Legislación, sequías y riego
Periódicamente se presentan en nuestro país temporadas de sequía que se hacen sentir, especialmente en lo que se denomina el "arco seco", con mayor intensidad en la región de Azuero.
Indefectiblemente, surge como alternativa a la difícil situación que confrontan los agricultores o ganaderos afectados, sobre todo los más pequeños, la implementación de sistema de riego financiados por el Estado. La "Ley de Aguas", el Decreto Ley 35 de 1966, constituyó en su época un clarísimo intento, no sólo de regular en forma general el uso de las aguas para las distintas finalidades (sanitarias, industriales, hidroel|ctricas, agrícolas, etc.), cosa por demás loable, aunque inspirada por organismos internacionales que condicionaban a ello ciertos cr|ditos, pero respecto a la que se demostró posteriormente una evidente falta de voluntad política, ya que en ese aspecto la ley ha permanecido casi inaplicada a pesar de que la misión de ponerla en ejecución se ha encomendado sucesivamente a tres entidades distintas sino de establecer los fundamentos jurídicos de una política nacional de riego. Más aunque dicha norma estableció tales fundamentos, la única política que impera "de hecho" en esta materia, es la que imponen las necesidades del momento.
Y efectivamente, durante las etapas de la sequía, el Estado invierte sumas considerables en la realización de estudios, que en gran parte se quedan en el papel al superarse naturalmente la crisis, y en la construcción de sistemas, que en su mayoría dejan de ser eficientemente utilizadas al poco tiempo de construidos (sufriendo de ordinario deterioros que motivan la necesidad de "rehabilitarlos" a costos considerables, cuando se presenta nuevamente la sequía) por múltiples razones, entre las que destacan que, en épocas normales, en nuestro país se pueden realizar los cultivos tradicionales y desde luego actividades de ganadería extensiva, sin el costo adicional que representa el riego (aunque los rendimientos no se encuentren entre los más altos del mundo sino todo lo contrario) y que por otra parte, en el improbable evento de que nuestros hombres del campo abandonaran sus prácticas ancestrales y se dedicasen a la agricultura intensiva bajo riego, el mercado local, al que se destina la mayor parte de la producción, se saturaría rápidamente, trayendo como consecuencia las consiguientes p|rdidas.
Todo ello ha sido objeto, desde hace d|cadas, de múltiples estudios y comprobaciones por parte de diversos asesores t|cnicos y organismos especializados. A lo anterior cabría agregar, que en raelidad sólo una porción bastante reducida del territorio nacional posee las condiciones óptimas para su aprovechamiento bajo riego.
Y esa porción no es ciertamente la que, en su mayoría, ocupan aquellos productores en muchos casos minifundistas que requieren en épocas de sequía de la ejecución de obras de irrigación construidas por el Estado.
Sólo excepcionalmente algunos sistemas construidos por el Estado han llegado a funcionar con cierta eficiencia. Pero al estudiarlos puede apreciarse que en ellos inciden situaciones particulares que no se dan en otras áreas.
Por tanto en nuestro concepto debemos afrontar la verdad de que Panamá necesita de una profunda transformación económica, aunque no resulta fácil ni agradable para todos, para poder sobrevivir en el competitivo mundo del siglo XXI.
La apertura de los mercados nos obligará a aprovechar las ventajas competitivas que poseemos y dedicamos a aquellas actividades que realmente permitan incursionar en el comercio internacional, dejando atrás otras que pese a que mantengan para algunos el encanto de un sentimentalismo simplista o de un caciquismo con añoranzas faudales y que aunque se quieran engalanar con los ropajes de un falso ecologismo (ni la ganadería extensiva, ni la agricultura minifundista, ni la mera subsistencia, han sido jamás una bendición ecológica sino las principales causas de la destrucción del medio ambiente panameño, a pesar de que nunca se haya establecido un "frente" contra ellas) no son más que el resultado de una mentalidad profundamente conservadora, anclada en el pasado, que trae como consecuencias la pobreza y el subdesarrollo.
Indefectiblemente, surge como alternativa a la difícil situación que confrontan los agricultores o ganaderos afectados, sobre todo los más pequeños, la implementación de sistema de riego financiados por el Estado. La "Ley de Aguas", el Decreto Ley 35 de 1966, constituyó en su época un clarísimo intento, no sólo de regular en forma general el uso de las aguas para las distintas finalidades (sanitarias, industriales, hidroel|ctricas, agrícolas, etc.), cosa por demás loable, aunque inspirada por organismos internacionales que condicionaban a ello ciertos cr|ditos, pero respecto a la que se demostró posteriormente una evidente falta de voluntad política, ya que en ese aspecto la ley ha permanecido casi inaplicada a pesar de que la misión de ponerla en ejecución se ha encomendado sucesivamente a tres entidades distintas sino de establecer los fundamentos jurídicos de una política nacional de riego. Más aunque dicha norma estableció tales fundamentos, la única política que impera "de hecho" en esta materia, es la que imponen las necesidades del momento.
Y efectivamente, durante las etapas de la sequía, el Estado invierte sumas considerables en la realización de estudios, que en gran parte se quedan en el papel al superarse naturalmente la crisis, y en la construcción de sistemas, que en su mayoría dejan de ser eficientemente utilizadas al poco tiempo de construidos (sufriendo de ordinario deterioros que motivan la necesidad de "rehabilitarlos" a costos considerables, cuando se presenta nuevamente la sequía) por múltiples razones, entre las que destacan que, en épocas normales, en nuestro país se pueden realizar los cultivos tradicionales y desde luego actividades de ganadería extensiva, sin el costo adicional que representa el riego (aunque los rendimientos no se encuentren entre los más altos del mundo sino todo lo contrario) y que por otra parte, en el improbable evento de que nuestros hombres del campo abandonaran sus prácticas ancestrales y se dedicasen a la agricultura intensiva bajo riego, el mercado local, al que se destina la mayor parte de la producción, se saturaría rápidamente, trayendo como consecuencia las consiguientes p|rdidas.
Todo ello ha sido objeto, desde hace d|cadas, de múltiples estudios y comprobaciones por parte de diversos asesores t|cnicos y organismos especializados. A lo anterior cabría agregar, que en raelidad sólo una porción bastante reducida del territorio nacional posee las condiciones óptimas para su aprovechamiento bajo riego.
Y esa porción no es ciertamente la que, en su mayoría, ocupan aquellos productores en muchos casos minifundistas que requieren en épocas de sequía de la ejecución de obras de irrigación construidas por el Estado.
Sólo excepcionalmente algunos sistemas construidos por el Estado han llegado a funcionar con cierta eficiencia. Pero al estudiarlos puede apreciarse que en ellos inciden situaciones particulares que no se dan en otras áreas.
Por tanto en nuestro concepto debemos afrontar la verdad de que Panamá necesita de una profunda transformación económica, aunque no resulta fácil ni agradable para todos, para poder sobrevivir en el competitivo mundo del siglo XXI.
La apertura de los mercados nos obligará a aprovechar las ventajas competitivas que poseemos y dedicamos a aquellas actividades que realmente permitan incursionar en el comercio internacional, dejando atrás otras que pese a que mantengan para algunos el encanto de un sentimentalismo simplista o de un caciquismo con añoranzas faudales y que aunque se quieran engalanar con los ropajes de un falso ecologismo (ni la ganadería extensiva, ni la agricultura minifundista, ni la mera subsistencia, han sido jamás una bendición ecológica sino las principales causas de la destrucción del medio ambiente panameño, a pesar de que nunca se haya establecido un "frente" contra ellas) no son más que el resultado de una mentalidad profundamente conservadora, anclada en el pasado, que trae como consecuencias la pobreza y el subdesarrollo.
