Ley contra privilegios
El proyecto de ley para eliminar privilegios de funcionarios públicos, debe contar con el respaldo unánime de los legisladores y pueblo en general, ya que ello representa fueros y privilegios que no están contemplados en la Constitución Nacional para ningún ciudadano panameño.
En torno a este tema de gran importancia, porque son pérdidas para el tesoro del Estado por millones de balboas, hemos estado debatiendo por mucho tiempo sin obtener resultado alguno. La situación persiste haciendo grave daño a la economía nacional. Y no solamente son las partidas circuitales, los salarios a los suplentes de legisladores, los gastos de representación y exoneraciones, si no también los incentivos que reciben los empresarios, el fuero sindical etc.
El país, en la actualidad, atraviesa por una crisis económica que ha demandado el uso del Fondo Fiduciario, luego de un diálogo en el que han participado todas las fuerzas vivas de la nación, para poder llevar a cabo algunas obras de aliento que reclama la comunidad nacional y que contribuirán a encaminar a Panamá por caminos de progreso. No es justo que mientras esto sucede se mantengan privilegios y exoneraciones en la Asamblea Legislativa y en otros poderes del Estado (Magistrados, Ministros otros de alta jerarquía).
El mismo proponente del proyecto ley para eliminar privilegios de los funcionarios, Wigberto Quintero, legislador oficialista, manifiesta que tales privilegios son inconstitucionales y urge la presencia de una ley que acabe de una vez por todas, con estos vicios tan perjudiciales para la buena imagen de la nación.
Precisamente en el diario "El Panamá América" del miércoles 24 de abril del presente año, la directora de Aduanas Mercedes García de Villalaz, manifiesta que la exoneración de impuestos de introducción de 84 autos para uso de legisladores, suplentes y sus familiares ha causado al Estado la pérdida de B/.776,000 desde el 1 de octubre de 1999 al presente. También explicó que el valor de los autos introducidos, sin pagar impuestos, es de B/.3,104,479. En tanto las exoneraciones son de B/.589,000 en concepto de introducción y de B/.186,000 por ITBM".
La aprobación de una ley para eliminar privilegios de funcionarios públicos contribuirá a mejorar la imagen de un país que está afectado, profundamente por el flagelo de la corrupción que ha venido, de muchos años atrás, especialmente, en los años de la dictadura perredista, causando la quiebra de nuestros valores. Tanto el gobierno como todos los panameños tenemos que hacer los mejores esfuerzos para eliminar este virus y seguir adelante con nuestros planes de hacer un Panamá mejor para las presentes y futuras generaciones.
En torno a este tema de gran importancia, porque son pérdidas para el tesoro del Estado por millones de balboas, hemos estado debatiendo por mucho tiempo sin obtener resultado alguno. La situación persiste haciendo grave daño a la economía nacional. Y no solamente son las partidas circuitales, los salarios a los suplentes de legisladores, los gastos de representación y exoneraciones, si no también los incentivos que reciben los empresarios, el fuero sindical etc.
El país, en la actualidad, atraviesa por una crisis económica que ha demandado el uso del Fondo Fiduciario, luego de un diálogo en el que han participado todas las fuerzas vivas de la nación, para poder llevar a cabo algunas obras de aliento que reclama la comunidad nacional y que contribuirán a encaminar a Panamá por caminos de progreso. No es justo que mientras esto sucede se mantengan privilegios y exoneraciones en la Asamblea Legislativa y en otros poderes del Estado (Magistrados, Ministros otros de alta jerarquía).
El mismo proponente del proyecto ley para eliminar privilegios de los funcionarios, Wigberto Quintero, legislador oficialista, manifiesta que tales privilegios son inconstitucionales y urge la presencia de una ley que acabe de una vez por todas, con estos vicios tan perjudiciales para la buena imagen de la nación.
Precisamente en el diario "El Panamá América" del miércoles 24 de abril del presente año, la directora de Aduanas Mercedes García de Villalaz, manifiesta que la exoneración de impuestos de introducción de 84 autos para uso de legisladores, suplentes y sus familiares ha causado al Estado la pérdida de B/.776,000 desde el 1 de octubre de 1999 al presente. También explicó que el valor de los autos introducidos, sin pagar impuestos, es de B/.3,104,479. En tanto las exoneraciones son de B/.589,000 en concepto de introducción y de B/.186,000 por ITBM".
La aprobación de una ley para eliminar privilegios de funcionarios públicos contribuirá a mejorar la imagen de un país que está afectado, profundamente por el flagelo de la corrupción que ha venido, de muchos años atrás, especialmente, en los años de la dictadura perredista, causando la quiebra de nuestros valores. Tanto el gobierno como todos los panameños tenemos que hacer los mejores esfuerzos para eliminar este virus y seguir adelante con nuestros planes de hacer un Panamá mejor para las presentes y futuras generaciones.
