y en los regentes de la cosa pública, que no han tenido la voluntad ni la capacidad para estructurar un plan de pago de esas obligaciones pendientes de cumplir, con los sectores más vulnerables de la población.
La doctrina del derecho de daños ha basado buena parte de su desarrollo moderno en la conocida máxima "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans", que en castellano sería: "No debe escucharse a quien alega su propia torpeza".
Por eso, cualquiera que sea, la decisión final que tome el señor Contralor, con respecto al pago de las vacaciones acumuladas a los magistrados, si no programa el pago de las que se adeudan al resto, se estará cometiendo una gran injusticia.
A miles de servidores y ex servidores públicos se les adeuda el pago de vacaciones desde hace tiempo. Ninguno de los gobiernos de la llamada "era democrática" han hecho lo que les correspondería para dotar, en los presupuestos respectivos, las partidas necesarias para hacerle frente a esta obligación irrenunciable e imprescriptible.
La excusa mayormente utilizada es, que se trata de partidas de vigencia expirada. Nos preguntamos si acaso los miles de ex policías, enfermeras, médicos, oficinistas, contadores, trabajadores manuales, etc., etc. a los que se les adeudan esas partidas, han tenido alguna responsabilidad en la expiración de las mismas. La respuesta es obviamente que no. Es una responsabilidad que recae de manera exclusiva en el Estado panameño y en los regentes de la cosa pública, que no han tenido la voluntad ni la capacidad para estructurar un plan de pago de esas obligaciones pendientes de cumplir, con los sectores más vulnerables de la población.
La doctrina del derecho de daños ha basado buena parte de su desarrollo moderno en la conocida máxima "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans", que en castellano sería: "No debe escucharse a quien alega su propia torpeza".
Por eso, cualquiera que sea, la decisión final que tome el señor Contralor, con respecto al pago de las vacaciones acumuladas a los magistrados, si no programa el pago de las que se adeudan al resto, se estará cometiendo una gran injusticia.
