Las verdades del procurador Sossa
En las últimas semanas la opinión pública ha asistido a un choque de poderes entre uno de los fundadores del periódico La Prensa y el jefe del Ministerio Público. Es un conflicto de vieja data. I. Roberto Eisenmann Jr., utilizando su influencia en el referido periódico, ha mantenido una sistemática campaña contra José Antonio Sossa, Procurador General de la Nación, colocándose por encima de la ley y de las autoridades constitucionales del Estado panameño.
Lo peligroso de ese comportamiento es que arrastra tras de sí a un medio llamado a ser objetivo, equilibrado y apolítico. Esa actitud desdice de la imparcialidad de un periódico que debería abrazar las causas más fecundas del pueblo panameño, en lugar de servir de plataforma para quienes pretenden imponer líneas de conducta a los poderes del Estado.
Eisenmann, según Sossa, manipula a La Prensa como si fuera el partido político que no pudo crear. "La Prensa se ha constituido en un poder nacional que trata de someter y manipular a los otros poderes del Estado. La Prensa no debe ser utilizada para ejercer poder político y tratar de imponer sobre los demás poderes del Estado criterios insanos, ni abusar de la mentira con tal de imponer una voluntad no clara", dijo Sossa en una reciente entrevista radial.
Eisenmann ha reiterado que puede opinar lo que le da la gana. Ese es su derecho. Pero un periódico no debería publicar lo que a un ciudadano le da la gana escribir. Cualquier individuo está en su derecho de denunciar los desaciertos de los funcionarios públicos. Es loable hacerlo. Algo muy distinto es tratar de minar la capacidad de acción de las autoridades encargadas de investigar delitos.
Eisenmann acusa y saca conclusiones. Le asiste, sin duda, el derecho de señalar lo que considere como incumplimiento de las funciones del jefe del Ministerio Público. Pero al aseverar que Sossa encubre o protege delincuentes, sin aportar otra cosa que un listado de supuestas omisiones carente de sustentación legal, se adentra en el terreno de la difamación.
Eisenmann ha tratado recientemente de matizar sus acusaciones amparándose en un articulado de la ley vigente sobre calumnias e injurias que sostiene que no constituye delito contra el honor las críticas u opiniones sobre los actos relativos a las funciones de los servidores públicos.
"Mi opinión es que gracias a esas omisiones suyas (las de Sossa) es que los delincuentes quedan protegidos", escribió Eisenmann hace dos semanas en la sección de Cartas al Lector del periódico La Prensa, en una réplica de 2,500 palabras, que ocupó casi toda la página. Se puede tirar la piedra y esconder la mano, pero a la larga puede convertirse en un bumerang para quien la lanzó.
La Prensa, como si fuera algo por lo cual debiera enorgullecerse, dejó de atender 18 citaciones a audiencia judicial, mientras que por las acusaciones contra Sossa, Eisenmann por semanas se resistió a recibir las respectivas notificaciones.
La transparencia y la libertad ciudadana no le otorgan a una persona una patente para actuar impunemente. De ser así, el individuo se convertiría en intocable.
Eisenmann puede haber incurrido en un delito y no debe pretender estar por encima de la ley y las autoridades constitucionales. Su obligación, como finalmente se hizo, era comparecer respetuosamente ante la autoridad judicial y hacer valer su posición.
De común acuerdo con la Policía Técnica Judicial (PTJ), Eisenmann fue conducido ante la Fiscalía Auxiliar para cumplir con la diligencia que establecen las leyes nacionales.
La institucionalidad democrática no contiene rendijas por las cuales deban colarse comportamientos antidemocráticos. La democracia no puede reducirse a un instrumento o un método, ni a la lógica perversa de los medios y los fines. La conducta que niega la eficacia de la democracia, sin asistir a su creciente innovación, pone de manifiesto una intolerancia más peligrosa que la practicada por las pasadas dictaduras militares.
A lo largo de este incidente, queda claro que un ciudadano no puede valerse del imperio de la ley para socavar los poderes del Estado. La democracia se nutre con la legalidad y el respeto a las leyes. Lo que cabe a la ciudadanía y a la sociedad organizada, es concentrarse en alentar, acompañar y reforzar la delicada tarea de construir una nueva cultura judicial en Panamá.
Lo peligroso de ese comportamiento es que arrastra tras de sí a un medio llamado a ser objetivo, equilibrado y apolítico. Esa actitud desdice de la imparcialidad de un periódico que debería abrazar las causas más fecundas del pueblo panameño, en lugar de servir de plataforma para quienes pretenden imponer líneas de conducta a los poderes del Estado.
Eisenmann, según Sossa, manipula a La Prensa como si fuera el partido político que no pudo crear. "La Prensa se ha constituido en un poder nacional que trata de someter y manipular a los otros poderes del Estado. La Prensa no debe ser utilizada para ejercer poder político y tratar de imponer sobre los demás poderes del Estado criterios insanos, ni abusar de la mentira con tal de imponer una voluntad no clara", dijo Sossa en una reciente entrevista radial.
Eisenmann ha reiterado que puede opinar lo que le da la gana. Ese es su derecho. Pero un periódico no debería publicar lo que a un ciudadano le da la gana escribir. Cualquier individuo está en su derecho de denunciar los desaciertos de los funcionarios públicos. Es loable hacerlo. Algo muy distinto es tratar de minar la capacidad de acción de las autoridades encargadas de investigar delitos.
Eisenmann acusa y saca conclusiones. Le asiste, sin duda, el derecho de señalar lo que considere como incumplimiento de las funciones del jefe del Ministerio Público. Pero al aseverar que Sossa encubre o protege delincuentes, sin aportar otra cosa que un listado de supuestas omisiones carente de sustentación legal, se adentra en el terreno de la difamación.
Eisenmann ha tratado recientemente de matizar sus acusaciones amparándose en un articulado de la ley vigente sobre calumnias e injurias que sostiene que no constituye delito contra el honor las críticas u opiniones sobre los actos relativos a las funciones de los servidores públicos.
"Mi opinión es que gracias a esas omisiones suyas (las de Sossa) es que los delincuentes quedan protegidos", escribió Eisenmann hace dos semanas en la sección de Cartas al Lector del periódico La Prensa, en una réplica de 2,500 palabras, que ocupó casi toda la página. Se puede tirar la piedra y esconder la mano, pero a la larga puede convertirse en un bumerang para quien la lanzó.
La Prensa, como si fuera algo por lo cual debiera enorgullecerse, dejó de atender 18 citaciones a audiencia judicial, mientras que por las acusaciones contra Sossa, Eisenmann por semanas se resistió a recibir las respectivas notificaciones.
La transparencia y la libertad ciudadana no le otorgan a una persona una patente para actuar impunemente. De ser así, el individuo se convertiría en intocable.
Eisenmann puede haber incurrido en un delito y no debe pretender estar por encima de la ley y las autoridades constitucionales. Su obligación, como finalmente se hizo, era comparecer respetuosamente ante la autoridad judicial y hacer valer su posición.
De común acuerdo con la Policía Técnica Judicial (PTJ), Eisenmann fue conducido ante la Fiscalía Auxiliar para cumplir con la diligencia que establecen las leyes nacionales.
La institucionalidad democrática no contiene rendijas por las cuales deban colarse comportamientos antidemocráticos. La democracia no puede reducirse a un instrumento o un método, ni a la lógica perversa de los medios y los fines. La conducta que niega la eficacia de la democracia, sin asistir a su creciente innovación, pone de manifiesto una intolerancia más peligrosa que la practicada por las pasadas dictaduras militares.
A lo largo de este incidente, queda claro que un ciudadano no puede valerse del imperio de la ley para socavar los poderes del Estado. La democracia se nutre con la legalidad y el respeto a las leyes. Lo que cabe a la ciudadanía y a la sociedad organizada, es concentrarse en alentar, acompañar y reforzar la delicada tarea de construir una nueva cultura judicial en Panamá.
