Las vacaciones de los magistrados
Panamá es un país muy particular; lo hace así el carácter sinuoso de las apreciaciones de algunos de sus nacionales.
Después de la invasión de diciembre de 1989, el país se empeñó en materializar un proceso democrático destinado a borrar de la faz del país todos los resabios de la dictadura. Nadie quería saber de ese oprobioso pasado. Pero generalmente, todo el mundo sabe cómo decir las cosas, pero pocos cómo hacerla. En ese empeño por hubo que buscar figuras con prestigio y con capacidad. Más aún, con disposición de hacer las cosas bien y duraderas. Entonces el país aplaudió por unanimidad a Eduardo Valdés Escoffery, Erasmo Pinilla, Denis Allen Frías y a Guillermo Márquez Amado, este último magistrado en los primeros años. Tres comicios electorales se han realizado bajo la dirección y organización de estos funcionarios. Oposición y gobierno han coincidido, en cada uno de ellos, en elogiar la labor del Tribunal Electoral (TE), por su eficiencia, su imparcialidad, y por haber convertido al país en un ejemplo que en la región se mira con respeto.
Nadie ha puesto en duda los resultados de cada elección. Pero más allá, bajo la dirección de Valdés, Pinilla, Allen y Márquez Amado, el TE recuperó la credibilidad perdida, el prestigio y el respeto, y se transformó en una institución de orgullo para los panameños. Y eso se justifica en el tiempo y la dedicación que le dieron esos funcionarios, día y noche, sin escatimar esfuerzos. ¿Alguien puede negar esto? Sin embargo, ahora, ante el reclamo legal, legítimo y merecido del pago de unas vacaciones ganadas, hay voces que sin fundamento de ley cuestionan este derecho. Ningún argumento, puede justificar que se niegue un derecho ganado. Por el contrario este es un país en deuda con estas personalidades, además de que se trata de un derecho adquirido. Críticas como las realizadas contra estos funcionarios son las que atentan contra quienes tienen, en un momento dado, la disposición de aportar lo mejor de sí para un país, donde la ingratitud pretende anteponerse al derecho.
Háganse las auditorías y adóptense procedimientos uniformes para casos similares, pero no se deniegue un derecho legítimo a quienes de hecho lo han ganado.
Después de la invasión de diciembre de 1989, el país se empeñó en materializar un proceso democrático destinado a borrar de la faz del país todos los resabios de la dictadura. Nadie quería saber de ese oprobioso pasado. Pero generalmente, todo el mundo sabe cómo decir las cosas, pero pocos cómo hacerla. En ese empeño por hubo que buscar figuras con prestigio y con capacidad. Más aún, con disposición de hacer las cosas bien y duraderas. Entonces el país aplaudió por unanimidad a Eduardo Valdés Escoffery, Erasmo Pinilla, Denis Allen Frías y a Guillermo Márquez Amado, este último magistrado en los primeros años. Tres comicios electorales se han realizado bajo la dirección y organización de estos funcionarios. Oposición y gobierno han coincidido, en cada uno de ellos, en elogiar la labor del Tribunal Electoral (TE), por su eficiencia, su imparcialidad, y por haber convertido al país en un ejemplo que en la región se mira con respeto.
Nadie ha puesto en duda los resultados de cada elección. Pero más allá, bajo la dirección de Valdés, Pinilla, Allen y Márquez Amado, el TE recuperó la credibilidad perdida, el prestigio y el respeto, y se transformó en una institución de orgullo para los panameños. Y eso se justifica en el tiempo y la dedicación que le dieron esos funcionarios, día y noche, sin escatimar esfuerzos. ¿Alguien puede negar esto? Sin embargo, ahora, ante el reclamo legal, legítimo y merecido del pago de unas vacaciones ganadas, hay voces que sin fundamento de ley cuestionan este derecho. Ningún argumento, puede justificar que se niegue un derecho ganado. Por el contrario este es un país en deuda con estas personalidades, además de que se trata de un derecho adquirido. Críticas como las realizadas contra estos funcionarios son las que atentan contra quienes tienen, en un momento dado, la disposición de aportar lo mejor de sí para un país, donde la ingratitud pretende anteponerse al derecho.
Háganse las auditorías y adóptense procedimientos uniformes para casos similares, pero no se deniegue un derecho legítimo a quienes de hecho lo han ganado.
